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El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió un duro golpe del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) recientemente, el cual reveló que el Cártel de Sinaloa aportó entre dos y cuatro millones de dólares (mdd) para su campaña político-electoral de 2006, cuando contendió como candidato a la Presidencia de la República.
Si es cierta esta investigación, ese dinero fue aportado por el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva a su equipo de campaña, entre quienes figuraba su inseparable chofer Nico; ese grupo criminal tendría hoy protección gubernamental (incluso del Procurador General de la República) si hubiera ganado AMLO esa elección, a pesar del financiamiento ilícito.
Pero más allá de las “denuncias públicas” que incriminan al mandatario morenista, quien obviamente las “desmintió” a través de los medios de prensa nacionales e internacionales, sería conveniente investigar cuántos y qué gobiernos federales anteriores de nuestro país han recibido apoyo financiero de los grupos criminales, en particular de las poderosas mafias dedicadas al narcotráfico.
Resulta significativa la denuncia porque surge en un periodo político-electoral hipersensible; AMLO no será “un ave que cruza el pantano sin mancharse”; y lo más probable es que la versión del financiamiento ilícito a su campaña de hace 18 años termine por manchar a su partido, Morena, y a su candidata, Claudia Sheinbaum Pardo.
Las investigaciones de la Deutsche Welle de Alemania y del Centro de Estudios InSight Crime revelan que narcotraficantes, convertidos en testigos protegidos, informaron a la DEA (el Departamento Antidrogas de EE. UU.) que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva aportó dos millones de dólares a la campaña electoral de AMLO en 2006. Estas denuncias públicas no pueden borrarse de un plumazo ni ignorarse simplemente con declarar que las agencias de espionaje gringas son “inmorales”.
“No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores”, aseveró AMLO en una de sus conferencias matutinas más recientes mientras, por cierto, en los primeros tres años de su “gobierno” emitió 67 mil mentiras y en un lustro incurrió en más de 100 mil falacias y ocurrencias de merolico placero.
Además, el pasado martes seis de febrero, cuando llegaron al Palacio Nacional Elizabeth Sherwood-Randall, directora de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, el subsecretario del Departamento de Estado, Richard Verma y el embajador en México, Ken Salazar, se generó un ambiente de tensión porque coincidió con la revelación periodística de que, hace dos décadas, AMLO había recibido apoyo financiero del crimen organizado.
Sin embargo, después de la reunión oficial, que en principio se supuso ríspida porque AMLO había dicho que no recibiría personalmente a la señora Sherwood, concluyó con una declaración pública oficial del gobierno mexicano, en la que reconoció que la presunta asociación delictiva de AMLO era un asunto “cerrado” para el gobierno de EE. UU.
Pero las dudas flotan en el aire: ¿Qué motivó la publicación de la denuncia de que AMLO tuvo vínculos con los narcos? ¿Qué prometió AMLO al vecino país a cambio de su posición personal y política de cara a las próximas presidenciales en México y en la del país vecino? Todo pudo ser un “calambrito político” al hombre fuerte de Palacio Nacional.
Lo cierto es que, al margen de que el periodicazo gringo esté fundamentado o no, su efecto político inmediato se reflejará en la proyección del gobierno de AMLO hacia los intereses políticos de Washington, un impacto negativo que el propio mandatario y su gabinete hábilmente intentaron revertir con el envío de 20 iniciativas de reforma legal, de las que 18 son de nivel constitucional y la oposición no dejará pasar.
Los proyectos de reforma de AMLO sirvieron como cortina de humo para ocultar sus obligadas “disculpas” ante el gobierno de EE. UU. por su presunta relación con los narcos; pero también para relanzar la retahíla de mentiras en el sentido de que su gobierno es democrático y favorece “primero a los pobres”.
En los días posteriores al cinco de febrero los analistas especializados en derecho y economía aseguraron que la reforma a las pensiones laborales es inviable y que en caso de aprobarse no beneficiaría a la mayoría de los trabajadores mexicanos; además, buena parte de las otras propuestas de reforma constitucional se irán al bote de la basura porque no cuentan con los votos necesarios y porque, además, su objetivo político tiene un claro tinte electorero y no social.
AMLO sabe que él es el “verdadero candidato” que jugará el dos de junio, aunque su nombre no estará en las boletas. Sabe también que, en las recientes encuestas, su popularidad bajó porque pasó del 58 al 54 por ciento de aceptación en cuatro meses, una disminución de cuatro puntos porcentuales. Por esta razón invertirá todos los recursos económicos y políticos del gobierno para influir en la votación, comprando conciencias y prometiendo algo que no podrá, ni pretende, cumplir:
Combatir realmente la pobreza, la marginación, la inseguridad pública generada por la violencia delictiva, como se evidencia en varias entidades de la República, entre ellas Guerrero, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Colima y Quintana Roo… hoy son descomunales las denuncias de apoyo a los grupos criminales, así como los recursos gubernamentales destinados por el Gobierno Federal y los locales para los candidatos de Morena. Por el momento, querido lector, es todo.
El huracán tocará territorio mexicano en Quintana Roo por la madrugada de este miércoles.
Nibardo Hernández Sánchez es un antorchista nacido en Tecomatlán, Pue., en la Baja Mixteca poblana
El legislador Braulio López, de Movimiento Ciudadano, mencionó que se pueden lograr acuerdos, pero Morena no prioriza estas modificaciones.
La “Objeción de conciencia” es un derecho constitucional, no puede estar sujeta a aprobación de la Secretaría de Salud: PAN
Los seis programas que representan la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen aprobado un presupuesto para este año de casi 180 mil millones de pesos, con el que busca beneficiar a 16 millones de mexicanos.
“!Queremos justicia porque fue un crimen que cometieron contra nuestros hijos “, exclamó con lágrimas en los ojos.
Tras la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente nombró a Arturo Herrera como nuevo funcionario de la actual administración.
Sociedad 1011
La fachada de la reunión es el inicio del Tratado México, EE. UU. y Canadá (T-MEC), aunque analistas de ambos países ven un acto de precampaña electoral del mandatario local dirigido a su electorado anglosajón.
A 72 años de fundación de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, el Patronato nombró a la primera mujer en dirigir la institución: la periodista Analletzin Díaz Alcalá.
“Va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo", dijo el presidente.
Un mar de niños y jóvenes ven cómo su educación se estanca y entra en una crisis sin salida que tendrá consecuencias para el desarrollo científico y tecnológico de México.
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“Para los habitantes de Cuautepec es fundamental tener la certeza de que será una obra de utilidad y beneficio para la población".
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).