Como se ha establecido en el panorama historiográfico nacional, los estudios sobre el tráfico de drogas y las relaciones con la economía y la política de nuestro país están viviendo una pequeña edad de oro. La proliferación de estos textos quizá no sea solo la moda por el devenir de los acontecimientos, por ejemplo, la captura del capo di tutti capi, Joaquín Guzmán Loera o la detención y sentencia de culpabilidad de Genaro García Luna, el superpolicía de la guerra contra las drogas que operó como mano derecha del expresidente Felipe Calderón Hinojosa; sino una necesidad política por entender desde todos los ángulos las consecuencias de la militarización del país, el estado de excepción que vivió y las implicaciones para nuestro presente.

Lo anterior nos invita a reflexionar y a esclarecer el significado político del fenómeno que se ha dado en llamar guerra contra las drogas. Porque el relato oficial del acontecimiento y la narrativa que el Estado mexicano construyó sobre los objetivos, las motivaciones y las consecuencias de la guerra contra las drogas no dejan satisfecho a nadie y no explican la verdad de los acontecimientos.

Como apunta Osvaldo Zavala, uno de los investigadores que más claridad arroja sobre el asunto, la supuesta guerra contra las drogas inició por una supuesta crisis de seguridad: desde el gobierno de Vicente Fox se comenzó a difundir un discurso de seguridad nacional en el cual un enemigo oculto, sospechoso, definido como crimen organizado, amenazaba permanentemente a toda la sociedad y no solo al Estado. Esto, por supuesto, sin tener relación con las circunstancias históricas y la realidad material.

Esta narrativa, que posiciona al crimen organizado como un enemigo que permanentemente desafía al Estado con la amenaza latente de disputarle el control de los territorios y construir una especie de comunidades sin ley o con la ley de la selva y el control de los grandes capos ha permeado en la sociedad durante décadas y continúa teniendo una influencia muy importante en la mayor parte de la población.

Desde luego esto es una construcción retórica que ha permitido la influencia del control estatal en las comunidades donde más se dio la militarización. Resulta claro que, durante los comienzos de la guerra contra el narcotráfico, los principales comerciantes de sustancias enervantes, emprendieron acciones que dificultaron la gobernabilidad, pero no estaban en posición, ni tenían la capacidad o el deseo político de disputar la legitimidad y la hegemonía al Estado.

De esta manera, el ciclo de violencia terrible no comenzó con una disputa entre narcotraficantes. Es evidente que no existe un solo narcotraficante, un solo jefe de cárteles capaz de desafiar a los organismos de seguridad nacional. Como lo demuestra Zavala, siguiendo una investigación de Fernando Escalante Gonzalvo, la violencia en el país comenzó después de la militarización ordenada por Calderón en 2008.

La narrativa de la existencia de los cárteles de la droga, esas organizaciones criminales tan fuertes y sanguinarias con un funcionamiento vertical lideradas por el más sanguinario y desalmado y compuesta por sicarios sin escrúpulos de ningún tipo ha servido como el enemigo perfecto que justifica la intervención del Estado y la militarización de las calles. Decir esto no refuta la existencia real del mercado de las drogas ilegales y quienes trabajan en él. Que existe efectivamente. Lo que no parece tan claro, según Oswaldo Zavala, es la división que separa a esos grupos de la sociedad civil y de las estructuras de gobierno.

Si la existencia de las organizaciones criminales, por una parte, y de soldados patrióticos, por otra, es decir, la división entre malos y buenos no explica la realidad nacional. Entonces por qué la violencia en el país.

Siguiendo a otros investigadores, Zavala propone que la agenda de la reforma energética del Gobierno Federal es el principal motor que explica la violencia en el país. “En esta guerra el terror se usó en contra de las poblaciones en ciudades y zonas rurales del país, para instrumentalizar políticas que facilitan directa o indirectamente la intervención extranjera. Esto es el capitalismo de la guerra contra las drogas”. La “guerra contra las drogas” es el nombre público de estrategias políticas para desplazar comunidades enteras, la apropiación y expropiación de recursos humanos. Ahí radica el fondo del asunto.

En cualquier caso, para las comunidades afectadas, para las víctimas de este episodio y para la disminución de la influencia del narcotráfico en el país, todo parece haber sido un sinsentido mayúsculo. Por tal razón, la continua militarización del país, principal elemento para el incremento de la violencia que perpetra el gobierno de López Obrador, abona al problema en lugar de solucionarlo. Como menciona Don Wislow en su célebre novela El poder del perro: “No sabemos si la guerra contra la droga es una idiotez obscena o una obscenidad idiota. En cualquier caso, es una farsa trágica y sangrienta. Con énfasis en sangrienta”.