No solo me refiero al “escenario catastrófico” que Hugo López-Gatell previó el cuatro de junio y al mal manejo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho de la pandemia con sus más de 60 mil muertos, sino a su pésima actuación en gran parte de los problemas nacionales del país. Todos estamos de acuerdo en que se combata la corrupción, pero no en que se use la justicia de manera facciosa y selectiva contra los enemigos políticos del Presidente y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Quiero valerme de las propias palabras del Presidente hoy, 26 de agosto de 2020, en Coahuila. Declaró en su conferencia mañanera: se “tiene que probar lo que se denuncia. No se puede culpar a nadie sin pruebas”. ¿No cree usted, amable lector, que esta opinión, correcta, por cierto, debe incluir a nuestra organización, el Movimiento Antorchista, pues hasta la fecha no hay pruebas, pero sí hay un linchamiento mediático de Santiago Nieto, quien se presenta como ministerio público, fiscal y juez al mismo tiempo, sin tener esas facultades; para hacer segunda está el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien utiliza su fiscalía estatal para perseguir a sus enemigos prefabricándoles delitos? No se puede acusar a Antorcha sin pruebas, efectivamente; pero mientras, Santiago Nieto, por indicaciones de Barbosa, utiliza la política de “mata y luego viriguas”. Por lo pronto, el bloqueo de cuentas sin pruebas a los antorchistas significa un acto represivo, intimidatorio y una persecución política contra los enemigos de la “Cuarta Transformación” (4T).

Por ello resulta indispensable decir lo siguiente: en primer lugar, Antorcha es una organización política cuya actividad está amparada por la Constitución. El Artículo 6° de ésta dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

El Artículo 8° dice: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República”.

El Artículo 9°: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

Toda organización social o política cobijada por la Constitución tiene que operar con recursos. En la historia de los movimientos revolucionarios, el financiamiento siempre ha sido un problema que debe resolverse. Alguna biografía de José Stalin afirma que era responsable de una gavilla roba-bancos para financiar la lucha revolucionaria; en otro texto se propone la necesidad de casar a un luchador con otra compañera para contar legalmente con la dote de la joven y usar ese dinero para la propaganda política. Algunos grupos guerrilleros han buscado su financiamiento mediante acciones ilegales, como el secuestro. Otros grupos han utilizado la extorsión. Otros las aportaciones voluntarias, como lo reconoció el propio Presidente en el caso de su movimiento (que hasta Leona Vicario hizo aportaciones voluntarias, por cierto, de su propio dinero). Otros, como los partidos políticos y otras agrupaciones sociales, incluido Morena, han buscado el cobijo del presupuesto para hacer sus actividades, aunque ahora los morenistas tienen mil 200 millones de pesos en aportaciones legales del Estado y así se explican sus pleitos internos para ver quién maneja este escandaloso monto de dinero público.

Nuestro líder, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, vio con claridad que en una economía capitalista como la que prevalece en México, la actividad financiera de nuestra lucha podría tener, como uno de sus pilares fundamentales, además de las aportaciones voluntarias lícitas –como las que recibió el partido del Presidente de la República–, varios negocios cuyas ganancias que, de manera legal, sirvieran para realizar las actividades políticas de la organización y, a la propia vez, tal como lo señala Carlos Marx, iniciar el proceso de producción ampliada del capital para poner así más negocios y lograr mayores ganancias. ¿Eso es reprobable? ¿Está prohibido gastar las ganancias lícitas de un negocio particular en lo que uno considere pertinente? Es más, ése es uno de los grandes activos de Antorcha: su independencia económica del gobierno, de grupos empresariales y de otros grupos, de tal suerte que, por lo mismo, tiene independencia política.

Los negocios de Antorcha tienen registro, pagan impuestos y han cubierto todos los requisitos y salido bien librados de las auditorías que se les han hecho. Por eso, nos parece un atropello que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin pruebas y solo por el llamado de la fiscalía de Barbosa, haya congelado las cuentas de mexicanos organizados que legalmente realizan sus actividades; pero que en lugar de enriquecerse personalmente, las gastan en la lucha revolucionaria. ¿Es eso condenable? Ya lo afirmó el Presidente: para el sonido, para las sillas, para la lucha y para sus seguidores. Así le hacemos nosotros, y de manera legal.

Por ello no es correcto que se usen los medios de comunicación como tribunal para acusar, juzgar y sentenciar a los enemigos políticos de la 4T. De hecho, es contraproducente, como ya se está viendo, pues el haber cometido contra Antorcha este atropello sin pruebas genera preguntas como la que lanza Pascal Beltrán del Rio, “¿Los criterios para congelar las cuentas de Antorcha Campesina –operaciones con efectivo– no debieran aplicar también para las cuentas del hermano del Presidente?” Es decir, si la UIF va acusar, juzgar y condenar a Antorcha en los medios, ¿no debiera medir con la misma vara al hermano del Presidente?

En el escenario catastrófico que vive México, con la caída de más del 18 por ciento en la economía y las muertes por Covid-19, se requerían fuertes distractores y, por un momento, los tuvo el Presidente en los videos filtrados y alterados de Emilio Lozoya. Sin embargo, el entusiasmo presidencial pareció enfriarse cuando aparecieron los videos donde su hermano Pío López Obrador recibe dinero en efectivo de David León, un asesor del entonces gobernador de Chiapas, destinado a financiar a Morena, el partido de AMLO. Esto contrarrestó fuertemente el escándalo de Lozoya. Por eso, ahora el Presidente necesita golpes más fuertes y contundentes, como los que puede dar mediáticamente contra los expresidentes de México. Sin embargo, antes de proponerse este objetivo, AMLO debe recordar que cruzar esos límites puede resultar contraproducente para la estabilidad del país y hacer que el escenario nacional sea muchísimo más catastrófico de lo que ya es.