Las presas se vacían más rápido de lo que las lluvias pueden recuperarlas, las ciudades dependen de sistemas limitados y los ciclos de sequía se han vuelto la norma. Esta situación ha sucedido durante los últimos años en diversas entidades del norte de México y afecta el abasto a ciudades completas y a la producción agrícola nacional.

El histórico Tratado de Aguas de 1944 –que durante décadas funcionó sin mayores conflictos– enfrenta ahora una realidad que sus diseñadores jamás imaginaron: la región que debía aportar el agua a Estados Unidos (EE. UU.) simplemente ya no la tiene.

Entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se convirtieron en epicentros de una crisis que cuestiona la viabilidad del tratado y revela los límites ecológicos que hoy definen el futuro del río Bravo, según datos científicos, informes y testimonios de la región.

El Tratado de Aguas de 1944 entre México y EE. UU. fue concebido en un contexto totalmente diferente al de ahora: cuando la demanda de agua en ambos países resultaba mucho menor, el cambio climático no representaba una preocupación mundial y las cuencas hidrológicas se mantenían estables. Sin embargo, 80 años después, ese acuerdo se sostiene todavía en el marco legal regulatorio que entrega el agua de los ríos fronterizos aunque las condiciones climáticas, demográficas y económicas hayan cambiado drásticamente.

En el norte de México, el crecimiento industrial y agrícola, la sequía extrema y la sobreexplotación de acuíferos redujeron históricamente la disponibilidad de agua. Estados como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León enfrentan niveles críticos en presas y ríos que antes eran estables. En este escenario, cumplir con los volúmenes establecidos en 1944 se vuelve no solamente complicado, sino en muchos casos materialmente imposible. Lo que en el Siglo XX parecía un acuerdo equilibrado, en el XXI funciona como una carga desproporcionada que presiona a regiones ya debilitadas por la escasez.

Así, el problema central no radica en la voluntad política de México para cumplir el tratado, sino en la realidad ambiental: el norte se está secando y las reglas del acuerdo no contemplan esta transformación climática. El tratado no fue diseñado para responder a sequías extremas, variaciones impredecibles en los caudales o a las necesidades de casi 40 millones de habitantes que hoy dependen del agua fronteriza.

A pesar del panorama, el gobierno estadounidense insiste en que México debe entregar casi 250 millones de metros cúbicos de agua. En este sentido, la vigencia del tratado abrió un debate diplomático y técnico sobre su actualización sustentado en que el agua ya no alcanza.

Información proveniente de sistemas oficiales de monitoreo hidrometeorológico y declaraciones públicas de autoridades locales y federales, reportes semanales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), particularmente el Monitor de Sequía en México y los Boletines de Almacenamiento de Presas evidencian bajos niveles de presas y escurrimientos en la cuenca del río Bravo durante sequías.

En el contexto binacional se consultaron registros y comunicados de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC), encargada de la operación técnica del Tratado de 1944.

Agoniza la presa La Amistad

Aunque Coahuila rara vez aparece en el centro del debate nacional sobre la sequía, los datos hidrológicos recientes muestran que debería ocupar un lugar prioritario. La presa La Amistad, infraestructura binacional construida para controlar avenidas del río Bravo y garantizar agua tanto para México como para EE. UU. atraviesa una crisis que tensa no sólo el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, sino también la seguridad hídrica de toda la región fronteriza.

Durante 2025, La Amistad alcanzó niveles críticos de almacenamiento que fluctuaban entre 32 y 36 por ciento de su capacidad, cifras que representan uno de los registros más bajos en décadas. Esta reducción no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores: variaciones climáticas extremas, disminución estructural de las aportaciones naturales, sobreexplotación de escurrimientos y una demanda creciente que no ha sido acompañada por una cobertura equivalente de nuevas fuentes de abastecimiento.

