El Artículo 49º de la Carta Magna establece que el Poder Federal se divide para su ejercicio en: Poder Ejecutivo, depositado en el Presidente de la República y la administración pública; Poder Legislativo, integrado por la Cámara de Diputados y Senadores; y Poder Judicial, integrado por ministros, magistrados y jueces federales que se encargan de la impartición de justicia; modelo que se replica, con ciertos matices, en la organización del poder público de las entidades federativas. Dichos poderes federales tienen la misma jerarquía constitucional y las normas jurídicas regulan su organización, funcionamiento y facultades. Ninguno de los tres poderes puede pretender subordinar o intervenir en el otro para que tome ciertas determinaciones. Por eso, el presidente López Obrador, por muy Presidente que sea, no puede actuar como el jefe del Legislativo y menos del Poder Judicial, para indicarles qué hacer y cómo resolver los asuntos de su competencia pues, como ya dijimos, cada poder es autónomo.

A pesar de ello, desde el inicio del sexenio, López Obrador ha emprendido una guerra contra el Poder Judicial y su cabeza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusándolos de corruptos y mafia del pasado, buscando a como dé lugar que los 11 ministros que la integran se plieguen a sus órdenes y resuelvan los asuntos como a él le conviene. Dicha guerra, con acusaciones sin fundamento y descalificaciones, se ha recrudecido a partir de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández asumiera el cargo de presidenta de la SCJN y, después de que el Pleno de la Corte invalidara diversas reformas aprobadas por las mayorías morenistas en el Congreso de la Unión, por violar las reglas básicas y tiempos del proceso legislativo, como el llamado Plan B de la reforma electoral. Como parte de esta guerra para desprestigiar y acabar con este contrapeso presidencial, hemos visto actos vergonzosos, como las solicitudes que recientemente hicieron el Presidente y la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al Poder Judicial, un poder autónomo que de ninguna manera les está subordinado, exigiendo que expliquen, según ellos, por qué los ministros ganan más que el Presidente, respuesta que obtendrían si leyeran la Constitución.

En el contexto de esta guerra, es un elemento de gran preocupación lo que ocurrió con la jueza de control de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, perseguida, detenida ilegalmente y, actualmente, encarcelada por el gobierno de Cuitláhuac García (morenista que, en un acto claro de incitación al odio y a la violencia, llevó un ataúd con la fotografía de la ministra Piña en una protesta frente a la sede de la Suprema Corte). Dicha jueza fue acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias porque, supuestamente, liberó irregularmente a un sujeto acusado de homicidio (aunque se conoce que no había pruebas suficientes para resolver lo contrario). Como acusada, a la jueza se le impidió tener una defensa adecuada y seguir su proceso en libertad, a pesar de que la ley lo permite.

Esto es grave porque, independientemente de que a los jueces se les pueda juzgar cuando existan pruebas de la comisión de algún ilícito; se ha reportado que, en el caso de la jueza Angélica Sánchez, no existen pruebas que la vinculen con la comisión de los delitos de los que se le acusa y, más bien, se le encarceló porque al gobernador de Veracruz, no le gustó cómo resolvió el supuesto caso de homicidio. Este acto de intimidación atenta contra el principio de independencia judicial y, por tanto, contra todos los juzgadores del país, pues a ningún juez se le puede presionar, juzgar o castigar por el sentido de sus votos o resoluciones; lo contrario sería abrir la puerta para que el Poder Judicial se someta a los gobernadores o al Presidente, y resuelvan los asuntos como a ellos les convenga.

Por ello es importante que no nos dejemos engañar con las mentiras del Presidente y los morenistas, en su guerra contra el Poder Judicial. Tenemos que defender a la SCJN y al Poder Judicial como contrapeso necesario a este gobierno corrupto e incompetente. Cierto es que dicho poder no es el salvador del país, pues solo el pueblo organizado es capaz de transformar para bien la grave situación de nuestra patria; sin embargo, a todos nos conviene la existencia de un Poder Judicial autónomo, que defienda el respeto y vigencia de nuestra Constitución, y nuestros derechos; de lo contrario, corremos el riesgo de vivir en un país sin ley, donde lo único que importe sea la palabra del Presidente en turno, es decir, una dictadura en toda forma.