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Cuando el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres Guadarrama, denuncia al “cartel inmobiliario” que construye edificios que sobrepasan el número de pisos permitidos, omite que es la administración de la capital de la República la que autoriza estas construcciones.
El Grupo Carso, del empresario Carlos Slim Helú, planea edificar en la alcaldía Azcapotzalco, por ejemplo, dos mil departamentos sobre un predio de 18 mil metros cuadrados que, de acuerdo con los vecinos afectados, provocará mayor escasez del agua, inseguridad pública y, entre otros problemas, embotellamientos de tránsito.
Situación similar ocurre en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Magdalena Contreras, donde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), han autorizado la construcción de complejos habitacionales lujosos con una altura superior a la permitida.
Los alcaldes de oposición revelaron que la autorización de las licencias de construcción está a cargo de la Seduvi y Sacmex; y que la participación de las demarcaciones locales se limita a recibir las solicitudes, revisar que no les falte ningún documento y enviarlas al gobierno de la CDMX para su aprobación definitiva.
“Nuestra opinión no tiene ningún peso en la entrega de licencias de construcción”, coincidieron Margarita Saldaña Hernández y Mauricio Tabe, candidatos a la reelección de las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo respectivamente; quienes en varias ocasiones han aclarado que el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) propicia la violación a las normas de construcción en perjuicio de la población capitalina.
El pasado 29 de mayo, integrantes de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco marcharon para exigir un alto al acaparamiento del agua y la no autorización de más megaproyectos inmobiliarios en la capital del país; pero las autoridades capitalinas permanecieron indiferentes ante ambos reclamos.
En Azcapotzalco, informó la alcaldesa con licencia Margarita Saldaña, éstos han sido constantes a través de manifestaciones callejeras y cierre de calles; pero el gobierno de Batres mantiene “oídos sordos a las súplicas de que en la alcaldía ya no se construyan torres de departamentos, nuevas unidades habitacionales y que estos inmuebles tengan alturas no permitidas”.
Es en esta alcaldía donde el gobierno morenista autorizó, al lado del centro comercial Town Center El Rosario, un enorme edificio de viviendas en cuyo interior habrá un centro comercial. El complejo se construye en un terreno cedido a Grupo Carso como pago por la construcción de la Línea 12 del Metro.
“Ya no tenemos tierra en Azcapotzalco. Ese predio debe regresar a la alcaldía para que construyamos nuestra escuela profesional de educación artística. Ninguno de los gobiernos que se dicen de izquierda y promotores de la cultura lo quiso terminar. Los conozco muy bien porque fui presidenta de la Comisión de Cultura de 2012 a 2015 en la Cámara de Diputados. No son promotores, no les interesa porque eran los únicos que no daban recursos”, denunció Saldaña Hernández.
La panista exigió a las autoridades capitalinas que busquen otro predio para negociar con Grupo Carso y que los habitantes de la alcaldía cuenten con una institución cultural que necesitan, donde puedan instruirse y distraerse sanamente: “Quiero que terminemos nuestra escuela de artes, de música, teatro, artes visuales y de danza”, demandó en entrevista con buzos.
Cuando aún era la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo pactó una “remodelación” de la zona industrial Vallejo con empresarios de la construcción, que en realidad significó la “autorización” de un proyecto para edificar 14 mil viviendas, denunció la alcaldesa de Azcapotzalco.
En el documento Plan Maestro Vallejo I, publicado en 2020 y disponible en la página web del gobierno capitalino, se lee que “El polígono de Vallejo–i es una oportunidad valiosa de disponer de suelo cercano, conectado y servido para construir vivienda en el primer contorno, disminuir externalidades negativas y acercar a algunas familias a las oportunidades de la ciudad”.
Sin embargo, desde 2018, cuando Claudia Sheinbaum era Jefa de Gobierno electa y el alcalde de Azcapotzalco era el morenista Vidal Llerenas, difundieron oficialmente “la recuperación de la zona industrial de Vallejo” con base en un acuerdo de cooperación con los industriales.
En un comunicado conjunto, ambos gobiernos habían anunciado que “con una inversión inicial de 100 millones de pesos (mdp)” el proyecto Vallejo–i debía “recuperar la zona industrial de Vallejo con la finalidad de promover la innovación, la tecnología y el desarrollo sustentable”.
