La falta de vivienda en México siempre ha sido un problema para millones de familias; se estima un déficit de entre ocho y 10 millones de pesos (mdp), cuyo 80 por ciento se refiere a la necesidad de mejoras (son regularmente hogares en malas o pésimas condiciones) y el 20 por ciento corresponde a la espera de nuevas construcciones. Por otro lado, el costo para adquirir una casa se ha elevado entre 140 y 180 por ciento, sobre todo en la Ciudad de México (CDMX), Monterrey, Guadalajara o Mérida; aspecto que dificulta el acceso a una casa-habitación, sumado a que los gobernantes no impulsan la construcción y el apoyo para vivienda al ritmo del crecimiento poblacional.

El problema se agrava en las zonas urbanas; y el caso de la CDMX merece especial atención porque no es una crisis nueva, pero se está acentuando: existe un déficit mayor a 700 mil unidades no construidas, incluso se alerta que podría convertirse en problema social grave si el gobierno y desarrolladores no presentan una verdadera alternativa a la exigencia de vivienda, cuyos costos sean accesibles.

La insuficiencia habitacional tiene al menos dos décadas y, al finalizar los años 90, cuando la crisis se convirtió en una bomba de tiempo que pudo estallar en inconformidad social; por eso los constructores de vivienda presentaron la iniciativa Revive (Red de Rescate de la Vivienda) que pretende buscar opciones y resolver los altos precios de renta y compra, y promover nuevas edificaciones.

 Pero no solamente los desarrolladores (movidos por su negocio) están “preocupados” porque el problema se atienda, hay también colectivos como el Movimiento Antorchista, encabezado en la CDMX por la lideresa social, Gloria Brito Nájera, quien se preocupa por esta situación y lucha permanentemente para que miles de familias reciban un hogar decoroso y donde se viva sin hacinamiento y, sobre todo, que los costos para adquirirla sean accesibles.

Así, desde hace 20 años, cientos de tlahuaquenses no han abandonado su sueño de obtener una casa y aún buscan oportunidades para poseer una; pero alcaldes entran y otros se van y nadie atiende “esas goteras” en la CDMX, a pesar de que las familias viven bajo precarios refugios construidos con láminas de cartón, paredes de hule, “viviendas” que no tienen piso firme, ventanas o puertas; donde el frío y la lluvia siempre se apoderan de niños, amas de casa y del proveedor que diariamente sale de madrugada a buscar el sustento para los suyos.

La vida sin hogar y las inclemencias han despertado a miles de familias que decidieron luchar para que, de una vez por todas, se cumpla el derecho “resguardado” –aunque muchas veces como letra muerta– en el Artículo 4º de la Constitución Mexicana, donde se indica que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” y que “La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Dispuestos a pagar lo justo por una vivienda, como lo hicieron con otros gobernantes, cuando llegó la morenista Berenice Hernández a la alcaldía, le solicitaron que se autorizara la edificación de casas-habitación; pero su peregrinar no acaba: han realizado al menos 10 protestas que sirvieron como “foros” para denunciar que la frase “Primero los pobres” en Tláhuac está muy lejos de ser realidad.

Y así hasta la fecha. Las familias gestionaron ante el Gobierno capitalino y el Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI) un proyecto que fue aceptado y el mismo Instituto accedió a conseguir un terreno en Tláhuac para tal fin; pero este avance fue cancelado porque Berenice se negó a autorizar el permiso de construcción bajo los argumentos de que Tláhuac no tiene servicios básicos, sobre todo agua potable, necesidades que, al menos en un año de administración, debía resolver; no existen, por tanto, ni razón ni argumentos para suspender la construcción de vivienda popular, salvo sus intereses particulares.

Por si faltara algo, los mexicanos deben saber que la alcaldía no está obligada a poner ni el terreno ni la construcción para las viviendas, porque el INVI se encargaría del proyecto, como un “préstamo” que las familias pagarán de acuerdo a sus posibilidades económicas; entonces, si niega casa a los pobres mientras autoriza construir “desarrollos residenciales”, como el de la avenida Guillermo Prieto, de la colonia Miguel Hidalgo, cuyas viviendas superan los cinco mdp, y favorecer a los ricos mientras niega el derecho a miles de familias pobres a tener un hogar. La alcaldesa traiciona a quienes la llevaron al poder, y tarde o temprano, “le cobrarán la factura”. Por el momento, querido lector, es todo.