El problema de desabasto de agua alcanza hoy niveles críticos en la región norte de la República, especialmente en Durango, Zacatecas y Chihuahua, donde la falta de inversión pública en infraestructura hídrica deteriora la economía y la salud física de sus habitantes.

En Durango, por ejemplo, el principal problema social de las colonias de la capital y los municipios aledaños, así como las comunidades rurales del semidesierto, es precisamente el suministro insuficiente de agua potable para que la gente satisfaga sus necesidades más elementales.

Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022 no contempló un solo peso para resolver este grave problema socioeconómico y dejó a decenas de miles de familias en Durango, Zacatecas y Chihuahua sin concretar obras de infraestructura, como la presa Tunal II.

Por el contrario, en el PEF 2022, los recortes presupuestales del sector hídrico afectaron a más de 18 comunidades del semidesierto y el área urbana de Durango-capital, cuyos habitantes sobreviven hoy con agua potable distribuida por pipas y que con la presa Tunal II dispondrían para satisfacer sus necesidades.

En Zacatecas ocurre lo mismo: desde 2019 está pendiente la reactivación del proyecto Milpillas, que generaría 67 millones de metros cúbicos de agua, que serían suficientes para mejorar el desabasto padecido hoy por cuatro de cada 10 zacatecanos; además de que su costo aproximado solo requiere mil 820 millones de pesos (mdp).

El director de la Comisión Estatal del Agua de Durango (CAED), Jorge Nevárez Montelongo, reveló que con la no autorización del proyecto de la presa el Tunal II se retrasa una solución a los problemas vitales de la población y se condena al agotamiento de los acuíferos en la región de Durango.

Las comunidades con mayores afectaciones por la falta de agua potable son las de Tlahualilo, que en 2022 requerirán agua en pipas, que resulta incomprensible porque la solución se encuentra en la construcción de los proyectos de infraestructura hídrica antes mencionados.

Sobreexplotación de mantos freáticos

El manto freático Jiménez-Camargo enfrenta hoy una situación de crisis porque, desde hace 15 años, ha sido sobreexplotado con la perforación ilegal de pozos; esto ha resultado alarmante, según un diagnóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Actualmente, este acuífero reporta una pérdida de 192 millones 139 mil 930 m³.

Además de la sequía prolongada de 2021 y el incremento en la demanda adicional de agua, durante la temporada de calor, provocaron que ésta se “escondiera” en las entrañas de la tierra. Este problema se ha vuelto más agudo en el municipio de Jiménez, pero con un detalle que lo agrava: la existencia de una dosis peligrosa de arsénico en el agua de uso potable debido a que los pozos han tenido que perforarse a mayor profundidad.

Los 14 pozos que hay en Jiménez cuentan con altas concentraciones de arsénico porque los niveles más dinámicos del manto freático se ubican entre los siete y los 12 metros, situación que además exige que los equipos de bombeo deban ser habilitados en niveles idóneos en tanto la reserva hídrica no se agote y los dispositivos eléctricos no se quemen al operar en seco. Cuando esto ocurre, la rehabilitación técnica requiere al menos 200 mil pesos.

Actualmente, gran parte de las entidades federativas del país, en especial las del norte, con suelos desérticos y clima seco, enfrentan una grave crisis de agua debido a la sequía del primer semestre del año –una de las peores de las que se tiene registro– y que la inversión hídrica del Gobierno Federal ha sido nula, tanto para brindar mantenimiento, renovar o crear nueva infraestructura en este rubro vital para la economía y las comunidades sociales de México.

En Zacatecas, durante 2019, por ejemplo, se utilizaba un volumen de agua potable de 48 millones de metros cúbicos anuales; pero debido al incremento de la población, la demanda de líquido vital aumentó sustancialmente y los sectores más conscientes de la población consideraron necesario reactivar el proyecto de la presa Milpillas, una posible solución al problema, pese a que se encuentra a 200 kilómetros de distancia de la zona conurbada, en ejidos del municipio Jiménez del Teúl.