La contribución de la presa al río Bravo, ya de por sí limitada por la sequía prolongada, cayó alrededor de 40 por ciento respecto al promedio histórico, lo que agrava la tensión entre los usos agrícola, urbano e industrial del agua. Esta caída en las aportaciones repercute directamente en municipios como Ciudad Acuña, Piedras Negras, Jiménez y Zaragoza, localidades que actualmente se encuentran en situación de estrés hídrico severo. En estos territorios, el suministro, la calidad del agua y la continuidad del servicio se convirtieron en retos cotidianos.

A esta situación se suma un factor demográfico: el crecimiento poblacional de más del 14 por ciento en la última década. Sin inversiones significativas en nuevas fuentes de abastecimiento. La demanda supera de manera sostenida la capacidad del sistema hídrico.

La Amistad abastece a cientos de miles de personas en la franja fronteriza, por lo que cada disminución en su nivel compromete directamente el derecho humano al agua. Destinar líquido de esta presa al cumplimiento de compromisos internacionales con EE. UU., ya no es un asunto estrictamente diplomático porque se convierte en un riesgo real para el abasto humano local, que afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables.

La situación de Coahuila ilustra cómo la crisis hídrica del norte de México rebasa los indicadores técnicos y se convierte en un desafío geopolítico, social y humano. La presión sobre La Amistad y el deterioro acelerado del sistema hidrológico del río Bravo muestran que los acuerdos diseñados en el Siglo XX, se contradicen con la realidad climática y demográfica actual que en nada se parece a la de hace 80 años.

Chihuahua: el epicentro de la sequía extrema

Si existe un territorio en México donde la aplicación del Tratado de Aguas de 1944 se vuelve prácticamente inviable, es Chihuahua. El estado ya se convirtió en el epicentro nacional de la sequía extrema, un espacio donde los efectos del cambio climático, la presión agrícola y el agotamiento histórico de los recursos hídricos convergen en un escenario crítico sin precedentes.

Durante 2025, entre 82 y 87 por ciento del territorio chihuahuense enfrentó condiciones de sequía extrema, de acuerdo con los sistemas oficiales de monitoreo hidrometeorológico. Esta categoría implicó no sólo ausencia prolongada de lluvias, sino también daños severos y acumulativos sobre suelos, vegetación y cuerpos de agua. En algunos municipios –como Delicias, Camargo, Meoqui, Rosales y Jiménez– la emergencia escaló a sequía excepcional; la clasificación más grave, asociada históricamente con colapsos productivos, como las crisis alimentarias locales.

Los embalses estratégicos del estado evidencian la magnitud del deterioro. La presa La Boquilla, el sistema de regulación más importante para el Distrito de Riego 005, operó en niveles de apenas 18 a 22 por ciento durante el año. La presa El Granero cayó alrededor de 10 por ciento, mientras que Las Vírgenes, una de las más presionadas por la agricultura, se mantuvo entre 15 y 19 por ciento. Estas cifras son inusuales, inclusive para un territorio acostumbrado a la aridez: representan una incapacidad estructural del sistema para garantizar agua a los usuarios.

El Distrito de Riego 005 es el corazón agrícola de Chihuahua. Miles de pequeños productores cultivan nogales, alfalfa, maíz y forrajes para el ganado, actividades que históricamente han sostenido la economía regional. Sin embargo, la disponibilidad hídrica se ha deteriorado tanto que, en los últimos cinco años, los ciclos agrícolas debieron reducirse en más de 50 por ciento: lo que antes era una planificación de riegos relativamente estable, ahora es un ejercicio anual de supervivencia.

La crisis hídrica escaló a un conflicto social cuando en 2020 intervino la Guardia Nacional, que tomó el control de presas locales para asegurar el envío de agua a EE. UU., pobladores se opusieron y resultado del abuso del cuerpo de seguridad, fallecieron dos mujeres agricultoras.

La sequía en Chihuahua no es un fenómeno pasajero: es una crisis estructural que redefine el futuro de sus comunidades y cuestiona la viabilidad de acuerdos internacionales diseñados para aquellos años, pero no para la actualidad.

