El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intensificó su embate contra firmas españolas en febrero –especialmente las que participan en los sectores energético, eléctrico y petrolero– con el argumento de que saquean al país mediante contratos leoninos y corruptos suscritos con gobiernos mexicanos anteriores.

Sin embargo, varias de esas corporaciones españolas han concertado nuevos contratos de obras con el actual Gobierno Federal, como ocurre en el caso del Tren Maya, en el que están incluidas varias de las empresas que habían participado en la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), proyecto cancelado por el Presidente al inicio de su mandato argumentando que existía corrupción.

AMLO no solo ha cuestionado a Iberdrola, una de las principales en el ámbito de la electricidad, sino también a OHL, desarrolladora de infraestructura, la empresa favorita del sexenio anterior, según él. Sin embargo, esta compañía actualmente está involucrada en las obras del tren Interurbano México-Toluca. En la misma situación se halla Repsol, que posee concesiones para operar gasolineras en el país.

David Shields, analista de la industria eléctrica, reveló a buzos que detrás de las expresiones del Presidente contra las empresas españolas, está su particular punto de vista sobre la soberanía energética, cuyo principal objetivo consiste en rehabilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) como compañías dominantes en sus respectivos mercados.

En este marco surgió su iniciativa de reforma constitucional en materia de energía, cuyo debate y aprobación en el Congreso de la Unión se efectuará este año para revertir la reforma energética de 2013-2014, que abrió esos mercados a inversionistas privados y redujo el papel de la CFE y de Pemex.

“Ciertamente hay un propósito atrás, en el caso de la electricidad, es lograr nuevamente el monopolio de la CFE en el país, y la reforma de ley que está promoviendo sí es una ley expropiatoria, tiene un transitorio, que cuando entre en vigor, se cancelarían permisos de los privados, más claro ni el agua.

“Entonces, el día de la promulgación de esa ley, Iberdrola (principal empresa en el sector y de origen español) pierde sus plantas. En el discurso se dice que no es así, que se va a platicar con ellos, pero eso no es lo que dice el proyecto de ley, el cual dice que al entrar en vigor, se cancelan los permisos”, explicó Shields.

Por su parte, Óscar Ocampo, coordinador del área de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), advirtió que, con la modificación del marco constitucional en materia de energía, se corre el riesgo de que se generen múltiples juicios de demanda internacionales por las empresas inversionistas desplazadas, en las que México llevaría las de perder porque este tipo de diferendos se solucionan por medio de páneles internacionales dominados por abogados corporativos.

Además, si se aprueba esa reforma constitucional –precisó Ocampo– habría una afectación a la atracción de inversiones externas al país, hoy indispensables para generar crecimiento económico y empleos. “Más allá de todo, inclusive, más allá del encarecimiento de la luz, está el mensaje de que se mandaría en términos de Estado de Derecho, un mensaje de que el Estado mexicano en cualquier momento puede cambiar sus regulaciones de forma arbitraria; y ese mensaje, en términos de atracción de inversiones, es altamente negativo”.

El pasado 10 de febrero, el Presidente matizó su planteamiento del día anterior de hacer “una pausa” en las relaciones de México con España (concepto que no existe en el medio diplomático) cuando declaró que no se trataba de una ruptura de relaciones diplomáticas, sino evitar que las empresas españolas siguieran “abusando, incluso, saqueando al país, como en los tres sexenios pasados”.

Con esta expresión intentó negar la idea de una ruptura de relaciones con España, sugerida con la figura de la “pausa”; pero insistió en su denuncia de uso abusivo de las empresas. “Era un contubernio de arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como durante tres sexenios seguidos. Y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se establecen las relaciones. Yo desearía que cuando no esté aquí, no sean igual a como eran antes”.

Luego añadió: “creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones”, y agregó: “una pausa para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben; así como los españoles no quieren que les roben de ningún país, y hacen bien, pues tampoco queremos nosotros”.

La cancillería española protestó en un comunicado, en el que rechazó las afirmaciones de AMLO y demandó una explicación sobre la “pausa” aludida por el Presidente mexicano; esto fue a propósito de que tal figura no existe en los mecanismos diplomáticos oficiales, los cuales se limitan a hablar de establecimiento y mantenimiento de las relaciones o no entre dos países.

José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, declaró ante medios españoles, el 10 de febrero de 2022: “el gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy (9 y 10 de febrero), donde ha vuelto a hablar sobre España y sobre las empresas españolas”.

