Con el perdón de quienes piensan lo contrario y de quienes están convencidos de que, en efecto, no vamos bien, pero tienen grandes intereses económicos y políticos y, por tanto, les conviene sostener y difundir que la situación del país y, sobre todo, la del pueblo trabajador, es tan buena que despierta la envidia de todo el mundo, digo tajantemente que no, que no vamos bien. A pesar de que existen muchos medios de comunicación cuya existencia depende de que coincidan y agraden a las élites, hay también medios que siguen siendo partidarios de la captación y difusión de la verdad y, por tanto, pese a una intensa labor propagandística, todavía es posible enterarse de que en el país existen muchos y muy graves problemas.

Empecemos por la inseguridad. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública del Inegi (en documento del 18 de septiembre de este 2025), en 2024, “el 29.0 por ciento de los hogares en México tuvo al menos una o un integrante víctima de delito; 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito y la tasa de prevalencia delictiva fue de 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes”. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión, y el 93.2 por ciento de los 33.5 millones de delitos que ocurrieron no se denunciaron a la autoridad ni se inició una carpeta de investigación.

Ahora bien, me parece muy importante tener en cuenta que los más perjudicados por la comisión de delitos son los que viajan en transporte público (más peligroso en la noche), los que no tienen posibilidades de pagar un abogado o de vigilar el desempeño de uno de oficio, los que no disponen del tiempo ni de los recursos para darle seguimiento a una denuncia hasta culminar en una sentencia que les haga justicia, son, pues, en su inmensa mayoría y en pocas palabras, los integrantes de las clases trabajadoras: los obreros, los empleados, los choferes, las empleadas domésticas, los campesinos con unas cuantas hectáreas, los jornaleros, los burócratas de bajo nivel, los comerciantes ambulantes, etc.

En la imposibilidad de enumerar a todos los sectores desprotegidos, digo que pretendo que se entienda que, tomando en cuenta la cantidad de los integrantes de una y otra clase y su vulnerabilidad, no hay duda de que la que constituye la mayoría de la población, la clase trabajadora de la ciudad y el campo, es la que más frecuente y más devastadoramente sufre los daños de la inseguridad. La lucha por la seguridad es su lucha. Hacer conciencia y organizarse para exigir a la autoridad que cumpla con su obligación de garantizarla es su derecho. No digo ni insinúo que son los únicos, todo mundo sabe que los integrantes de las clases medias y altas y sus familias también sufren por la inseguridad. Duramente lo hemos vuelto a constatar hace muy poco y no lo debemos ignorar.

¿Y la salud en el país? Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 ya había 41.9 millones de personas sin acceso a servicios de salud y para los que están inscritos en los organismos oficiales, desde hace ya varios años no hay tratamientos oportunos ni medicinas suficientes. ¿Y la educación para las nuevas generaciones? En el ciclo escolar 2024-2025, 864 mil 308 estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato abandonaron las aulas y fue el nivel medio superior el que registró el mayor número de deserción escolar, con 639 mil 562 jóvenes.

El régimen morenista del “segundo piso de la Cuarta Transformación” ¿no se da cuenta del colapso de la medicina para el pueblo y de la indignante impostura que es la educación pública? Al contrario, está plenamente consciente y, por tanto, nos enfrentamos a una situación difícil de aceptar, pero cierta. En los tiempos en los que el proceso de maquinización de la producción no era tan intenso y la elaboración de mercancías dependía en gran medida de la fuerza de trabajo, eran fundamentales la salud y la preparación de los seres humanos y, en consecuencia, se cuidó la prevención y la atención de enfermedades y padecimientos con cierto grado de eficiencia, así como la impartición garantizada de una buena educación básica.

Pero una vez que las máquinas y hasta la inteligencia artificial realizan más procedimientos productivos y los realizan mejor y más rápido, se desplaza mano de obra; inmensas masas de obreros pierden su empleo o nunca en su vida son contratados y crece exponencialmente la desocupación (que aquí se enmascara con el eufemismo de “empleo informal”). La realidad es, pues, que no hay buen servicio médico oficial ni educación masiva y de calidad porque el ser humano ha perdido importancia para la generación de la ganancia, que es la razón de existir del sistema capitalista en el que vivimos. Actuar en consecuencia, como lo hace el morenismo, no es una notable excepción mundial, es sólo la expresión criolla de aquellos a los que se les tiene confiada la salvaguarda de la máxima ganancia.

Un análisis de la situación deplorable en la que se encuentra la clase trabajadora del país, no puede considerarse mínimamente abarcador si no se menciona que el “segundo piso de la Cuarta Transformación” (y también el primero), mediante una intensísima campaña propagandística diaria, ha inoculado en la mente de la población necesitada que esos gobiernos morenistas son auténtica y probadamente defensores del pueblo porque otorgan “ayudas para el bienestar” en muchas y variadas modalidades.

Todas son regalos de dinero, una riqueza que produce la fuerza de trabajo que el gobierno regresa en una cantidad diminuta al que la produce y los políticos en turno se apropian del mérito, reciben los aplausos y se encumbran. Esa riqueza producida colectivamente no se aplica como obra o servicio social, se entrega individualmente para fomentar la idea de que el que importa es el individuo y no la colectividad, sirve para combatir la organización de los pobres y la defensa de sus intereses comunes.

Nunca, nadie en ninguna parte, ha dado a conocer alguna evaluación seria del impacto positivo de las “ayudas para el bienestar”. La verdadera ayuda para el bienestar es un misterio. Eso sí, se tienen muy bien registrados y domiciliados a todos los que tienen obligatoriamente que inscribirse y dar sus datos personales para obtener las “ayudas” y, llegados los momentos críticos de las elecciones, los llamados “servidores de la nación” se hacen presentes para obligar y garantizar el voto para los candidatos del partido Morena.

Según los señores del poder, la clase trabajadora sólo debe esperar su benevolente generosidad, los magros aumentos salariales que dictaminan y, claro, las multicitadas “ayudas para el bienestar”. La iniciativa para defender sus intereses la tienen ahora las clases que no son precisamente las más menesterosas. Hemos atestiguado cómo se han activado los empresarios que tienen las concesiones del transporte público en el Estado de México y los que las tienen en la Ciudad de México exigiendo aumento inmediato a las tarifas, así como los productores agrícolas que producen maíz para el mercado, reclamando, a su vez, que el gobierno aporte dinero para obtener un precio mínimo de garantía por tonelada de maíz vendida; todos ellos bloquearon durante días calles y carreteras hasta que la autoridad concedió sus demandas.

Sólo que no hay que olvidar por ningún momento que a la hora de dirigirse a su labor diaria y abordar un transporte público o comprar un kilo de tortillas, el que va a gastar más de sus magros ingresos será el modesto trabajador que no ha tenido ningún aumento en sus ingresos desde hace ya tiempo. En fin, los camioneros y maiceros han accionado por mejorar sus ganancias, ¿no habrá llegado ya la hora de que el pueblo trabajador, que es el que produce la riqueza siempre y en todos lados, se organice y luche por una vida mejor? Creo que ya quedó suficientemente demostrado que no vamos bien. ¿O sí?