El texto explica que la recuperación se realizaría mediante la rehabilitación de los servicios urbanos básicos, entre ellos el drenaje y el “reencarpetado de concreto hidráulico necesario para que circulen los vehículos pesados”.
Pero detrás de esta mascarada se hallaba el proyecto inmobiliario, del que en su momento Margarita Saldaña advirtió que con las 14 mil viviendas nuevas el “gobierno matará la zona industrial de Vallejo”, y contra el que los vecinos protestaron para rechazarlo.
“Necesitamos que haya un plan específico y que quiten esa monstruosidad de Plan Vallejo o Vallejo Innovador (Vallejo–i) que lo único que tiene de innovador es que construirán 14 mil viviendas en una zona industrial que hoy está viva, que ha sido resiliente y que le da el 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual al país y más del cinco por ciento a la CDMX”, afirmó Margarita Saldaña.
Denunció que los diputados de Morena, especialmente la representante de ese partido por la alcaldía Azcapotzalco, Nancy Núñez, votó consecutivamente por quitar recursos a la jurisdicción, a pesar de que ésta acondiciona la zona industrial de Vallejo.
“Los planes de Vallejo, la falta de mantenimiento a la alcaldía durante tantos años, el descuido de nuestra zona industrial y el crecimiento del desarrollo inmobiliario lo ha hecho Morena. Hace poco estuvo aquí Martí Batres poniendo la primera piedra de un conjunto habitacional en la zona industrial. Eso es una estocada, porque matarán la zona; pero como no viven aquí, no saben lo que es vivir entre tráileres y si los metes en el ombligo de la zona industrial, es un asesinato”, denunció.
“Hoy, en Azcapotzalco aparecen cada día nuevos conjuntos habitacionales, espacios que son invadidos por organizaciones afines a Morena, como ocurrió en la calle 16 de Septiembre donde, de la noche a la mañana, aparecieron dos mil departamentos, suites de lujo y que cuenta con alberca e iluminación especial durante la noche”, alertaron vecinos que no tienen agua potable y habitan en varias de las 111 colonias de la alcaldía.
“Desde que iniciaron los conjuntos habitacionales en Azcapotzalco, vivimos sin agua. Nuestros aparatos electrónicos se queman, se descomponen; los focos de nuestras casas constantemente se funden por las descargas eléctricas registradas al colocar los transformadores de las unidades habitacionales nuevas”, lamentó Ana María González, de la colonia San Martín Xochináhuac.
Narró que en la calle de San José de esa colonia y en un predio ubicado en San Martín Xochináhuac, organizaciones de Morena, encabezadas por Raquel Almanza, provocaron varios problemas a los vecinos porque, durante el confinamiento por la pandemia de Covid–19, construyeron un conjunto habitacional con torres departamentales a marchas forzadas.
“La conexión de sus cables eléctricos, de teléfono y tomas de agua afectó nuestra tranquilidad. Además, se presentaron problemas de electricidad y nuestros aparatos electrónicos se echaron a perder por las nuevas conexiones, sin que nadie se hiciera responsable por esos daños”, reveló.
En otras ocasiones, las organizaciones de vivienda adheridas a Morena, entre ellas la Asamblea de Barrios, se enfrentaron con otros vecinos, como ocurrió en la calle de San José de la colonia San Martín Xochináhuac, donde golpearon a varias personas y causaron destrozos en sus casas.
En la alcaldía Cuauhtémoc también crecen diariamente las construcciones irregulares, cuya aparición “afecta no sólo a los vecinos, sino a la población en general”, denunciaron vecinos de la colonia San Rafael.
Entre ellas citaron un “inmueble recién construido en Francisco Pimentel, esquina Virginia Fábregas”, cuya construcción ilegal inclusive ha sido denunciada por diputados locales, pero “por desgracia, ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto.
“Hace un año señalamos este inmueble porque superaba los pisos debidos de construcción. Sin embargo, no vino nadie, ninguna institución o autoridad de gobierno; por lo que actualmente esta construcción ya se encuentra terminada”, demandó la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Maxta Iraís González.
Agregó que “existen muchas otras construcciones ilegales en la alcaldía Cuauhtémoc que han preocupado a la población… los vecinos denunciaron esa situación y han acudido a las autoridades correspondientes, pero nadie los atiende”, lamentó.