Aclaró que las relaciones con México se sostienen sobre lazos humanos, culturales, lingüísticos, históricos y económicos. “España es el segundo inversor en México y la inversión mexicana en España alcanza ya los 25 mil millones de euros. Hay miles, literalmente, miles de empresas españolas en México (cerca de siete mil con una plantilla calculada en un millón de trabajadores) y cada vez hay más empresas mexicanas en España”.

Las inversiones españolas hoy 

En diciembre de 2020, las empresas propiedad del Estado español, Ranfe e Ineco, en asociación con la alemana DB Engineering & Consulting, obtuvieron un contrato del gobierno mexicano para asesorar en la supervisión de la construcción mediante licitación; y el mantenimiento tanto de la infraestructura como del material rodante del Tren Maya.

El 30 de abril de 2020, la autoridad encargada de las licitaciones del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) adjudicó un contrato para el tramo 2 a Carso Infraestructura y Construcción, Sociedad Anónima (CICSA), de Carlos Slim, en asociación con la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

El 15 de mayo de 2020 se adjudicó otro para el tramo 3 a la empresa mexicana Ingeniería e Instalaciones (Gami), asociada con la española Azvi, S.L., mediante su filial mexicana, Construcciones Urales S.A. de C.V. Este mismo grupo Azvi, a través de su filial Construcciones Urales, también obtuvo un contrato para la rehabilitación de un tramo de la ruta de ferrocarril del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec.

En 29 de enero de 2021, el Fonatur adjudicó un contrato para el desarrollo de la parte sur del tramo 5 del tren a la empresa México Compañía Constructora, integrante de Grupo México, en asociación con el grupo constructor español Acciona.

El nueve de agosto de 2019, el Fonatur otorgó un contrato a un grupo de empresas, entre las que destaca Senermex Ingeniería y Sistemas, filial del grupo español de ingeniería Sener, para encargarle los estudios técnicos que fundamentaron los proyectos ejecutivos de las obras para el Tren Maya.

En el sexenio anterior, Senermex fue encargado del plan maestro de servicios para el proyecto del NAIM, cancelado por AMLO. Las ya antes citadas empresas españolas FCC Construcción y Acciona también participaban en la construcción del NAIM.

El 15 de abril de 2020, Mextypsa, filial del grupo español Typsa, obtuvo un contrato para operar la oficina de gestión del proyecto del Tren Maya, una firma que estuvo encargada de construir la torre de control del NAIM.

En 2013 y 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Senermex fue la responsable de los estudios de ingeniería para el desarrollo del Tren Interurbano México-Toluca, que se inauguraría en 2017 pero que, después de varios tropiezos técnicos y denuncias de corrupción, quedó pendiente su conclusión.

Sin embargo, y a pesar de las afirmaciones de AMLO sobre la corrupción en esa obra, ésta fue retomada por su gobierno en 2019, aunque se presentaron problemas técnicos que provocaron nuevos retrasos, por lo cual no será inaugurada este año como se anticipaba, sino en la primera quincena de 2023, según informó, el cuatro de diciembre de 2021, el propio mandatario.

Para la construcción de un puente elevado en el desarrollo del Tren Interurbano México-Toluca, el 29 de noviembre de 2021, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la adjudicación de un contrato al grupo empresarial español OHL –por medio de su filial Constructora de Proyectos Viales de México– sin importar las denuncias de corrupción hechas por el mismo AMLO.

Iberdrola, que opera con una plantilla de mil 300 trabajadores y controla el 15 por ciento del mercado eléctrico, representa el 12 por ciento de la potencia eléctrica del país y el 25 por ciento de la energía generada por empresas privadas a partir de la legislación vigente desde 2013-2014; estas empresas no compran electricidad a CFE, sino que la producen utilizando el viento y el sol.

La firma española opera en el país desde hace 20 años y tiene 26 plantas con capacidad instalada para la generación de 9.3 gigawatts (GW): tiene 16 centrales de ciclo combinado (usan gas natural para producir la electricidad; de cogeneraciones con siete parques eólicos (que producen usando el viento, con una especie de ventiladores gigantes) y tres parques fotovoltaicos que producen energía mediante celdas captadoras de energía solar que es distribuida en 15 estados de la República.

Los choques del Presidente con Iberdrola comenzaron en 2019, cuando la CFE, con el presunto fin de revisarlos, suspendió los contratos de compra de suministro de gas natural obtenidos por esa empresa en el anterior gobierno, un combustible indispensable para operar la nueva termoeléctrica de ciclo combinado, proyectada en Tuxpan, Veracruz, cuya construcción estaba a punto de iniciar.

