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Ciudad de México. – El Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría S.J.” de la Universidad Iberoamericana (UIA) campus Puebla hizo un llamado al Senado de la República a rechazar el Dictamen aprobado por la Cámara de Diputados que proponen reformas constitucionales sobre la Guardia Nacional y “perpetuar la militarización de la seguridad pública”.
Esta semana, en el Senado se lleva a cabo audiencias públicas para analizar la viabilidad de la Guardia Nacional, en donde participan expertos en la materia. El 16 de enero, los diputados aprobaron el dictamen y fue enviado al Senado para su aprobación, sin embargo, existe un rechazo conjunto a la propuesta enviada por el presidente, dado que militariza al país.
En este contexto, el instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría detalló que, de aprobarse en el Senado, atentaría contra los derechos humanos en México. “El dictamen pretende elevar a un rango constitucional la figura de Guardia Nacional de supuesto carácter civil, constituye una simulación que pretende legitimar una Guardia Nacional de carácter militar”.
Al igual que la UIA, otras instituciones han mostrado su rechazo, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diversas organizaciones no gubernamentales en materia de seguridad y derechos humanos.
De acuerdo a la estructura del dictamen, en el que párrafo décimo del artículo 21 la figura de Guardia Nacional como institución de seguridad pública, bajo el supuesto de dar cumplimiento a los objetivos de la seguridad ciudadana, señala la institución en un comunicado.
Resultado de ello, “permite observar que la Guardia Nacional de carácter civil, en realidad tendrá componentes militares como lo es la organización castrense, principalmente en materia disciplinaria o adiestramiento, dado que la misma esta orientada a abatir al enemigo, lo que ha generado múltiples violaciones a los derechos humanos en el territorio mexicano”, destacó.
La pandemia por Covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y ha evidenciado sus carencias y retos previos.
La inseguridad económica se suma la inseguridad pública. Según datos oficiales, en los primeros nueve meses del gobierno de AMLO se habían registrado 29 mil 629 homicidios, el nivel más alto que se haya presentado.
En tanto, la tasa de desempleo en México se ubicó en un 4.2 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en septiembre de 2021.
Interesante será ver cómo la presidenta electa enfrentará la maldita y gravísima herencia que su mentor le dejará por el descenso económico.
Mientras el reloj de 365 días empieza correr, inician las funciones para distraer a las mayorías de sus verdaderos problemas.
Para el líder nacional del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, el neoliberalismo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró muerto desde Palacio Nacional al inicio de su gestión sigue imperando.
La exasperante lentitud de la Campaña Nacional de Vacunación, que evidentemente no podrá cumplir con la meta fijada por el Gobierno Federal, en diciembre de 2020, de vacunar a 80 millones de mexicanos antes de mayo de 2021.
"Agradecerle al pueblo de Estados Unidos a su gobierno y a usted presidente Trump por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos".
Los decesos durante ese periodo fueron 108 mil 658, según la institución. Con ello, representó el 15.9 por ciento de los fallecimientos en el periodo referido.
Solo siete mesas no se instalaron y fue por decisiones comunitarias, no por violencia, acotó en conferencia de prensa.
Señalaron que el 2020 fue un año perdido en México en cuanto al ámbito educativo, ya que hubo cientos de miles de deserciones y de alumnos con rezago educativo.
"Con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”, publicó en el DOF.
Especializados en materia electoral y política aseguran que la iniciativa de AMLO tiene como principal objetivo debilitar al INE, lo que les permitiría a él y a Morena “controlar los procesos electorales”.
Cabe señalar que el cumplimiento de estas condiciones tendrá una duración de 30 meses, las cuales fueron aceptadas por la imputada y su defensa.
El aumento equivale a 4.68 pesos.
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Escrito por Redacción