Nuevo León: una metrópoli que ya conoce la escasez total de agua

La crisis hídrica en Nuevo León se convirtió en uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo la urbanización acelerada, la expansión industrial y la mala gestión del agua pueden converger en una situación de vulnerabilidad extrema. La ciudad vivió en 2022 un episodio de desabasto que capturó la atención nacional: la zona metropolitana de Monterrey –una de las más industrializadas y pobladas del país– se quedó prácticamente sin agua durante semanas.

A pesar de la magnitud del problema y de los esfuerzos gubernamentales posteriores, los niveles de disponibilidad hídrica en 2025 no lograron normalizarse. El sistema de presas que abastece a la metrópoli presenta niveles promedio alarmantemente bajos, que se ubican entre 35 y 45 por ciento de su capacidad total.

Las cifras internas del sistema son aún más reveladoras: la presa Cerro Prieto, históricamente crítica, opera apenas con 20-25 por ciento, mientras que La Boca conserva el 35 por ciento. Únicamente El Cuchillo presenta un nivel relativamente estable entre 55 y 60 por ciento; pero esta relativa estabilidad resulta insuficiente para sostener a una población urbana que supera ya los cinco millones de habitantes.

Uno de los aspectos más problemáticos consiste en la persistencia de proyectos inconclusos o mal dimensionados, como la ampliación conocida como El Cuchillo II. Aunque fue presentada como una solución integral, su contribución real al sistema hídrico es limitada. El proyecto no genera agua nueva ni incrementa la recarga natural de los cuerpos existentes; únicamente aumenta la capacidad de traslado, no la de almacenamiento o producción del recurso. Esto revela la tendencia de priorizar obras de infraestructura rápida antes que políticas de gestión sostenible, captación pluvial, control del crecimiento urbano o regulación industrial; todas son necesarias para enfrentar una crisis de esta magnitud.

En este contexto, los planteamientos que sugieren la posibilidad de desviar agua de Nuevo León hacia compromisos externos –incluyendo los establecidos en tratados internacionales– se vuelven impensables técnica, política y socialmente. Diversos testimonios coinciden en que la disponibilidad de agua será un tema crítico paulatinamente, sin solución clara en el horizonte inmediato.

La presión social también es creciente. Monterrey, donde prevalece el desarrollo industrial, requiere grandes cantidades de agua, mientras que la ciudadanía muestra particular sensibilidad hacia cualquier intento de redistribuir el recurso fuera del estado. En términos sociopolíticos, Nuevo León no puede otorgar un litro más sin arriesgar su propia estabilidad interna.

Si la crisis de 2022 fue simplemente un aviso, los datos de 2025 confirmaron que la problemática persiste y que se necesita una profunda transformación en la manera de gestionar el recurso hídrico antes de que la ciudad enfrente nuevamente un colapso total.

Tamaulipas: la presa Falcón al borde del colapso

La crisis hídrica en Tamaulipas presenta su punto más crítico en la presa Falcón, infraestructura estratégica para el riego y el abastecimiento en la zona fronteriza. En 2025 registró niveles de almacenamiento entre 17 y 22 por ciento, cifras que reflejan un estado de colapso operativo.

La baja disponibilidad de agua arriesga más de 70 mil hectáreas agrícolas, que afecta especialmente a los municipios de Miguel Alemán, Camargo, Mier y Díaz Ordaz. Entre los ciclos 2024-2025, la región perdió entre 30 y 45 por ciento de su producción agrícola, comprometiendo el sustento de miles de familias y debilitando la economía local.

Ante este panorama, algunos grupo de agricultores del estado advierten que “la presa se está muriendo” y temen que, si México intenta cubrir el déficit del Tratado de Aguas tomando más agua de Falcón, la zona podría quedar totalmente improductiva. El caso de Tamaulipas ilustra la fragilidad del norte de México ante la sequía extrema y los límites cada vez más visibles de la infraestructura hídrica del país.

