Graciela cotizó alrededor de cuatro años para obtener los puntos necesarios y solicitar un departamento al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); pero cuando supuso que esta oportunidad había llegado, su alegría se desvaneció al informarse que sólo podía acceder a un crédito de 400 mil pesos, monto insuficiente para adquirir una vivienda.

En Baja California Sur, las viviendas han elevado su precio muy por encima del porcentaje de aumentos al salario mínimo; esto ha provocado que cada vez sea más difícil adquirir una casa-habitación. Si una persona de 25 años con un salario mensual promedio de siete mil 500 pesos destinara todo su ingreso a una casa valorada en un millón 600 mil pesos, terminaría de pagarla en 42 años.

Y si únicamente asignara el 25 por ciento de ese ingreso mensual, la pagaría en 71 años y, con la cobertura de intereses y otros costos asociados, tardaría hasta 96 años para tener ese bien patrimonial. Por ello, Graciela no dispuso de la vivienda que soñaba, pese a que ha trabajado en dos empleos para alcanzar mayor cotización en el Infonavit.

“Mientras tanto, he tenido que pagar rentas de entre cinco y seis mil pesos mensuales para mantener un techo sobre la cabeza de mis hijos. Ser madre soltera y aspirar a tener una casa propia ha sido extremadamente difícil”, lamentó.

El precio promedio de las viviendas en Baja California Sur resulta muy alto y los ingresos de las personas deben corresponder al costo de tales ingresos. Según el simulador de crédito del Infonavit, una persona que gana el actual salario mínimo de siete mil 500 pesos mensuales podría acceder a un crédito de hasta 478 mil pesos; pero en esta entidad, el precio promedio de una casa es de un millón 600 mil pesos, para cuya cobertura requeriría un salario más alto o contar con ahorros.

Una persona con salario mensual de 50 mil pesos podría obtener un préstamo de hasta un millón 640 mil pesos para la adquisición de una vivienda con precio promedio; en la misma situación se halla quien, con el salario máximo registrable de 82 mil 500 pesos mensuales, incluso puede aspirar a un crédito de hasta dos millones 716 mil dentro del mercado inmobiliario de la entidad.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en el estado, Isaías González Nava, atribuyó este fenómeno a varios factores. Entre ellos citó un incremento del 20 por ciento en el costo de materiales, que deben ser importados, porque su traslado aumenta los costos e impacta directamente en el precio final de la vivienda. 

González Nava reveló que otro factor importante radica en el problemático acceso a los servicios financieros de Infonavit, a pesar de que sus créditos son bajos.

Se esfuma el sueño de casa propia

Graciela explicó a buzos que las opciones más accesibles que ha encontrado en el mercado, rondan en los 700 mil pesos, lo que provocó considerar la obtención un crédito bancario, pero esto complicaría aún más su situación financiera porque, como madre soltera, debe financiar escuela de tiempo completo para sus hijos; y con los 15 mil pesos mensuales de sus dos trabajos, le sería muy difícil pagar dos préstamos simultaneos para vivienda.

“Siento una gran presión y preocupación constante por el futuro de mi familia, ya que cada día es una lucha por mantenernos a flote”, narró Graciela, quien agregó que la disparidad entre la capacidad de compra de la mayoría de las personas y las ofertas del mercado inmobiliario hace que el sueño de una casa propia sea inalcanzable.

“Para mí, obtener un patrimonio se ve cada vez más lejano. Los puntos del Infonavit bajan conforme aumenta la edad y bajo ciertas condiciones, mientras que los precios de las propiedades suben constantemente. Esta combinación de factores hace que la posibilidad de tener una casa propia parezca cada vez más inalcanzable”, expresó con desánimo.

El costo promedio nacional de una vivienda ascendió a un millón de pesos, reportó el análisis del índice de precios de vivienda en México. Éstos provocan que muchos mexicanos no accedan a una vivienda, incluidos los que tienen ingresos superiores a varios salarios mínimos.

La Sociedad Hipotecaria Federal, en un análisis del índice de precios de vivienda en México, reveló que el precio nacional para casa-habitación se incrementó 10.9 por ciento y que su precio promedio corresponde a un millón 617 mil pesos. En esta medición, Baja California Sur alcanzó los precios más elevados nacionales y su alza promedio fue de 17.6 por ciento aunque, en La Paz y Los Cabos, los aumentos fueron de 18 y 17.1 por ciento.

El Artículo 4° de la Carta Magna establece el derecho de todas las familias a tener una vivienda digna y decorosa; es decir, que sea segura y cuente con suficientes espacios para las actividades familiares y servicios urbanos básicos.

Pero la mayoría de la población está muy lejos de materializar este derecho constitucional. Isaías González Nava, sostiene que falta voluntad política para convertir este derecho en una realidad y que se necesitan urgentemente políticas públicas que rehabiliten los subsidios del Estado para construir y facilitar la oferta de casas-habitación para los trabajadores.

También es necesario que los desarrolladores de vivienda superen la incertidumbre que ahora los agobia por la crisis de agua para uso humano; ya que en Baja California Sur estos recursos se concentran mayormente en el sector turístico y se desatienden las necesidades básicas de la población local.

“Lamentablemente, hoy la poca agua que hay la quieren dejar para los temas turísticos; pero tampoco puedes dejar a la población fuera de los programas del tema del agua, ¿no? Y ya que es una necesidad para el trabajador, no para la empresa, la empresa únicamente hace la vivienda y se la entrega como un derecho al trabajador”, denunció González Nava.

Alberto Ceseña, delegado del Infonavit, reconoció los desafíos que la institución enfrenta para conceder créditos debido al encarecimiento de la vivienda. Según datos oficiales, de un total de 243 mil 505 trabajadores, 28 mil 93 están acreditados, mientras que 215 mil 412 no cuentan aún con crédito, pese a la gran necesidad existente en la entidad.

En Los Cabos se requieren 34 mil 865 créditos formales; en La Paz, 15 mil 878; en Mulegé, tres mil 58; en Comondú, dos mil 593 y en Loreto, mil 311, en todo el estado suman 58 mil 235. Esta alta demanda evidencia la urgencia de la población por disponer de vivienda propia para dejar de pagar renta.

Falta de agua encarece la vivienda

En enero de 2023, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Paz aprobó un punto de acuerdo que modifica el acceso al agua para los desarrollos inmobiliarios en la zona y distribuye mejor los recursos hídricos ante la escasez del líquido vital en la entidad.

Según el acuerdo, los desarrolladores ya no recibirán el suministro de agua del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS), sino que tendrán acceso por cuenta propia mediante permisos para extraerla de pozos u otras fuentes.

Al respecto, Isaías González Nava, presidente de la Canadevi, comentó que este cambio produjo un impacto significativo en el futuro de los desarrollos inmobiliarios de la región, ya que la falta de agua provoca una disminución notable en el número de proyectos de desarrollo, pues la obtención de permisos resulta cada vez más difícil.

“El fantasma de la falta de permisos por la escasez de agua nos persigue… la poca agua que queda parece estar reservada para los desarrollos turísticos, dejando de lado las necesidades de la población local”, agregó.

Detalló que la dificultad para acceder al agua ha agravado el problema de la vivienda, sobre todo cuando se trata de proyectos destinados a casas-habitación, ya que siendo una necesidad fundamental para los trabajadores locales, la obtención de permisos representa un desafío cada vez mayor.

“La empresa sólo construye la vivienda, pero el derechohabiente, el trabajador, es el que la disfrutará. Es esencial que las autoridades definan claramente sus prioridades en cuanto al suministro de agua y la aprobación de desarrollos de interés social”.

La dificultad para obtener permisos obligó a que los desarrolladores buscaran otros nichos de mercado como los alquileres; es decir, a edificar complejos habitacionales, condominios y casas individuales que luego alquilan a residentes locales o turistas.

