Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó este martes su rechazo a la propuesta del Ejecutivo federal de eliminar a los organismos autónomos y, al contrario, resaltó su labor como garantes de los derechos establecidos por la Constitución.
Discutir sobre si se eliminan o no el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Compete{´'ncia (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), no debería ser el tema; el debate debe ser a favor del fortalecimiento de éstos y garantizar su funcionamiento con un presupuesto adecuado, porque es esencial su “papel de equilibrio y garantes de los derechos establecidos por la Constitución”.
“No existe ninguna justificación, ni lógica, ni económica, ni jurídica para eliminar los órganos autónomos, que son el contrapeso necesario de cualquier democracia”, indicó la Confederación Patronal en un comunicado de prensa.
Aseguró que el argumento de la austeridad del gobierno para su eliminación no es congruente, ya que los organismos que se pretenden eliminar generan un gasto de 3.9 mil millones de pesos, un 0.04% del presupuesto federal, mientras que las irregularidades detectadas en Segalmex ascienden a 15 mil 151 millones de pesos.
“Sería más eficaz combatir la corrupción y propiciar una reparación del daño provocado al erario, que desaparecer instituciones que tanto han servido a los ciudadanos”, apuntó.
“Su función es preservar la separación de poderes y evitar la acumulación de poder en una sola entidad. Son producto de décadas de lucha y demandas sociales”, agregó. Además de que pueden ser investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y existen mecanismos legales para revisar sus resoluciones.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera