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Las elecciones del dos de junio en Baja California Sur (BCS), donde se disputarán 26 posiciones políticas locales y cinco federales, tienen el principal desafío de elevar la participación ciudadana en las urnas, ya que en 2021 ésta representó únicamente 49 por ciento.
Otro reto para las autoridades civiles y electorales consiste en evitar que la alta incidencia delictiva en algunos de los cinco municipios se evidencie en lo que resta de la campaña política y el día de la elección; aunque hasta ahora sólo un postulante ha sido violentado físicamente.
En los comicios del primer domingo de junio se elegirán nuevos presidentes municipales en Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto; cinco sindicaturas, 48 regidurías y 21 diputaciones locales, de las cuales 16 son de mayoría relativa y cinco de representación proporcional; los cargos federales en disputa son tres senadurías y dos diputaciones.
Morena gobierna actualmente en tres municipios (Comondú, La Paz y Los Cabos) y el Partido Acción Nacional (PAN) dos, Mulegé y Loreto. De las 21 curules de la XVI Legislatura de la Cámara de Diputados local, Morena tiene nueve; cuatro el Partido del Trabajo; tres el PAN; legisladores independientes y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y FxM tienen una, respectivamente.
Para la primera fórmula del Senado, los partidos Morena, PT y Verde Ecologista de México (PVEM) postularon a Lucía Trasviña Waldenrath; el bloque PAN-PRI-PRD a Susana Zatarain García y Movimiento Ciudadano (MC) a Álvaro de la Peña. Y para la segunda fórmula compiten Homero Davis Castro (Morena-PT-PVEM), Antonio Manríquez (PAN-PRI-PRD) y Maritza Muñoz (MC).
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) informó que de las 676 solicitudes para candidaturas propietarias y suplentes, 391 fueron de mujeres, 283 de hombres y dos de LGBTQ+.
Sinia Álvarez Ramos, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, informó que son 613 mil 595 ciudadanos que podrán ejercer su voto, de los cuales 300 mil 223 son mujeres y 313 mil 372 hombres. Confió en que se espera el voto del 60 por ciento de los electores y que se supere la votación de 2021.
En los comicios de hace tres años, cuando Víctor Castro Cosío, candidato de la coalición Morena-PT, ganó la gubernatura con 125 mil 736 sufragios, votaron 270 mil 352 ciudadanos, cifra equivalente a 49.41 por ciento del número de electores empadronados.
Durante ese proceso había 561 mil 648 electores en el padrón; pero únicamente 279 mil 886 votaron, de los cuales ocho mil 455 fueron anulados. Este número situó a BCS abajo del promedio nacional de participación ciudadana, que alcanzó 52.66 por ciento, reveló Sinia Álvarez Ramos.
En Los Cabos, el municipio con mayor cantidad de electores, votaron 98 mil 515 personas de un listado nominal de 234 mil 803 (41.22 por ciento); en La Paz, 113 mil 418 de 215 mil 389; en Mulegé, 23 mil 35 de 42 mil 624; en Comondú, 32 mil 232 de 56 mil 125; y en Loreto, siete mil 945 de 12 mil 707 (62.66 por ciento).
A pesar de contar con un mayor listado nominal, en Los Cabos, la participación fue de poco más de cuatro de cada 10 ciudadanos, mientras que en Loreto, con menor listado nominal, la participación fue de más de seis de cada 10 ciudadanos.
Preocupación por los jóvenes
Durante su visita a La Paz, Paola Casso, escritora del libro WTF con tu voto, dirigido a jóvenes, advirtió que es necesario estimular la participación de los jóvenes en la política y lo hizo con argumentos de contenido crítico como el siguiente:
“Creo que hay que incidir en ellos, hacerles ver que si ellos no se involucran, no sólo yendo a votar, sino también como candidatos para modificar las políticas públicas y cambiar la percepción que tienen de la clase política, donde se ven casos de nepotismo y de corrupción, las cosas no van a cambiar”.
El abstencionismo de los jóvenes sudcalifornianos fue de 44.8 por ciento en la elección de 2021; y se unió a las entidades con menor asistencia electoral juvenil del país junto a Chihuahua, Guanajuato, Durango, Sonora y Baja California.
El padrón electoral a nivel nacional cuenta con más de 98 millones de ciudadanos, de los cuales 36 millones son jóvenes de entre 18 y 35 años (40 por ciento), pero su profunda apatía político-electoral se manifiesta a lo largo del territorio nacional.
En BCS, según un estudio de opinión, se espera que el 35 por ciento de los jóvenes empadronados se abstenga de acudir a las urnas; y la vocal ejecutiva del IEEBCS previó que se trabaja para incrementar la participación de los jóvenes en el proceso del dos de junio. Del grupo de jóvenes de 19 años, el 39.7 por ciento participó en las elecciones de 2021, mientras que en el de 20 a 24 años la participación fue del 34.8 por ciento. En contraste con la pasividad juvenil, el grupo con mayor participación fue el de los adultos mayores de 65 a 69 años, con el 68 por ciento.
