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Luego del anuncio de la reducción de presupuesto a las estancias infantiles, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, Édgar Ulises Rentería, dio un amparo provisional contra el recorte al programa de estancias infantiles; así se ordena al Gobierno Federal y a la Secretaría de Bienestar, publicar, en un plazo de 24 horas, las reglas de operación del mismo para el ejercicio fiscal 2019.
Y es que la inconformidad social, en semanas anteriores, había logrado protestas de cientos de madres de familia, pues la medida que se había anunciado por parte del gobierno morenista de López Obrador, afectaría a las 9 mil 854 guarderías que atienden alrededor de 327 mil niños en todo el país. Cancelar más de dos mil millones de pesos de apoyos a estancias este 2019 iba afectar no solo a los niños, sino también a los trabajadores y los padres de familia; la decisión del juez es positiva, pero habrá que esperar y ver si el presidente de México está de acuerdo y sobre todo tiene disposición de acatar el amparo.
Lo cierto es que todo indica que ese dinero se quiso destinar a uno o varios programas sociales con tintes electoreros, tal y como están siendo los objetivos del nuevo gobierno; pero sacrificar un programa que beneficia a miles de infantes y a sus familias, no solo es una mala política, sino es estar contra las familias más pobres de México. Si el amparo que ordena al gobierno federal echar atrás su propuesta avanza y logra que no se les retiren apoyo a las estancias, el ejemplo puede extenderse a otras inconformidades como el despido masivo de trabajadores, quienes también se han estado amparando. Sin embargo, a casi 100 días del gobierno de AMLO se ve que éste no está dispuesto a ceder en su pretensión de seguir con su política de tensión, agresión y de imposición y que sólo desea redistribuir los recursos con los que cuenta, pero no hacer que ese recurso crezca y se amplíe para resolver los problemas que diariamente sufren los mexicanos.
Con el amparo conquistado ganan las familias y sus hijos; pero también podría ganar simpatías el gobierno federal si decidiera hacer caso a la ley y no hacer el recorte en esta área. ¿Estará dispuesto el gobierno de López Obrador a aceptar lo que el amparo le ordena? La respuesta se verá en unos días.
El clímax no político...
Parece que en el Congreso de la Ciudad de México los diputados sí quieren trabajar y desquitar su salario, pues ahora pretenden reformar el Código Penal local para aumentar las penas, según, para que aumente el castigo a quien cometa delitos de despojo de inmuebles; además, se dice que se va a revisar la imposición de castigos más severos a la especulación inmobiliaria de grupos que invaden inmuebles como los llamados "paracaidistas".
Hasta este punto todo parece que sus propuestas están bien, incluso nadie estaría contra ellas; pero, seguramente los diputados también se pondrán a trabajar para generar leyes que beneficien a los más de 9 millones de habitantes y tengan acceso a una mejor seguridad, apoyos a vivienda, educación o una mejoría en el sistema de transporte público, etc.; algo que recibirá muchos aplausos.
Pero lo que llama la atención es que el diputado morenista José Luis Rodríguez Díaz, que es maestro en derecho y ha colaborado en temas de la UNICEF, además de que fue Secretario Técnico en la extinta Asamblea Legislativa, al presentar dos iniciativas para reformar la normatividad, mencione y haga alusión, en primer lugar, a Antorcha Campesina, a quien señala de despojar a las personas de su patrimonio para ganar adeptos.
José Luis Rodríguez debería saber que Antorcha, un grupo social muy fuerte, por cualquier lado que se le vea, -y aunque se diga lo contrario en medios informativos o esté en boca de políticos-, es una organización que siempre trabaja y realiza su actividad dentro del marco de la legalidad y nunca ha invadido ningún espacio para ganar adeptos, o al menos, los que la han acusado nunca han presentado ninguna prueba que sustente sus dichos.
Lo declarado por el diputado morenista capitalino Rodríguez Díaz, más bien parece una instrucción de seguir atacando y calumniando al antorchismo nacional, pero ahora en la Ciudad de México donde dirige la líder Gloria Brito Nájera. La instrucción, sin mucho que se le busque, podría venir directamente de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum o quizá sería una orden desde el mismo gobierno de López Obrador; total, ya lo dice el viejo refrán, "de tal palo está la astilla". Pero de lo que sí debe estar seguro el diputado y sus jefes es que los antorchistas capitalinos no se quedarán con los brazos cruzados. Por el momento, querido lector, es todo.
La propuesta de López Obrador de reformar al sistema de pensiones y lograr una pensión del 100% del salario, implica regresar a un sistema de beneficio definido, lo que representa un retroceso de 25 años.
En la realidad cotidiana, los hechos indican que la 4T va en la dirección opuesta a la que proclama.
La madrugada de este día fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la conocida como “Ley Zaldívar”, el cual oficializa la extensión a dos años en el cargo al ministro presidente de la SCJN.
Hasta después de una semana, el presidente de México presentó el Plan de Reconstrucción de Guerrero.
A tres años del sismo del 19 de septiembre del 2017, miles de damnificados aún viven con familiares, vecinos, en campamentos callejeros o rentan viviendas porque las suyas siguen en proceso de reconstrucción debido al burocratismo.
En una encuesta realizada por el Periódico Reforma, el 44 por ciento de los entrevistados desaprobó la forma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador está manejando la situación del coronavirus.
Córdova Morán dijo que la mentira es una necesidad, una cuestión de Estado para la 4T, porque sin ella el poder se les escaparía de las manos.
El presidente López Obrador justificó la falta de obra pública atribuyéndolo al “elefante reumático” y no a los recortes que su administración ha venido realizando en el ramo 33.
El expresidente Peña Nieto habría instruido fabricar la versión oficial de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero.
“84 personas asesinadas al día es una cifra brutal… Estamos en un promedio de 28 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, una cifra fatal”, señaló Xóchitl Gálvez.
El virus afortunadamente no ha cobrado vidas en el municipio, “pero quien sabe si la gente no se muera de hambre, es mucho tiempo aguantar esta situación”.
Quede aquí la denuncia oportuna del peligro y quede advertido el gobernador de Puebla de que conocemos a los esbirros y sabemos al servicio de quién operan.
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La incongruencia del morenismo en boca de AMLO sigue haciendo de las suyas por todo el gabinete.
En la “nueva normalidad” que promueve entusiastamente el gobierno de la 4T, se impulsa a salir a la calle “sin miedo, sin temores”.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).