Ariadna Montiel aseguró que no habrá nuevas mediciones en ninguna entidad y rechazó que exista un acuerdo con el PT para repetir los sondeos en los estados donde ya se definieron coordinadores estatales.
Cargando, por favor espere...
El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió un duro golpe del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) recientemente, el cual reveló que el Cártel de Sinaloa aportó entre dos y cuatro millones de dólares (mdd) para su campaña político-electoral de 2006, cuando contendió como candidato a la Presidencia de la República.
Si es cierta esta investigación, ese dinero fue aportado por el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva a su equipo de campaña, entre quienes figuraba su inseparable chofer Nico; ese grupo criminal tendría hoy protección gubernamental (incluso del Procurador General de la República) si hubiera ganado AMLO esa elección, a pesar del financiamiento ilícito.
Pero más allá de las “denuncias públicas” que incriminan al mandatario morenista, quien obviamente las “desmintió” a través de los medios de prensa nacionales e internacionales, sería conveniente investigar cuántos y qué gobiernos federales anteriores de nuestro país han recibido apoyo financiero de los grupos criminales, en particular de las poderosas mafias dedicadas al narcotráfico.
Resulta significativa la denuncia porque surge en un periodo político-electoral hipersensible; AMLO no será “un ave que cruza el pantano sin mancharse”; y lo más probable es que la versión del financiamiento ilícito a su campaña de hace 18 años termine por manchar a su partido, Morena, y a su candidata, Claudia Sheinbaum Pardo.
Las investigaciones de la Deutsche Welle de Alemania y del Centro de Estudios InSight Crime revelan que narcotraficantes, convertidos en testigos protegidos, informaron a la DEA (el Departamento Antidrogas de EE. UU.) que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva aportó dos millones de dólares a la campaña electoral de AMLO en 2006. Estas denuncias públicas no pueden borrarse de un plumazo ni ignorarse simplemente con declarar que las agencias de espionaje gringas son “inmorales”.
“No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores”, aseveró AMLO en una de sus conferencias matutinas más recientes mientras, por cierto, en los primeros tres años de su “gobierno” emitió 67 mil mentiras y en un lustro incurrió en más de 100 mil falacias y ocurrencias de merolico placero.
Además, el pasado martes seis de febrero, cuando llegaron al Palacio Nacional Elizabeth Sherwood-Randall, directora de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, el subsecretario del Departamento de Estado, Richard Verma y el embajador en México, Ken Salazar, se generó un ambiente de tensión porque coincidió con la revelación periodística de que, hace dos décadas, AMLO había recibido apoyo financiero del crimen organizado.
Sin embargo, después de la reunión oficial, que en principio se supuso ríspida porque AMLO había dicho que no recibiría personalmente a la señora Sherwood, concluyó con una declaración pública oficial del gobierno mexicano, en la que reconoció que la presunta asociación delictiva de AMLO era un asunto “cerrado” para el gobierno de EE. UU.
Pero las dudas flotan en el aire: ¿Qué motivó la publicación de la denuncia de que AMLO tuvo vínculos con los narcos? ¿Qué prometió AMLO al vecino país a cambio de su posición personal y política de cara a las próximas presidenciales en México y en la del país vecino? Todo pudo ser un “calambrito político” al hombre fuerte de Palacio Nacional.
Lo cierto es que, al margen de que el periodicazo gringo esté fundamentado o no, su efecto político inmediato se reflejará en la proyección del gobierno de AMLO hacia los intereses políticos de Washington, un impacto negativo que el propio mandatario y su gabinete hábilmente intentaron revertir con el envío de 20 iniciativas de reforma legal, de las que 18 son de nivel constitucional y la oposición no dejará pasar.
Los proyectos de reforma de AMLO sirvieron como cortina de humo para ocultar sus obligadas “disculpas” ante el gobierno de EE. UU. por su presunta relación con los narcos; pero también para relanzar la retahíla de mentiras en el sentido de que su gobierno es democrático y favorece “primero a los pobres”.
