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En una de sus conferencias de prensa mañaneras de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su administración aplicará una serie de medidas para pasar de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”. Posteriormente, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, las difundió: “utilizar de manera más estratégica la liquidez… hacer algún tipo de barridos sobre otros fideicomisos… no se van a realizar más viajes al extranjero… se van a tomar decisiones con algunas vacantes… y que paguen los evasores”. Esta urgencia de liquidez financiera y de reducir gastos evidencia que el subsidio a los combustibles ha puesto en jaque a las finanzas del Gobierno Federal y que ahora éste pretende hacer de la necesidad una virtud.
Pero además de este desajuste en la administración de las finanzas públicas, en el discurso de AMLO en torno a que la austeridad beneficia al pueblo mexicano hay también una impostura, una patraña; ¿por qué? En primer lugar porque entre sus colaboradores de más alto nivel y confianza hay personajes que no se atienen a su Ley Federal de Austeridad; además de que los gastos del Presidente, los de su esposa e hijo menor no los paga con su salario, sino con una partida del erario. En segundo, porque la reducción de sueldos a los empleados de la administración pública ha servido como índice para que el sector privado justifique la disminución de los ingresos de sus trabajadores. Y en tercero, porque no se sabe en qué se han gastado los dos billones de pesos que la “austeridad republicana” quitó a instituciones del Estado con el fin de “liberar fondos para el desarrollo social”, ni se sabe dónde están.
A estos hechos hay que sumar otro desacuerdo: que mientras el presupuesto público no ha aumentado o ha crecido muy poco, el gasto destinado al desarrollo social ha disminuido. Por ejemplo, en el primer semestre de 2022, el gasto en rubros tan esenciales como salud y educación se redujo el 19 y 13 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021. Por ello, el Presidente miente cuando afirma que “antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno”; ya que el suyo sigue costándole mucho más al pueblo porque, en vez de promover una reforma fiscal para que las grandes corporaciones paguen más impuestos, prefiere reducir el gasto público dedicado a los pobres.
Por ello, asimismo, debemos preguntarnos, ¿a quién sirve un gobierno financieramente pequeño y con aires de pobreza religiosa? En el Reporte de Desigualdad Mundial-2022 del World Inequality Lab se muestra que una de las características más relevantes de la desigualdad se debe al crecimiento de la brecha entre la riqueza neta del sector privado y la de los gobiernos. Esta brecha se ha extendido porque la fortuna de los dueños de las grandes corporaciones (quienes forman parte del 10 por ciento de la población más rica) ha aumentado, mientras que los gobiernos se han vuelto “significativamente más pobres”.
La reducción de los gobiernos, su empobrecimiento, es uno de los objetivos fundamentales del neoliberalismo para restarles poder político a los Estados y aumentar los beneficios económicos del capital privado. El reporte citado asegura que un gobierno empobrecido tiene menos capacidad para instrumentar políticas que redistribuyen la riqueza y combatan la desigualdad; es decir, para atender en serio los problemas que sufren los sectores más pobres, entre ellos el de dotarlos con servicios de agua potable, alimentos, educación y salud.
El discurso de la austeridad “republicana” o “franciscana” es solo demagogia y una farsa, con la que AMLO engaña a muchos mexicanos. Un gobierno realmente interesado en liberar al pueblo trabajador del pesado fardo de la pobreza, promovería una reforma fiscal para que los sectores más ricos de la población paguen más impuestos; obligaría a los empresarios a pagar mejores salarios a sus trabajadores y destinaria el gasto social para que dispongan de viviendas dignas y mejores servicios médicos y educativos. Ninguna de estas prioridades conforma la agenda de AMLO, cuyo gobierno es insensible e incapaz de atenderlas.
“84 personas asesinadas al día es una cifra brutal… Estamos en un promedio de 28 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, una cifra fatal”, señaló Xóchitl Gálvez.
Obtener votos para el partido oficial en las elecciones generales de este año es el objetivo de las 20 iniciativas de AMLO, advierten expertos.
El análisis y las conclusiones de varios especialistas permiten caracterizar la primera mitad del sexenio de la 4T como un periodo de malos resultados y de incumplimiento de las grandes promesas.
El equipo de la coalición “Fuerza y Corazón por México” enfrentará “una competencia desafiante”, particularmente contra Claudia Sheinbaum y el aparato del Estado, afirmó Kenia López Rabadán, jefa de oficina de Xóchitl Gálvez.
Los inconformes manifiestan que seguirán luchando dentro de la legalidad para que en su municipio prevalezca la justicia, tranquilidad y bienestar de la población.
Según López Obrador, los estudiantes asesinados en Celaya el pasado 3 de diciembre, “fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso, pasaron para adquirir droga y ahí los asesinaron”.
En sólo cinco años, López Obrador ha solicitado préstamos crediticios a organismos internacionales por un monto de siete mil 168 millones de dólares; 712 millones más que su antecesor Enrique Peña Nieto.
Las ayudas en dinero a una parte de la población son impuestos que pagan los trabajadores, son dinero del pueblo que se le regresa al pueblo. Nada hay que agradecer. Menos aún si se entiende que no acaban con la pobreza.
Es poco probable que el padrón con datos biométricos vaya a disminuir la delincuencia; por el contrario, es muy probable que aumente el robo de celulares, la clonación de tarjetas SIM y que, por otro lado, ponga en alto riesgo a la mayoría de los mexicano
“Conquistaron el poder con el discurso del cambio y del combate a la corrupción y han hecho todo lo contrario; prometieron un crecimiento de la economía de 4 por ciento y mintieron".
Alertan riesgo de regresión autoritaria
Los trabajadores precisaron que se trata de un aproximado de 25 profesionales, entre criminalistas, arqueólogos, antropólogos y abogados, quienes se enfrentan a la incertidumbre laboral.
“Este sexenio se acerca a su fin sin haber cumplido su principal obligación: darle a los mexicanos seguridad... la falta de seguridad se manifiesta en muchos frentes. Uno de ellos es el de los asaltos en las carreteras”, refirió Ricardo Anaya.
Si a López Obrador realmente le preocuparan los adultos mayores, garantizaría que la mayoría de los trabajadores tengan acceso a labores dignas, salarios justos y prestaciones sociales.
De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, hasta este miércoles, sumaron 48 mil 627 nuevos contagios y 532 defunciones.
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Escrito por Vania Sánchez
Licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Economía por El Colegio de México y doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).