Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
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Foto: Internet
Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se impactó con un poste de videovigilancia del C5 en el cruce del eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y la calle Hidalgo, en el Barrio San Miguel, Iztapalapa; en su camino envistió a tres vehículos particulares, siniestro que dejó al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas dos elementos de la corporación.
El incidente sucedió poco después de las 9 de la mañana. Testigos indicaron que la patrulla, con número MX‑063D‑3, circulaba a gran velocidad y no respetó la luz roja del semáforo, embistió un automóvil y luego se subió al camellón.
Ambulancias del CRUM y servicios médicos locales brindaron atención inmediata a los heridos.
Por su parte, bomberos capitalinos realizaron labores de limpieza tras el derrame de combustible y retiraron las unidades afectadas.
Presuntamente, la patrulla tenía como destino un punto cercano donde se reportaron disparos y una riña, sin embargo, la manera en que ocurrió el traslado puso en riesgo a ciudadanos ajenos al conflicto, lo cual generó preocupación entre los transeúntes y automovilistas, quienes eligieron un uso más responsable de los recursos públicos destinados a protegerles.
Hasta el momento, la SSC no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de los lesionados.
Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
Será el miércoles 8 de octubre cuando el juez defina si la imputada queda vinculada a proceso por asociación delictuosa.
Las autoridades de la máxima casa de estudios informaron que los implicados se encuentran bajo investigación.
Las autoridades del STC explicaron que la separación existe desde 2021, sin modificaciones; además, aclaró que resulta común en zonas con curvas.
Comerciantes rechazan el aumento del IEPS aplicado a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros.
Los vecinos han solicitado atención mediante escritos a las autoridades locales sin obtener respuesta.
Las autoridades indicaron que el homicidio calificado conlleva penas de 20 a 50 años de prisión en la capital del país.
Más de tres mil 500 personas han sido desalojadas de reuniones ilegales, donde circulaba presuntamente alcohol adulterado y drogas.
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Tras la revisión de ambos planteles, las autoridades concluyeron que se trató de falsas alarmas.
Un comensal se acercó a la mesa de Yunes y lo llamó “traidor”.
Los estados con precios más altos son: Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
Exigen medidas rigurosas para evitar la venta de drogas e impedir el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.