El proyecto Milpillas fue suspendido en 2020 por la falta de recursos financieros del Gobierno Federal, cuyos responsables argumentaron que debía darse prioridad a la atención de la pandemia de Covid-19, además de los problemas sociales generados por los dueños de las tierras en Teúl. La obra aspiraba a ser la emblemática del gobierno saliente, encabezado por Alejandro Tello Cristera, porque abastecería de agua al corredor Fresnillo-Calera-Morelos-Zacatecas-Guadalupe, donde se calcula que viven cerca de 600 mil personas y donde están asentadas las empresas e industrias como el grupo Modelo y el Aeropuerto de Calera.

 El gobierno saliente no pudo concretar el proyecto, que habría generado 67 millones de m3 de agua y habría superado el desabasto que padecen cuatro de cada 10 zacatecanos en esa región. Hoy, el mandatario recién electo tiene en sus manos el proyecto y los avances iniciales, además de mil 820 mdp para continuarlo en los próximos años.

Sin embargo, entre los campesinos que se asumen como afectados por el proyecto, permea la desconfianza porque denuncian que el agua beneficiaría a la planta cervecera de Grupo Modelo, a empresa mineras y otras compañías privadas de diverso giro industrial y comercial, pese a que la Conagua aclaró que el agua de Milpillas solo será para el uso público-urbano, es decir, para el consumo doméstico y de servicios en el corredor mencionado.

Este diferendo llegó a oídos del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se pronunció a favor de esta opción, siendo aplaudido por unos y descalificado por el grupo inconforme. La salida a ese conflicto fue una consulta pública en la que predominaron los “gritos y los sombrerazos” que terminó de sepultar el proyecto Milpillas.

Entre los zacatecanos, sin embargo, crece la hipótesis de que esta “solución” fue el castigo político que el presidente impuso a un proyecto que no había sido impulsado por Morena y, sobre todo, a que Milpillas no es de su interés político, personal o “estratégico” como sí lo son la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles.

A este hecho se debe también que, en el PEF-2022, el proyecto de la Presa Milpillas no tiene un solo peso asignado. Éste es el reto del gobierno actual que conduce el morenista David Monreal.

Urge infraestructura hídrica

El director de la CAED, Jorge Nevárez Montelongo, explicó que, en 2021, se autorizaron 57 mdp de un programa federal de 120 mdp; pero aclaró que “el sector hídrico ha sufrido recortes enormes, y no se le ha dado el valor a la sustentabilidad; existen comunidades y colonias donde se distribuyen por tandas el suministro de agua, como es el caso de las cerca de 18 comunidades y colonias asentadas en el medio urbano perteneciente al semidesierto, cuyos habitantes reciben agua potable mediante pipas y otro tanto por medio de tandas en el abastecimiento”.

Los recortes al sector hídrico, explicó, están afectando gravemente a toda la población, pues es una afectación de interés común que claramente requiere una acción colectiva, pero el año próximo el presupuesto será similar al de 2021, incluso más bajo, el panorama para 2022 no parece nada alentador.

El titular de CAED subrayó que, al no autorizarse financiamiento para Tunal II, la obra se retrasará pese a que es de urgente necesidad para la población, ya que el acuífero se desgasta cada vez más; y es necesario tener opciones para reabastecerlo.

Las comunidades más afectadas por la falta de agua se ubican en Tlahualilo; y si no cuentan con los recursos necesarios para la infraestructura, tendrán que abastecerse con agua llevada en pipas.

La carencia de agua, que padecen miles de familias vulnerables y marginadas del semidesierto ya es cotidiana y se sitúa por debajo de la recomendación de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere que cada persona debe contar con un mínimo de 50 litros diarios para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo agua para beber, limpieza e higiene personal, preparación de alimentos y limpieza del hogar.

Pero en Nuevo México, pequeña localidad del municipio de Tlahualilo, el agua abastecida por pipas tres veces por semana no alcanza para que una sola familia de cuatro o cinco personas pueda consumir esa cantidad de líquido vital. Por ello, sus habitantes son cada vez menos y la mayoría ya se ha mudado a las colonias urbanas, donde pueden adquirir un poco más de agua.