“El mercado del alquiler puede ofrecer una mayor flexibilidad en términos de regulaciones y requisitos de permisos, en comparación con el desarrollo de proyectos de vivienda para la venta. Esto hace que sea una opción más viable para los desarrolladores, que enfrentan obstáculos en la obtención de permisos para construir nuevas viviendas”, sostuvo.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal inmobiliario Lamudi.com.mx, Baja California Sur destaca como el estado con los alquileres de inmuebles más costosos nacionalmente, porque el precio promedio mensual corresponde a 26 mil 715 pesos.

Siguiendo las pautas establecidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el costo del alquiler no debería superar el 30 por ciento del ingreso familiar. Esto implica que quienes deseen arrendar una vivienda en esta entidad, requieren un ingreso mínimo promedio de 89 mil pesos mensuales.

52 mil trabajadores sin vivienda

La falta de vivienda representa un desafío persistente en el municipio de Los Cabos, como lo confirma la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Baja California Sur, cuyo secretario general en el estado, David Illedra, reveló que aproximadamente 52 mil trabajadores de la industria turística carecen de vivienda propia en la región.

La mayoría de ellos recurre al alquiler, comparten vivienda con familiares o residen en áreas de alto riesgo, lo mismo en Cabo San Lucas, La Paz, San José del Cabo, Loreto y Mulegé. Además, la oferta de viviendas de interés social se limita a cinco mil, lo que propicia que el costo promedio de una casa-habitación en Los Cabos oscile entre dos y tres millones de pesos.

La falta de viviendas de interés social ha provocado, además, un preocupante incremento en los asentamientos irregulares durante los últimos tres años en Los Cabos. Según datos recientes, en ese periodo se han detectado 13 en las cinco nuevas áreas residenciales del municipio costero.

El titular del Consejo Coordinador Empresarial en Los Cabos, Julio Castillo, informó en fecha reciente: “sabemos que hay un problema dado que aproximadamente 40 mil habitantes de Los Cabos viven en terrenos irregulares y 10 mil en San José del Cabo y en tres años han crecido hasta cinco asentamientos irregulares por esta misma necesidad”, previó el representante.

Sostuvo que la iniciativa privada está trabajando en exponer el problema a los desarrolladores para crear viviendas a costos más accesibles y a que no sólo se enfoquen en construcciones de lujo. “Buscamos unirnos con las autoridades para que se defina un plan para avanzar y abatir ese problema. Nos hemos reunido con desarrolladores de vivienda para impulsar al desarrollo de viviendas de interés social”, destacó Castillo.

El Infonavit presentó una propuesta para resolver la crisis de vivienda, que consiste en permitir a las personas rentar casas con la posibilidad de adquirirlas en el futuro. Esta medida ofrece una alternativa viable para quienes no pueden acceder a una vivienda inmediatamente debido a los altos costos o a la falta de opciones de crédito.

Sin embargo, el presidente de la Canadevi advirtió que la propuesta también plantea desafíos importantes, entre ellos el alto el costo de las casas-habitación, especialmente en áreas urbanas y turísticas, donde los precios resultan prohibitivos para muchos trabajadores.

Además, González Nava señaló que la disponibilidad de créditos hipotecarios asequibles representa una preocupación fundamental, ya que muchos empleados no pueden acceder a los préstamos tradicionales; y también criticó la idea de que los trabajadores alquilen una vivienda durante 10 años para luego comprarla durante 30 años, ya que esto resultaría en una carga financiera excesiva.

Por ello, insistió en que es preferible reintroducir el subsidio a la vivienda y ofrecer incentivos para que el Infonavit venda nuevamente; ya que actualmente se enfrenta a una crisis de ventas debido a las trabas burocráticas y financieras.

El Instituto de la Vivienda de Baja California Sur (Invi) destinó un presupuesto de 109 millones 902 mil 514 pesos para efectuar 724 acciones orientadas a mejorar las condiciones habitacionales en la región; pero el monto ha resultado insuficiente frente el tamaño del déficit habitacional en Baja California Sur.