Iraís González sostiene que ha caminado con los vecinos para intentar frenar esas obras y que también ha acudido al Congreso de la Ciudad de México al que se ha acercado para externar sus preocupaciones.
La legisladora explicó que las construcciones irregulares son un excelente negocio para las inmobiliarias, pero no para la población residente de las colonias aledañas, porque alteran su estilo de vida, saturan los servicios de agua potable, drenaje, electricidad, seguridad pública, se incrementan los precios, generan más ruido e incluso ponen en riesgo sus vidas.
La diputada aseguró que los precios de los “departamentos en torre” son inaccesibles para las familias de escasos recursos económicos y que, por tal motivo, no pertenecen a los apoyos de vivienda prometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de gobierno Batres Guadarrama.
La misma situación prevalece en las colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, entre ellas la Escandón, donde los inmuebles recién edificados rebasan los cinco niveles permitidos en las licencias de uso de suelo; además de que las constructoras no cumplen con los estudios o documentos exigidos o carecen de manifestación de obra y publicitación vecinal, con lo que la Seduvi y Sacmex no intervienen.
En esta demarcación, al igual que en otras, los vecinos manifiestan su preocupación por edificaciones de más de 15 pisos, porque su densidad habitacional “agrava los problemas de abasto de agua, drenaje, tránsito vehicular y ruido callejero”.
El pasado 23 de abril, un grupo de vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc protestó contra la gentrificación, las construcciones ilegales, y específicamente contra la edificación de departamentos en la calle Coahuila de la colonia Roma; pero en lugar de atenderlos, el gobierno morenista ordenó su repliegue mediante la policía.
En sus pancartas denunciaron la corrupción inmobiliaria producida en gran parte de la CDMX; y acusaron al gobierno morenista de no realizar estudios de impacto adecuados antes de autorizar la construcción de edificios.
También explicaron que la gentrificación ha ocasionado la construcción de edificios departamentales sin considerar las afectaciones que éstos generan en sus viviendas, entre las que destacan daños estructurales y mayor demanda de agua potable a pesar de la grave crisis hídrica que afecta a la capital del país.
El inmueble en construcción se efectúa sobre un espacio reducido de la calle Coahuila; y tendrá 59 departamentos distribuidos en ocho pisos, por lo que los vecinos inconformes denunciaron un posible acto de corrupción en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), porque no revisa los dictámenes técnicos ni los precios para su ejecución.
Señalaron, asimismo, que su abogado defensor, Arturo Aparicio, fue víctima de acoso por el GCDMX y exigieron la demolición de la construcción realizada en el número 34 de la calle Coahuila, así como un segundo espacio en el número 28 de la misma calle.
Pero en la Cuauhtémoc, al igual que en Azcapotzalco, la construcción de desarrollos inmobiliarios se expande; desde 2023 se encuentran en proceso de edificación otros dos condominios de departamentos que, además, no cuentan con “estudios de factibilidad hídrica y sus manifestaciones de construcción no corresponden a las de desarrollos inmobiliarios”, alertaron los vecinos.
En casi todas las colonias de la capital del país escasea el agua; al menos dos o tres veces a la semana, la presión de la red resulta insuficiente para llenar los tinacos de los departamentos. En los últimos días, esta situación se ha agudizado en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras e Iztapalapa, donde la presión del agua apenas alcanza para unas horas.
Entrevistada por buzos, María del Refugio Ramírez, vecina de la alcaldía Cuauhtémoc, informó que, debido a la falta de agua en esa demarcación, ha tenido que desembolsar hasta siete mil pesos para cubrir los servicios de pipas privadas. “Si no tenemos agua ahora, con un desarrollo inmobiliario la situación será peor, vamos a padecer más”, lamentó.
En contraste con esta situación, varios vecinos han descubierto que en predios donde antes no había edificios, que contenían talleres de refacciones y locales comerciales en las colonias Roma Norte y Roma Sur, Hipódromo, Hipódromo-Condesa, Juárez y San Rafael, se han instalado lonas publicitarias que promueven la venta de departamentos.
Por temor a que las obras avancen y afecten aún más a sus colonias, calles y casas, los vecinos han enviado oficios a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para que se investigue y sancione a las empresas inmobiliarias en caso de no contar con los permisos necesarios; sin embargo, los edificios siguen construyéndose sin que haya ninguna sanción contra los responsables.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera