Nueva jornada de violencia en Chilpancingo; Cuatro muertos, saldo de otro ataque armado; Incendian vehículos de transporte público… éstos son los titulares más frecuentes de medios de comunicación impresos y digitales de la capital de Guerrero, estado gobernado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde la violencia delictiva escala diariamente debido a la fallida estrategia de seguridad pública de los gobiernos Federal, estatal y municipal.

La Mesa para la Construcción de la Paz, que se integra diariamente con funcionarios de varias dependencias de seguridad pública, emite cifras alegres sobre la situación que prevalece en la entidad; pero lo cierto es que en algunas regiones –entre ellas la de Chilpancingo– las autoridades han sido rebasadas y la población vive en la zozobra, el terror y tiñéndose de rojo.

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Chilpancingo, Martha Isela Velázquez Adame, admite que existe una disputa entre grupos criminales por el control de la plaza; pero aclara que este fenómeno no es privativo del municipio, pues se registra en diversos puntos de la entidad y deja a la Fiscalía General del Estado (FGE) la responsabilidad de informar cuáles son los grupos en pugna.

La capital cuenta con 106 policías municipales que, divididos en dos turnos de trabajo (53 cada uno), resultan insuficientes para vigilar y brindar protección a los habitantes de aproximadamente 600 colonias y más de 100 localidades de Chilpancingo; aunque a dichas tareas contribuyen efectivos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y FGE. Un informe oficial sobre la comisión de delitos de alto impacto, con corte al tres de julio, ubicó a Guerrero en el noveno lugar nacional en homicidios dolosos y con un alza incesante de feminicidios.

También es muy alta la incidencia de cruentas balaceras, asaltos a mano armada y extorsiones. Este mes, por ejemplo, inició con el asesinato de dos personas en El Ocotito, comunidad perteneciente al municipio de Chilpancingo, y con el incendio de un vehículo de transporte público de la ruta Chilpancingo-Chilapa, cerca de las 17:00 horas en la ciudad capital.

El 1° de junio, una persona de la tercera edad fue ultimada a balazos en la calle Heliodoro Castillo, de la colonia Vista Hermosa, al oriente de Chilpancingo. En la misma jornada fue asesinado el dirigente transportista Francisco García Marroquín en la avenida Lázaro Cárdenas, una de las más transitadas de Chilpancingo y poco después fueron incendiadas cinco unidades del servicio de transporte público.

El siete de junio, al menos otros cinco vehículos de la ruta Chilpancingo- Petaquillas fueron quemados por hombres armados. Uno de ellos era una combi con número económico 20 que estaba estacionada en la calle principal de la colonia Temixco II; otra tenía el número 76 y fue incendiada en la colonia Cooperativa; la misma suerte corrieron un taxi marcado con el número 70, estacionado en la calle Niños Héroes del barrio de San Antonio; y otro con número 98 en la carretera federal México-Acapulco, a unos 300 metros de la entrada al poblado de Petaquillas.

También fue incendiado el negocio Gravita 22, ubicado sobre el andador Zapata, en pleno centro de Chilpancingo, cuyo propietario anunció el cierre definitivo de su negocio después de haber brindado 20 años de servicios comerciales a la población.

El ocho de junio, Tomás “N” fue asesinado a balazos en la Nave 3 del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, frente a decenas de personas que ese día realizaban sus compras. El día nueve, dos repartidores de pollo, que salían en una camioneta del estacionamiento de carga y descarga de este mercado, fueron baleados; en el atentado falleció el conductor del vehículo, mientras su acompañante resultó ileso.

Una hora después de este ataque, alrededor de las 15:00 horas, un joven de aproximadamente 17 años fue asesinado a balazos afuera de su casa, en la calle Benito Juárez de la colonia Vista Hermosa, al poniente de Chilpancingo.

Durante la mañana del sábado 11 de junio, una jovencita de 14 años y cinco personas más fueron asesinadas en Chilpancingo por un grupo armado que irrumpió en una granja distribuidora de pollo donde trabajaban. En el ataque, registrado a las nueve de la mañana también resultaron heridas cuatro personas que requirieron hospitalización.

Según las versiones policiacas, los hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra los trabajadores, quienes estaban por salir a repartir pollos a distintos negocios. En un breve boletín, la FGE informó que había iniciado una carpeta de investigación.

Estos hechos ocasionaron que, durante tres días consecutivos, el comercio de pollo de los principales mercados de Chilpancingo –entre ellos los 40 locales del Baltazar R. Leyva Mancilla; el de la colonia PRI, el del barrio de San Francisco y el Juan Alarcón Hernández de la colonia Guerrero– suspendieran sus ventas de este alimento por temor a ser víctimas de nuevos ataques.

Ataques al alza

El 13 de junio, el chofer de un camión de volteo fue asesinado a tiros en la calle Cerro de las Estrellas de la colonia Omiltemi, en el poniente de Chilpancingo. El 17 atacaron al exfiscal regional de la zona Centro, Marco Antonio Contreras Meléndez y al extitular de la Agencia del Ministerio Público de Iguala y exdirector de Averiguaciones Previas, Jesús Emmanuel Sandoval Menes, en el fraccionamiento Valle Dorado, a un costado del cauce del río Huacapa, entre el Instituto Tecnológico de Chilpancingo y la sede del gobierno estatal. Ambos fallecieron cuando eran trasladados para recibir atención médica.