¿Por qué el tratado se volvió imposible?

El cumplimiento del Tratado de Aguas con EE. UU. se ha vuelto prácticamente imposible porque las regiones del norte, que históricamente aportaban el volumen requerido, hoy atraviesan una crisis hídrica estructural sin precedentes. La combinación de sequías extremas, sobreexplotación y colapso de la infraestructura redujo drásticamente la disponibilidad real de agua.

Las declaraciones de las autoridades de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y del propio Gobierno Federal coinciden en un punto fundamental: el Tratado de Aguas de 1944 enfrenta su mayor crisis desde que entró en vigor. No porque exista un desacuerdo diplomático, ningún funcionario menciona su vigencia, renegociación o temporalidad, sino porque simplemente ya no hay agua suficiente para cumplirlo.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, afirmó: “Nadie está obligado a lo imposible, pues si no hay agua, no hay forma”. Su estado acumula cuatro años de sequía extrema y pérdidas ganaderas. La postura es clara: colaborar sí, sacrificar a la población, no.

En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez adoptó una línea similar. Tras la advertencia del ayuntamiento de Acuña sobre el riesgo de vaciar la presa La Amistad, Jiménez aseguró que su gobierno se solidariza con la población fronteriza y dijo que no permitirá operaciones comprometedoras para el abasto de Acuña o Piedras Negras. La defensa del agua se convierte, aquí también, en una prioridad política y social.

Desde Nuevo León, Samuel García insiste en que la presa El Cuchillo “no entra en el Tratado” y que su agua debe permanecer en México. Aunque su mensaje es más jurídico que climático, el trasfondo es el mismo: el estado no puede ceder recursos que ya son insuficientes para su propia población.

Estas declaraciones dibujan una realidad contundente: el problema es hídrico. La región no rechaza el acuerdo, rechaza la idea de sacrificar presas y acuíferos que ya están en números rojos. Las autoridades, desde la frontera hasta la capital, evitan hablar del plazo o la vigencia porque la discusión ya no es técnica, sino de supervivencia local.

El norte de México no está a debate, está al límite. Y el Tratado, aunque es vigente, se ha vuelto, en palabras de sus propios gobernadores, materialmente imposible.

Sin embargo, desde el año pasado Donald J. Trump exige que México entregue más de mil millones de metros cúbicos de agua pertenecientes a la cuenca del río Bravo que corresponden al déficit acumulado en el ciclo 2020-2025 del Tratado de Aguas de 1944.

Así, según la evidencia reunida, apunta hacia una conclusión incómoda pero ineludible: el Tratado de 1944 ya no opera en las condiciones ambientales para las que fue diseñado. La lógica original –una región con ciclos relativamente estables, presas funcionales y una presión demográfica muy inferior– fue rebasada por una realidad en que el norte de México enfrenta su peor crisis hídrica en décadas.

Chihuahua vive una sequía estructural que hace inviable cualquier extracción adicional; Coahuila alerta que ceder agua significaría comprometer el abasto urbano de ciudades completas; Nuevo León apenas sostiene la demanda de su zona metropolitana; y Tamaulipas observa cómo sus presas internacionales se vacían más rápido de lo que pueden recuperarse. El mapa hídrico del norte ya no permite margen de maniobra.

A ello se suma que todas las autoridades consultadas (independientemente del partido) subrayan que la prioridad absoluta consiste en proteger el agua para consumo humano. Coinciden en que el límite ya se tocó. Sólo la Presidenta ha insistido en que México debe cumplir con el tratado, aun cuando reconoce que se buscan “alternativas” para hacerlo ante la falta de agua disponible. 

Así, el 22 de diciembre, el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó agua a EE. UU. para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944. Abrió las compuertas de la presa El Cuchillo, ubicada en Nuevo León y desfogó cien millones de metros cúbicos de agua; según la mandataria, la entrega de agua no afectará el riego para el ciclo agrícola de 2026.