El agua que abastece a Durango-capital es extraída de 97 pozos profundos; primero se almacena en grandes tanques y luego se distribuye por la red hidráulica. El acuífero Valle del Guadiana, del que se extrae esta agua, está en veda, con un promedio de abatimiento de 1.5 m/anuales. La restricción se debe también a que el agua concentra arsénico y flúor por encima de los niveles permitidos.

Éstas son las principales razones por las que se retomó el proyecto de la Presa El Tunal II, así como evitar que se sobreexploten los acuíferos. Otra propuesta para reciclar el agua residual conformada por un proyecto integral consiste en abrir un acueducto, ampliar y dar mantenimiento a los equipos en esta operación, mientras se concluye Tunal II.

La presa suministrará agua superficial, con la Presa Guadalupe Victoria; y a futuro, con la Presa Santiago Bayacora que, a través de una planta de bombeo, conducirá el agua por una línea a presión a la planta potabilizadora y de ahí se transportará por gravedad hasta los macrotanques gemelos ubicados en el Cerro de los Remedios, donde será distribuida por la red de agua potable de la ciudad.

Esta obra está proyectada a 20 años y sus beneficiarios serán los miles de duranguenses; pero con las políticas de austeridad del Gobierno Federal está en vilo, pese a su importancia vital para los habitantes de las colonias en la capital del estado y las zonas aledañas.

Estrés hídrico en Durango

En Durango ya se padece lo que se conoce como estrés hídrico; es decir, sus habitantes están consumiendo más agua de la que se puede extraer, incluso se plantea que, en un lapso no mayor a cinco años, el consumo del agua será restringido en la capital del estado por su poca disponibilidad.

Este problema se debe a que el escurrimiento de agua generado en la Sierra Madre Occidental debe llegar a los estados que rodean Durango, donde hay una gran producción agrícola, como es el caso de Sinaloa, cuyo suministro de agua depende de la generada en territorio duranguense; el 90 por ciento de esos recursos hídricos no es aprovechado por los duranguenses.

Rodolfo Corrujedo, director de Aguas del municipio de Durango, explica que “el estrés hídrico es la diferencia entre el consumo de agua y la capacidad de recarga que tienen los mantos freáticos. Si el consumo resulta mayor de lo que pueden recargarse, así tenemos cada año menos agua”. Este problema se genera por el incremento de la población; ya que cada vez hay más asentamientos en la capital del estado.

Por ello, afirmó, es urgente que la Conagua destine más recursos para crear la infraestructura necesaria y evitar que la crisis hídrica crezca. Sin embargo, esta dependencia federal hoy tiene menos de la mitad del presupuesto con el que contaba en años anteriores gracias al Gobierno Federal de Morena.

Hay mucha gente que, de manera cotidiana, vive esta difícil situación por la falta de agua para consumo diario, ya que no llega a su colonia. Tal es el caso de Tania Robledo, madre de familia en cuya colonia no hay agua para consumo desde que llegó a vivir ahí hace cuatro años. La falta de agua representa un problema constante en su vida; y todos los días después de que llega de su trabajo va en busca de agua con los vecinos.

Este problema excede con mucho a las autoridades locales y exige la participación directa del Gobierno Federal que, además de las facultades legales inherentes a la administración nacional de los recursos hídricos, dispone de los medios financieros para brindar un mejor abastecimiento de agua a los mexicanos.

En la mayoría de las ciudades y las poblaciones rurales de Chihuahua, Durango y Zacatecas, el acceso al agua potable está limitado, y la disponible tiene un nivel de calidad incluso por debajo de los estándares internacionales; por lo que resulta urgente la definición de una estrategia nacional que, acompañada de un fuerte presupuesto, reordene, repare, regule y garantice el acceso al agua de calidad para la población de esa región y el resto del territorio mexicano.

La falta frecuente y drástica de agua en la población bajo condiciones de pobreza y marginación afecta severamente su salud física, mental y socioeconómica, que más temprano que tarde pueden generar problemas de orden político que nadie desea que emerjan mediante expresiones de inconformidad social.