Luego de nueve meses en suspenso, el 24 de junio de 2020, Iberdrola canceló su proyecto de termoeléctrica de Tuxpan, que produciría mil 204 megawatts con una inversión de mil 200 millones de dólares, que generaría dos mil empleos entre directos e indirectos. La CFE anunció que retomaría esa obra con inversión pública y solamente contratando desarrolladores privados para obtener la propiedad estatal de las instalaciones y conservar su operación.

Los objetivos políticos

Tras la cancelación de la obra de Iberdrola en Tuxpan en 2021, el Gobierno Federal, mediante CFEnergía, filial de la CFE, emitió su principal proyecto en electricidad con presunta inversión pública y abrió las licitaciones para contratar a privados interesados en desarrollar seis nuevas centrales de ciclo combinado, incluyendo la de Tuxpan.

Se inscribieron 69 firmas, entre ellas la alemana Siemens y la estadounidense General Electric. Los contratos se expidieron este año y las obras se iniciarían este 2022, contó a buzos Óscar Ocampo.

Las licitaciones finalizaron hasta este 2022, porque en las efectuadas en 2021 hubo traspiés debido a que en los contratos se establecía que las obras debían entregarse antes de terminar este sexenio; en 2024 no hubo empresas interesadas en competir y las convocatorias tuvieron que declararse desiertas. Finalmente se establecieron nuevas condiciones de entrega de obras –ahora ajustadas a los tiempos calculados por las propias empresas– y ahora sí hubo contratos.

Las plantas licitadas fueron la de Tuxpan, Veracruz; Valladolid y Mérida, Yucatán; San Luis Río Colorado, Sonora; González Ortega, Baja California, y otra más en Baja California Sur, que presuntamente incrementarán en un seis por ciento la generación eléctrica en el país, aportando cuatro mil 322 megawatts, con una inversión estimada de 36 mil 400 millones de pesos.

Ocampo explicó que ha habido problemas porque esas centrales serán construidas a partir de un fideicomiso encabezado por una empresa privada denominada CFEnergía S.A. de C,V, filial de CFE, la cual tiene ciertos problemas de transparencia, ya que no está obligada a reportar a la cuenta pública ni a conformar licitaciones abiertas.

“Las filiales como CFEnergía operan bajo el derecho privado, no bajo el régimen especial de la CFE, por lo que hay un margen para la opacidad. Entonces esas licitaciones se dieron en un contexto un tanto extraño, porque CFEnergía es un comercializador de gas natural, se dedica a comercializar combustibles, no a la construcción de centrales eléctricas”, destaca Ocampo.

Mientras tanto, el Presidente, desde 2019, se ha obstinado en recuperar el control de los mercados eléctrico y petrolero para devolver el dominio de la CFE y Pemex sobre sus respectivos mercados, donde hoy existen muchas inversiones privadas nacionales y extranjeras, entre éstas las de Repsol en los hidrocarburos e Iberdrola en la electricidad.

Óscar Ocampo explicó que el objetivo del gobierno actual es beneficiar al máximo a CFE para que ésta recupere el mercado que ha perdido. “Sí hay privados que tienen centrales eléctricas, generando electricidad, el gobierno quisiera que esas centrales pertenecieran a la CFE, de distintas formas lo han intentado: desde la esfera administrativa, en la Secretaría de Energía o en el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y desde la esfera regulatoria.

“Es un objetivo equivocado probablemente, pero ése ha sido el objetivo. No es necesariamente contra tal o cual empresa, sino contra las empresas que operan en este mercado eléctrico, siendo Iberdrola, por mucho, el participante más grande”.

La reforma constitucional en materia de energía 2013-2014, que abrió esos sectores a la inversión privada y minimizó el dominio de CFE y Pemex, fue impulsada por el Pacto por México, promovido por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, con apoyo legislativos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). 

Con base en el marco legal de 2013-2014, empresas internacionales, sobre todo de España y Estados Unidos, obtuvieron contratos para invertir en los mercados de la energía eléctrica y del petróleo; pero a partir de que asumió la Presidencia de la República, en diciembre de 2018, AMLO impulsó su plan de reconstruir a la CFE y Pemex como empresas dominantes en sus respectivos sectores. Su iniciativa de reforma constitucional tiene el objetivo fundamental de revertir la de 2013-2014, cuya aprobación está pendiente en el Congreso de la Unión.