En los días posteriores al cinco de febrero los analistas especializados en derecho y economía aseguraron que la reforma a las pensiones laborales es inviable y que en caso de aprobarse no beneficiaría a la mayoría de los trabajadores mexicanos; además, buena parte de las otras propuestas de reforma constitucional se irán al bote de la basura porque no cuentan con los votos necesarios y porque, además, su objetivo político tiene un claro tinte electorero y no social.
AMLO sabe que él es el “verdadero candidato” que jugará el dos de junio, aunque su nombre no estará en las boletas. Sabe también que, en las recientes encuestas, su popularidad bajó porque pasó del 58 al 54 por ciento de aceptación en cuatro meses, una disminución de cuatro puntos porcentuales. Por esta razón invertirá todos los recursos económicos y políticos del gobierno para influir en la votación, comprando conciencias y prometiendo algo que no podrá, ni pretende, cumplir:
Combatir realmente la pobreza, la marginación, la inseguridad pública generada por la violencia delictiva, como se evidencia en varias entidades de la República, entre ellas Guerrero, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Colima y Quintana Roo… hoy son descomunales las denuncias de apoyo a los grupos criminales, así como los recursos gubernamentales destinados por el Gobierno Federal y los locales para los candidatos de Morena. Por el momento, querido lector, es todo.
Ariadna Montiel aseguró que no habrá nuevas mediciones en ninguna entidad y rechazó que exista un acuerdo con el PT para repetir los sondeos en los estados donde ya se definieron coordinadores estatales.
La distribución de publicidad oficial favoreció a medios identificados con la 4T; Televisa, Multimedios y La Jornada concentraron mil 184 millones de pesos.
Pancartas en apoyo a Nicolás Maduro, demandas de amnistía y exigencias de libertad para dos militantes de Jardun acompañaron el reclamo de reconocimiento internacional de la Euskal Selekzioa.
Los ingresos de la empresa cayeron en 8 por ciento anual.
Niega gobernación estatal que los mensajes se dirijan a funcionarios y mandos de seguridad.
Los fondos serán reasignados a programas de diversas secretarías.
Diputados de oposición denuncian falta de medicamentos, especialmente para niñas y niños con cáncer; así como deficiencias del IMSS.
El 64.1 por ciento de los encuestados desaprueba la administración de Xóchitl Flores Jiménez.
Andrés López Beltrán rechazó tener negocios con Jorge Amílcar Olán o haber intervenido en contratos públicos; también acusó a empresarios, periodistas y agencias estadounidenses de orquestar una campaña en su contra.
La percepción favorable sobre seguridad cayó 10 puntos en octubre, al pasar de 27 a 17%; además, 57% de los mexicanos identifica la inseguridad y el crimen como el principal problema del país.
Las elecciones ponen al descubierto todas las contradicciones acumuladas dentro del Estado judío.
Ariadna Montiel anunció acciones legales por daño moral, calumnias y violencia política de género, además de una denuncia electoral contra la gobernadora de Chihuahua por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a 2027.
La gobernadora interrumpió la ceremonia por los 50 años del Tecnológico estatal para reclamar a un grupo de alumnos que conversaba y exigir que alguno se pusiera de pie para disculparse.
El alcalde de Querétaro fue designado coordinador estatal de la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” y se perfila como la carta panista para 2027.
Se trata de un análisis del derrumbe de la Unión Soviética en 1991, una pérdida asombrosa para la humanidad.
Sindicato del Metro niega inversión histórica y advierte falta de recursos para mantenimiento
En el Valle de México ensayan imposición de Programa de Ordenación
Rompe la imagen de la Virgen artista italiano para mostrar el sufrimiento de las madres en Gaza
Mineras se enriquecen abriendo “zonas de sacrificio”
Agricultores se movilizan en cinco estados, reclaman pagos y apoyos para el campo
Maltrato animal en Edomex puede castigarse con hasta 11 años de prisión y 35 mil pesos
Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).