La empresa de telecomunicaciones Altán Redes se sumará a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la explosiva herencia financiera de este gobierno a la próxima administración federal, porque ambas están en quiebra técnica y son un barril sin fondo alimentado con dinero público.

En camino similar va la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con su filial Telecomunicaciones e Internet para Todos (TIT), creada para dar acceso gratuito a conexiones digitales y que el pasado nueve de marzo obtuvo una concesión para alquilar su red de cables de fibra óptica (que, además de electricidad, pueden transmitir imagen, voz y datos) a terceras empresas, un modelo de negocios parecido al que llevó a la quiebra a Altán en 2021.

La CFE entró a este giro, según especialistas en finanzas, tras las enormes pérdidas que ha tenido en años recientes debido al empeño del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en generar el 50 por ciento de la electricidad que se produce con carbón mineral, en vez de hacerlo con energías limpias (hidráulica, solar, eólica) que son mucho más baratas.

Desde la reforma constitucional de 2014 en materia energética, Pemex se define legalmente como una empresa productiva del Estado, que ahora debe 110 mil millones de dólares (mdd), es la compañía petrolera más endeudada del mundo y sus ingresos son tan reducidos que le impiden invertir en nuevos proyectos y mejorar su seguridad industrial, razón por la que, con frecuencia, sufre accidentes.

Se ha mantenido a flote con transferencias de dinero público; en 2024 recibirá 145 mil millones de pesos (mdp). Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) sobre el estado financiero de Pemex, publicado el 31 de julio, revela que entre 2019 y el segundo trimestre de 2023, el gobierno la había nutrido con 1.32 billones de pesos.

En la misma situación se halla la empresa Altán Redes, que tampoco ha logrado generar recursos suficientes para sostener sus operaciones, liquidar los más de mil 700 mdd que debe y menos para invertir.

Su proyecto original consistía en ampliar la red nacional de telecomunicaciones propiedad del Estado, lo que había iniciado en marzo de 2018; pero en julio de 2021 se fue a la quiebra; y en 2022 fue rescatada con cargo al erario.

A diferencia de Pemex, que recibe aportaciones directas del erario, Altán se mantuvo a flote con “créditos” de la banca de desarrollo, principalmente de Nacional Financiera (Nafin), del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y del Banco de Obras y Servicios (Banobras).

Antes de su quiebra de 2021 y de su rescate en 2022, Altán Redes ya debía a la banca estatal 13 mil 500 mdp (cuatro mil 200 mdp a Nafin; tres mil 200 mdp a Bancomext y seis mil 100 mdp a Banobras). Al igual que la petrolera, los problemas de Altán se deben a que su plan de negocios es fallido, porque sus servicios no tienen posibilidad de generar ingresos propios y suficientes para cubrir sus operaciones, invertir en el desarrollo del ramo de telecomunicaciones y cubrir su deuda.

Una deuda multimillonaria

En 2022, la banca de desarrollo aportó 161 mdd para rescatar de la quiebra a Altán; y apenas el pasado 19 de septiembre anunció un nuevo crédito de 100 mdd; con éstos habrá recibido “préstamos” de dinero público por cerca de mil mdd, según analistas especializados.

El 20 de septiembre, en una entrevista para Imagen-radio, Fernando Borjón, consultor en Acces Partnership, explicó que la banca de desarrollo ha otorgado créditos a Altán por 951 mdd: el primero fue por 690 mdd para comenzar el proyecto de Red Compartida, equivalente al 30 por ciento de la inversión calculada para ese desarrollo.

“Quizá el tema aquí preocupante es cómo se está incrementando la deuda del lado de la banca de desarrollo de México”, cuestionó el analista, quien explicó que, además de los 690 mdd, los bancos estatales aportaron a Altán 161 mdd en 2022 para que renegociara su deuda, calculada en mil 500 mdd en ese año, y que ahora proyectan otro “crédito” por 100 mdd. “Es decir, serían 951 mdd, 38 por ciento más de lo originalmente planteado”, apuntó Borjón.

El analista coincide con otros expertos en que la viabilidad económica y rentabilidad financiera de Altán, como empresa, están en duda y que, si avanzó en la apertura de puntos de conectividad pública y gratuita en sitios donde no había, “lo cual es loable”, en la comercialización de sus servicios no ha logrado obtener los ingresos necesarios para subsistir.

Coincidió con otros especialistas del sector en que el gobierno de AMLO ha dejado a un lado el impulso a las inversiones que las empresas privadas de comunicación digital (telefónicas, cableras e Internet) puedan hacer para ampliar la cobertura de telecomunicaciones del país en zonas donde no las hay.

Incluso, desde 2019, estas empresas se han quejado de que el gobierno ha incrementado sustancialmente sus tarifas por el uso del “espacio radioeléctrico” en la transmisión de señales de telecomunicaciones, lo que encarece su operación y bloquea sus posibles inversiones en nuevas redes y tecnología, entre ellas la 5G (última generación), hoy estancada en México.

En respuesta a esta actitud, algunas corporaciones que habían obtenido permisos en este sexenio los han devuelto. El caso más destacado es el de la compañía Movistar que regresó todas sus autorizaciones y ahora funciona con la red de AT&T.

Fernando Borjón declaró, en la citada entrevista radiofónica, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha propuesto infructuosamente al gobierno ajustar sus tarifas por el uso del espacio radioeléctrico y acordar con las empresas de telecomunicaciones que inviertan más para ampliar al máximo la cobertura en el país.

Un acuerdo en este sentido permitiría que hubiera más proyectos de inversión privada con sus propias redes en las regiones más marginadas y olvidadas de México; pero no lo han obtenido. “Supongo que el Presidente quiere que las empresas aporten dinero gratis, lo cual no ha sucedido y creo que no va a suceder”, advirtió Borjón.

Altán Redes

Con base en la reforma publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de febrero de 2017, Enrique Peña Nieto presentó a Altán como ganadora del concurso público o licitación para invertir en la ampliación de la red nacional de telecomunicaciones.

La empresa se comprometió a desarrollar una “Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones” para aumentar la cobertura en el país y bajar los costos de los servicios comerciales a los usuarios de zonas marginadas.

En la presentación oficial de Altán estuvo su entonces director, Eugenio Galdón, y representantes de los inversionistas, entre ellos el fondo de pensiones Afore Banamex, las empresas Alestra-Axtel y Megacable y fondos financieros internacionales como Morgan Stanley Infraestructure y Caisse de Dépôt et Placement du Quebec (CDPQ).

La Red Compartida estaría a cargo de una Asociación Pública-Privada (APP) formada por Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), supervisor de la red nacional y la inversionista privada Altán Redes, SAPI de CV.

La Red Compartida aumentaría la cobertura de la red nacional de telecomunicaciones, que en ese momento cubría únicamente 30 por ciento de la población, para alcanzar el 92.2 por ciento entre marzo de 2018 y enero de 2024. Altán invertiría siete mil mdd en la colocación de torres de enlace, cableados y otros equipos.

Para recuperar su inversión, Altán rentaría esta infraestructura durante 20 años a empresas operadoras privadas de cable, telefonía e Internet, las cuales se habían negado a invertir en la instalación de aquélla en zonas rurales pobres, porque no les sería redituable, debido a sus altos costos y a las bajas ganancias.

En sus primeros tres años, Altán conectó a Internet a la población de 111 mil 835 localidades del país de manera pública y gratuita, entre ellas 87 “pueblos mágicos”, cinco mil 509 hospitales y 79 mil 271 escuelas.

Pero la cobranza “se cayó”; las operadoras comerciales no rentaron la Red Compartida con la profusión esperada para que Altán recuperara sus inversiones y en 2021 se fue a la quiebra.

CFE, por el mismo camino

En 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se activó el proyecto de una Red Troncal de la CFE basada en el tendido de kilómetros de cables de “fibra óptica” para transmitir imagen, voz y datos con electricidad. Este plan fue frenado por AMLO en 2019, poco después de que llegara a la Presidencia.

Sin embargo, lo relanzó en 2021 con el nombre de Internet para Todos, por medio de la red eléctrica de la CFE, en que la transmisión de comunicaciones por medio de fibra óptica llegaría gratuitamente a todo el territorio nacional, además de conectarse con la Red Compartida encomendada a Altán.

Actualmente, la CFE enfrenta problemas financieros debido a las enormes deudas que contrajo en los últimos años, y a la reducción de sus ventas de electricidad. Según especialistas, hasta el tercer semestre de 2022, sus pérdidas sumaban 50 mil 700 mdp, monto 76 por ciento mayor al registrado en 2021.