El 26 de junio, un joven de 22 años fue asesinado a balazos afuera de su domicilio, ubicado en el andador 11 de Enero, en los límites de las colonias Guerrero y Alianza Popular. El cuerpo quedó sobre las escaleras de su vivienda, que compartía con su esposa y su pequeña hija. Dos días después, en el mismo sitio y a solo unos metros de donde éste había sido victimado, fue atacado otro joven de aproximadamente 25 años.

En la barranca de Apatzingo, el día 27, fue asesinado a golpes un hombre que estaba atado de pies y manos; y fueron encontrados tres cuerpos en estado de descomposición (dos mujeres que tenían reporte de desaparecidas en la FGE y un hombre) en la cisterna de una vivienda ubicada en la colonia Indeco.

En la mañana del siete de julio, pobladores de la comunidad Petaquillas detuvieron a un convoy de tres vehículos militares para exigir al gobierno estatal la autorización de un módulo de seguridad de autodefensas, a la altura del fraccionamiento Virreyes. Esto ocurrió luego de que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecilia Salgado Pineda, informara que se instalaría una Base Mixta de Operaciones en el tramo Chilpancingo-Petaquillas para contener la violencia.

Más tarde se registró un fuerte despliegue de policías, militares y elementos de la Guardia Nacional en la entrada del poblado; y después de una ríspida reunión fueron liberados los soldados a la 22:00.

El primer día de este mes fueron ejecutadas tres personas y fueron incendiadas tres unidades del transporte público de las rutas Chilpancingo-Chilapa de Álvarez, Chilpancingo-Colotlipa y Chilpancingo-Tlacotepec.

El dos de julio, en lugar de buscar solución a los graves problemas de violencia que enfrenta el municipio, la presidenta Norma Otilia Hernández encabezó, en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, un tumultuario festejo por los cuatro años del triunfo de Morena en 2018, que también gobierna Acapulco y Chilpancingo, los dos municipios más relevantes de Guerrero, uno por su fuerza económica y política y el otro por ser asiento de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Pero la actitud indolente de la alcaldesa de Chilpancingo frente al alza imparable de la violencia delictiva es solo reflejo de las prácticas de simulación e improvisación de las autoridades estatales y federales, en específico de la fallida política de “abrazos no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pese al temor y la inconformidad de la población mexicana, que exige seguridad.

Al respecto, Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), reveló que avisó a las autoridades sobre la situación de violencia que se avecinaba en Chilpancingo; pero que no le hicieron caso ni tomaron las previsiones necesarias para evitarla.

Sin embargo, aclaró que la delincuencia no camina si no hay un acuerdo con las autoridades, porque siempre hay complicidad entre éstas y los delincuentes con base en negocios. Por ello, puntualizó, la delincuencia ya se apoderó de la capital del estado y empezó a controlar el transporte público (taxis y combis), mercados, precios del pollo y de otros artículos; además de que han aumentado las extorsiones, los secuestros y homicidios debido al tráfico de drogas.

Bruno Plácido aseveró que las autoridades locales saben quiénes son los responsables de cometer ilícitos, pero que no hacen nada.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Alfredo Sánchez Esquivel, afirmó que se replantea la asignación de recursos en el rubro de seguridad pública para que haya suficientes elementos y patrullas; pero reconoció que es palpable que la estrategia no está dando los resultados esperados.

Y aunque expresó su apoyo a la estrategia del Presidente, el diputado local reveló, en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, que “la violencia se combate trabajando todos los días y haciendo todo para que las cosas cambien, tenemos que actuar gobierno y sociedad para evitar que la inseguridad continúe creciendo”.

Discursos triunfalistas como el del diputado Alfredo Sánchez o el de la alcaldesa de Chilpancingo –¡justo cuando la capital del estado se encuentra en llamas y llegaban 300 agentes de la Guardia Nacional para apoyar a las autoridades locales de seguridad pública!– hallaron contradicción en el clero católico de Guerrero.

Balazos superan a “los abrazos”

En efecto, fue el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien salió al paso del triunfalismo oficial y advirtió a los gobiernos de Morena que si siguen los ataques contra sacerdotes, el pueblo les dará la espalda; además, les pidió que revisen sus estrategias de seguridad porque los balazos han superado a los abrazos.

Rangel Mendoza mencionó que el aumento de la violencia en México significa que la estrategia del Gobierno Federal no funciona; y respaldo el llamado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al Presidente para que revise las estrategias de seguridad “porque nos superaron los balazos”.

Con respecto al llamado a realizar oraciones en masa por la paz advirtió que quien debe decidir esto, en la diócesis Chilpancingo-Chilapa, es el obispo José de Jesús González Hernández; ya que él, como obispo emérito, no tiene injerencia en esas decisiones.

Respaldó la iniciativa de la CEM para que todas las diócesis del país celebraran una misa el domingo 10 de julio en memoria de los sacerdotes asesinados en el país; consideró positivo hacer conciencia de la realidad sobre el alto número de crímenes e impunidad en que hay en el país; y recordó que en Guerrero han sido asesinados al menos ocho sacerdotes en la última década, además de que siguen las extorsiones a las iglesias.

Con respecto a si los sacerdotes inducirán a sus feligreses a no respaldar a Morena, reveló que tienen prohibido hablar a favor o en contra de políticos; pero es simple: “los grandes valores de la gente sencilla son la fe y la familia, por tanto, si el gobierno de Morena sigue atacando a la familia aprobando abortos, eutanasia, si no actúa contra el crimen y siguen asesinando, la misma gente se les va a voltear”.

La crítica situación de inseguridad que se vive en Chilpancingo puede calificarse como catastrófica; ciudadanos, comerciantes y transportistas sufren extorsiones que dificultan la distribución normal de artículos de primera necesidad, como ocurre con el pollo.