Centenares de casas y escuelas, así como varios hospitales, iglesias y carreteras que el pasado 19 de septiembre fueron severamente dañados por un sismo de 7.7 grados en escala Richter, permanecen sin reparación debido a que ni el Gobierno Federal ni el de Michoacán tienen recursos financieros para resolver los deterioros.

El terremoto, que también provocó la muerte de cinco personas y hasta ahora 13 mil 120 réplicas, golpeó con mayor fuerza a los municipios michoacanos de Aquila, Coalcomán. Coahuayana, Chinicuila, Maruata y Apatzingán (ubicados en la costa del Pacífico); y en menor grado a los de entidades limitantes como el caso de Colima.

En el reporte que el Comité de Evaluación de Daños del Gobierno de Michoacán difundió en la segunda quincena de diciembre, se informó que para reparar los daños se requerirá una inversión total de 603 millones 800 mil pesos, monto del que 244.1 millones de pesos (mdp) serán destinados a la rehabilitación de centros escolares y de salud; y 359.6 millones a carreteras monumentos y las áreas navales de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Apatzingán.

De los recursos emergentes para el sector salud, 116 mdp serán utilizados para reconstruir integralmente el Hospital Comunitario de Maruata, que se derrumbó durante el “macrosismo”. En los primeros días de febrero trascendió que en breve habrá una asamblea en la comunidad de Pómaro, Michoacán, para discutir varios temas, entre ellos la donación de un terreno para el nosocomio.

Sin embargo, durante una reunión que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó en octubre con los alcaldes de los municipios afectados para evaluar los daños, se había decidido sobre la localización de un terreno para reedificar el hospital, que sería reconstruido en un terreno más alto –no a nivel del mar– y financiado con recursos superiores a los 100 mdp.

También se acordó que el nuevo edificio debía ampliar la oferta de servicios que tenía, pues únicamente contaba con algunas camas para una población de mil 81 habitantes, la mayoría con ingresos bajos.

 El 22 de enero, la diputada federal Celeste Ascencio Ortega visitó Maruata y Gámbara, comunidades de Aquila y Múgica, para atender las demandas sociales de los pobladores; antes reconoció que “la zona de La Costa es una de las más abandonadas” del estado y que es importante reconstruirla bien, con “innovación y tecnología moderna” para atraer de nuevo al turismo.

Se requieren acciones, no informes

Desde hace más de cinco meses, los gobiernos Federal y estatal de Michoacán se han limitado a encabezar reuniones y ofrecer conferencias de prensa donde difunden diagnósticos y cifras; pero no han ejercido acciones prácticas que los damnificados del terremoto esperan desde el 19 de septiembre.

La ciudadanía de los municipios afectados está inconforme por el incumplimiento a sus promesas, como es el caso de Marisol C., comerciante y damnificada de San Juan Huitzintla, una comunidad nahua de Michoacán, quien perdió gran parte de su patrimonio familiar debido al movimiento telúrico. Esto reportó a buzos:

“Somos una comunidad pequeña; tembló fuerte y también nos llovía en las noches. A mi casa se le cayó parte del techo de la sala y del comedor y también unas bardas. Eso no fue lo peor, hubo tiempo de lluvias y de repente nos caía el agua. Lo poco que nos quedó, lo perdimos: se echaron a perder unas cosas por estar aplastadas debajo de los escombros y otras por estar mojadas o húmedas por el agua de la lluvia”.

Sobre las visitas que el gobierno ha hecho a los damnificados, la señora Marisol denunció:

“Sí vinieron políticos, diputados y gente a darnos despensas. A todos nos prometieron dinero para volver a construir; es muy poca la cantidad que ofrecieron, aunque lo que sea es bueno. Lo malo es que a mí no me ha llegado todavía, y ya cuánto hace del temblor; de lo poquito de mis ahorros, de lo que me mandan mis hijos de Estados Unidos (EE. UU.) y de lo que vendo es con lo que voy sacando para los gastos. Pero es pesado perder lo que con tanto trabajo uno construyó y que el gobierno se olvide de nosotros”.

El gobernador Ramírez Bedolla anunció, el 24 de octubre, lo mismo que cinco días después refrendó en rueda de prensa la Secretaria de Bienestar Federal, Ariadna Montiel Reyes: que los gobiernos Federal y local habían destinado 25 mdp para apoyar a los damnificados de Michoacán para reconstruir y restaurar sus viviendas; además de que se les enviaría a cuatro refugios y darían alimentos, cobijas y colchonetas.

El Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, detalló que los apoyos de la Federación serían de 60 mil pesos para mil 743 familias que requerían la rehabilitación de sus casas; y de 240 mil pesos para 463 viviendas que serían reconstruidas integralmente.

Sin embargo, ante las familias afectadas, el monto total requerido para la reparación parcial de viviendas y negocios debía ser de 192 millones 120 mil pesos; y para las que necesitan su reconstrucción integral, el apoyo oficial (65 mil pesos) es prácticamente simbólico, razón por la que el gobierno estatal anunció que buscaría mejorar su ayuda, que aún no ha llegado.

De acuerdo con el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), las viviendas afectadas fueron cinco mil 16, de las cuales mil 262 sufrieron daño total en Aquila. Coahuayana, Coalcomán y Chinicuila; en Aquila, de dos mil 600, las afectadas fueron 597; en Coahuayana, 487 de mil 670; en Chinicuila, 175 de 350; y en Coalcomán, tres de las 366 afectaciones en total.

A la fecha, ninguna de las viviendas dañadas se ha rehabilitado o reconstruido, porque los recursos aportados por el gobierno a pocos damnificados que los han recibido, no son suficientes; es decir, ni la administración local ni la federal han cumplido sus compromisos con los damnificados.

“Si nos esperamos, o al menos si yo me espero a que el gobierno venga a ayudarme para volver a tener mi casita como antes y como me gusta, quién sabe cuánto tiempo pasaría. Como he podido, la estoy volviendo a levantar. Tengo fe en que el recurso que me prometieron me va a llegar; pero no puedo esperarme, si no empiezo por mí, nunca voy a empezar. El gobierno viene, sonríe, nos habla bonito, pero a veces prefiero no creer. Suena como dicen, dramático, pero ¿para qué hacerme ilusión? Si llega el dinero qué bueno; estaré sumamente agradecida. Pero si no, pues estaré orgullosa por haber podido levantar mi casita con ayuda de mis hijos y de mis ahorros”, lamentó la señora Marisol C.

Alumnos sin aulas dignas

Durante el periodo de las réplicas en Michoacán se contabilizaron 863 escuelas afectadas por los sismos. Las más dañadas fueron 294 de educación primaria y secundaria, y los edificios de preescolar, 274. De los que sufrieron deterioro estructural, 20 están ubicados en Coalcomán; 19 en Aquila; 17 en Apatzingán; 16 en Coahuayana; y 12 en Chinicuila.

Las afectaciones se localizan en aulas, albergues, bibliotecas, jefaturas de sector y supervisiones escolares, tanto en centros escolares públicos como privados.

El pasado seis de diciembre, el ahora exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas del estado de Michoacán (SCOP), José Zavala, declaró que la reconstrucción de estos edificios no tenía fecha, por lo que muchos estudiantes tomarán clases en las calles y debajo de árboles o carpas.

Las 84 escuelas del nivel básico no se han rehabilitado debido a que las autoridades no han reconstruido las aulas, oficinas administrativas ni bardas perimetrales, porque no llegan los 114 mdp del seguro contratado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los diputados locales reclamaron al titular de esta dependencia por la falta de atención a las escuelas dañadas por los sismos y que, desde septiembre, los alumnos de nivel básico se vean obligados a recibir clases en las calles. En respuesta a este cuestionamiento, el funcionario explicó que “el Poder Ejecutivo no puede realizar las rehabilitaciones hasta que lleguen a las finanzas estatales los 11 mdp correspondientes al seguro de daños”.

Yarabí Ávila González, exsecretaria de Educación del Estado (SEE), había informado a los medios de comunicación que las escuelas deterioradas por el sismo del pasado 19 de septiembre eran 334, según datos que la Secretaría de Protección Civil (SPC); el extitular de SCOP aclaró que el número fue mayor, pero las únicas que se rehabilitarán serán las contadas por el gobierno.

La exsecretaria de Educación estatal destacó que los daños se registraron principalmente en aulas financiadas con recursos aportados por los padres de familia y que no se construyeron obedeciendo a la normativa estructural adecuada, debido a la falta de responsabilidad de los gobiernos Federal y local de Michoacán.

A pesar de las graves consecuencias socioeconómicas que los sismos dejaron en la entidad, y de lo anunciado el pasado siete de enero por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en los primeros meses de 2023 no se ha visto que los gobiernos Federal y local morenistas brinden al menos apoyo a los damnificados.

En relación con la tragedia ocurrida hace más de cinco meses, la intervención de las autoridades se ha limitado a una declaración de la actual titular de la SEE, Gabriela Desireé Molina Aguilar, quien dijo que ya se realizó el diagnóstico necesario para que se aplique el seguro en favor de las escuelas afectadas por los sismos y que el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) envió las carpas bajo las que hoy dos mil 400 estudiantes de 30 escuelas del nivel básico reciben clases.

Acerca de estas aulas improvisadas, de las que naturalmente ha habido mayor demanda, la SEE de Michoacán reconoció hace algunos días: “mientras los alumnos no puedan regresar a sus salones, estas carpas se mantendrán como espacios seguros; y cuando ya no se necesiten, deberán ser recogidas y entregadas a la SEE, que las guardará hasta que se requieran en otro punto del país”.

Desireé Aguilar también apuntó que en otros tres meses quedarán terminadas las escuelas dañadas porque “los procesos administrativos tienen su tiempo”, aunque precisó que “podría haber variaciones por el lugar, las escuelas y las zonas de éstas”.