Al mediodía del miércoles tres de agosto, los principales noticieros informaron que 10 mineros habían quedado atrapados a 60 metros de profundidad en el pozo de una mina en La Agujita, Coahuila, luego de que ésta se inundara. Solo dos trabajadores lograron salir milagrosamente con no pocos esfuerzos. En este tipo de derrumbes, las primeras 70 horas son cruciales para rescatar a las víctimas; al momento de escribir esto han transcurrido 108 horas y aún se desconoce su suerte. La noticia ha estado en las primeras planas de los diarios impresos y los noticieros de televisión y radio. Salvo algunos comentaristas, los medios de prensa han reportado los hechos con morbo para captar la atención de la audiencia, aumentar su rating y ganar más dinero; por ello rondan el lugar del accidente como verdaderos buitres, para ser los primeros en llevar las imágenes del rescate, ya sean vivos o muertos; y siguen el mismo guion de siempre: permanecerán ahí hasta el desenlace de tal tragedia para después continuar con la “caza” de nuevas noticias y dejar en el olvido lo que hoy los ocupa.

Poco se menciona la negligencia y las componendas de las autoridades con los empresarios. Animal Político informa que, según los registros de organizaciones civiles, en 310 “accidentes” en las minas de carbón han muerto tres mil 103 personas, la mayoría en el estado de Coahuila, donde se produce el 99 por ciento de este energético, ya sea a través de grandes empresas o pequeños empresarios, quienes lo venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En los rostros y las actitudes de los familiares de las víctimas se observa desesperación, cansancio e impotencia, además de las huellas de la pobreza, ya que los obreros de minas son gente con poca voz y recursos muy limitados; llegan a la mina a pie o en bicicleta vieja, cargando sus herramientas de trabajo: mazo, lámpara y una carretilla abollada. ¿Cuánto vale la vida de un minero? Una tonelada de carbón se les paga a 120 pesos. La necesidad y la marginación no dejan otra salida a estas personas que trabajan en las mortales minas de su región o bien tienen que emigrar a Estados Unidos (EE. UU.).

Parece increíble que en pleno Siglo XXI, cuando en otros países la minería moderna ha superado muchos de los riesgos de esta actividad gracias a la ciencia y a la tecnología, en Coahuila se sigan utilizando las mismas técnicas de extracción de carbón de hace 500 años. ¿Qué se puede esperar de las autoridades mexicanas que no exigen la modernización de las actividades mineras y guardan un silencio sepulcral cuando ocurren estas tragedias? ¿Realmente se pueden considerar accidentes este tipo de hechos, debidos fundamentalmente a que los empresarios mineros no invierten en la infraestructura y la tecnología necesarias para proteger la vida de miles de hombres que se introducen en el subsuelo y se exponen a gases tóxicos, derrumbes y ríos subterráneos? Al no hacerlo, los mandan a una muerte segura, pues las leyes de la física no dejan lugar a dudas. Por ello en México son tan frecuentes este tipo de siniestros.

Pero no es menos responsable el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues a pesar de conocer la desgracia ocurrida en 2006 en Pasta de Conchos, donde una explosión provocó que quedaran sepultados en vida 65 mineros –cuyos cuerpos aún no han sido rescatados– no ha actuado con la celeridad requerida. Esto se debe a que sus instrucciones son tan lentas como su parsimoniosa voz; a que su visita del día siete de agosto tampoco iba a agilizar el rescate con vida de los mineros; y porque desde el primer día únicamente se observa el montaje de un circo mediático en torno a la desgracia de los mineros y no la habilitación de los recursos necesarios para rescatarlos y dar alivio a sus familiares. ¿Hasta cuándo se va a permitir que los empresarios sacrifiquen la vida de los mineros? ¿Es ésta la humanidad que presume la “trasformación de cuarta”? Porque si es así, cada vez queda más claro que este gobierno solo está interesado en los votos de los pobres.