El desinterés de los jóvenes por la política fue confirmado por un sondeo reciente, en el que 60 por ciento de los entrevistados reconoció no estar informado con detalle sobre las propuestas electorales debido a que son ajenas a los asuntos de su interés personal.
Con respecto a la intención de voto, seis de cada 10 afirmaron que asistirán a las urnas; y el 40 por ciento restante se mostró dudoso o indeciso, aunque evitó expresar que se abstendrá de sufragar.
Alejandro Palacios Espinoza, consejero-presidente del IEEBCS, informó que cuatro o cinco de las acciones emprendidas para fomentar la participación ciudadana están enfocadas específicamente a la juventud.
Entre ellas está la aplicación móvil interactiva APPrende INE, que ofrece información educativa sobre temas electorales mediante una interfaz intuitiva, atractiva y lúdica con contenido multimedia, con la que se busca facilitar la formación de ciudadanos bien informados y capaces de votar reflexiva y libremente.
La violencia electoral
El informe Democracia Vulnerada, elaborado por periodistas y organizaciones civiles, reveló que la violencia física o verbal contra los actores políticos provoca una disminución del tres por ciento sobre la participación ciudadana e incrementa al uno por ciento la ausencia de funcionarios de casilla.
El segundo reporte de la violencia electoral registrada durante las campañas políticas nacionales de este año, señala que a principios del mes de abril se habían cometido 157 agresiones contra aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral.
Cincuenta y una de las agresiones significaron la muerte para los agraviados; 27 de éstos fueron candidatos, nueve secuestrados, 22 heridos y 75 amenazados. Una de las víctimas mortales más recientes fue Noé Ramos Ferretiz, quien buscaba su reelección como presidente municipal de Mante, Tamaulipas.
El INE había recibido hasta entonces 99 solicitudes de protección, había aprobado 74 y 14 de éstas fueron otorgadas porque los aspirantes se hallaban en el máximo nivel de riesgo.
Un estudio del Laboratorio Electoral concluyó que el número de víctimas fatales en este proceso electoral ya superó la cifra de aspirantes asesinados en el proceso de 2018, cuando se registraron 43 y se acercó a la del 2021, cuando se contabilizaron 88, de los que 30 fueron candidatos y precandidatos.
El pasado viernes 19 de abril se registró en BCS el primer incidente violento relacionado con el proceso electoral, cuando Rogelio Núñez Drew, coordinador de campaña de la candidata del partido FxM, Yusahara Álvarez Manríquez, en el IV Distrito local, fue privada de su libertad por varios encapuchados.
La candidata informó, a través de la red social Facebook, que tres sujetos, aparentemente acompañados por una mujer, se llevaron de su casa por la fuerza a su colaborador, en la colonia Indeco. Horas más tarde y con múltiples lesiones, éste fue localizado cerca de la presa La Buena Mujer.
El 10 de abril, Saúl González Núñez, Secretario General de Gobierno del Estado, había anunciado un protocolo de seguridad electoral para Álvarez Manríquez, para Manuel Ruíz Moreno, candidato a diputado del III distrito, y que la misma protección se brindaría a los aspirantes en situación de riesgo.
El miércoles 24 de abril, el titular de la Fiscalía General del Estado informó la aprehensión de Luis Fernando “N” como probable responsable del secuestro violento ocurrido el 19 de abril en un domicilio de la colonia Indeco de la capital del estado.
En conferencia de prensa detalló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima, una persona del sexo masculino, fue sacada a la fuerza de su domicilio y subida contra su voluntad a un vehículo en el que fue golpeada y conducida a un lugar despoblado, donde horas más tarde fue abandonada y localizada con vida.
El Fiscal General, sin embargo, afirmó que este incidente no guardaba relación alguna con el proceso electoral; y en cuanto a los protocolos de seguridad aclaró que son las autoridades electorales las que determinan a quiénes se brindan las medidas de protección.
“En cuanto al protocolo de seguridad electoral, efectivamente fue activado, y hay una solicitud ahí de que se realizó por parte de una agrupación política. Sin embargo, esa información corresponde a la instancia competente en este caso. La Secretaría General de Gobierno lleva la construcción del protocolo de seguridad electoral, no nosotros”, señaló el funcionario.
Este caso sorprendió a los sudcalifornianos debido a que el escenario de violencia delictiva en la entidad se encuentra muy alejado de la realidad descrita recientemente por el gobernador Víctor Castro, quien presumió una reducción importante en el número de homicidios.
Además, porque cuando se iniciaron las campañas políticas en BCS, no se contaba con un protocolo de seguridad electoral y quien propuso su habilitación fue el consejero-presidente del IEEBCS, Alejandro Palacios Espinosa, a pesar de que la entidad no figura entre los estados con mayores problemas de esta naturaleza.
Pero lo que sí preocupa a los sudcalifornianos son las cifras alarmantes de agresiones, asesinatos, secuestros y amenazas, que podrían incidir en el proceso democrático del próximo dos de junio.
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Sus integrantes se comprometieron a cumplir con los procedimientos que permiten la integración de liderazgos políticos de mujeres.
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Escrito por Rocío Casas .
Colaboradora