Fue en este momento cuando la CFE se involucró de pronto en un “plan de negocios” muy similar al que llevó a la quiebra a Altán en 2021, el CFE-TIT, que vendería servicios de conexión a su red troncal de fibra óptica a terceras empresas, especialmente en las regiones del país donde las firmas comerciales privadas no han querido invertir.

El nueve de marzo de 2023, la CFE obtuvo una concesión con vigencia hasta el nueve de marzo de 2053 para comercializar su red troncal de fibra óptica a terceros interesados en usarla como servicios comerciales, oferta similar a la del fallido plan de Altán.

Según la CFE, cuenta con 56 mil kilómetros (km) de tendido de fibra óptica y 140 puntos de interconexión, una infraestructura mayor a las redes de algunas firmas como Neutral Networks Even Telecom, que tiene 10 mil km; e Izzi, con 30 mil km; pero menor a la de otras como Megacable Holdings, de 76 mil km; y a la de Totalplay, de 100 mil km.

Pero el principal participante del mercado es Telmex, de Carlos Slim Helú, quien también renta su red de fibra óptica, la cual cubre la mayoría del territorio nacional, y que el 1° de septiembre de 2023 aumentó en casi 200 mil km; así, su cobertura pasó de 360 mil a 550 mil km.

Erick Huerta, coordinador del Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios (CITSC), reveló a buzos que en las comunidades rurales existen 120 pequeñas empresas que ofrecen conexión digital a través de la Red Compartida de Altán y la CFE-TIT, y que éstas se encuentran a la expectativa de conocer la viabilidad económica de las dos compañías, es decir, cuándo alcanzarán su “punto de equilibrio”.

Los especialistas en Administración de Empresas denominan “punto de equilibrio” cuando una compañía logra emparejar sus costos de operación y sus ingresos para luego, a partir de esta base, empezar a obtener utilidades que la hagan rentable o viable económicamente.

“Para poder saber bien a bien cómo vamos, necesitamos tener claridad de cuándo CFE Telecomunicaciones y Altán llegarán a su punto de equilibrio, porque esto es clave para saber si esas empresas, que ahorita tienen un papel muy importante en la conectividad, se sostendrán o no… aquí están involucradas 120 pequeñas empresas, con varios miles de usuarios, que dependen de que esas dos empresas sean viables”, explicó Huerta.

Nacionalización inventada

En otro de sus arranques propagandísticos, AMLO anunció, el 10 de junio de 2022, que su gobierno había “nacionalizado” la quebrada empresa privada Altán para brindar Internet y telefonía gratuita a todos los mexicanos.

Empresas, accionistas y especialistas negaron que fuera una nacionalización; y el 21 de junio de 2022, el IFT aseguró haber aprobado el rescate financiero de la empresa Altán, que se hallaba en quiebra, otorgándole préstamos de la banca de desarrollo (la mayoría), además de proveedores e inversionistas privados.

Ahogada en deudas y sin ingresos suficientes, el 13 de julio de 2021, Altán pidió entrar a un “concurso mercantil” para acordar, con la mediación del Poder Judicial, la forma de pago a sus acreedores, procedimiento que quedó a cargo del juez conciliador Gerardo Sierra Arrazaola y que terminó el tres de noviembre de 2022.

Con el dinero otorgado por la banca de desarrollo e inversionistas particulares, Altán Redes renegoció el pago de mil 500 mdd en adeudos a 119 acreedores; aunque, a decir de analistas financieros, la deuda general, actualmente, es superior a mil 700 mdd.

Para salvar de la quiebra a Altán, en 2022 se creó un Fideicomiso de Garantía en el que se depositó el 100 por ciento de las acciones de la empresa en calidad de “prenda” para asegurar el pago de los créditos otorgados por la banca de desarrollo, proveedores, accionistas de Altán y empresas-cliente de ésta.

A decir del IFT, la banca de desarrollo aportó 161 mdd al fideicomiso, que sumados a otros créditos que ya le debía Altán, permitieron al Gobierno Federal morenista obtener el 61 por ciento de las acciones depositadas en ese fondo, y con ello alcanzó el control temporal de la empresa.

En su informe 060/2022, emitido el 21 de junio de 2022, el IFT detalló que conforme Altán pague sus créditos al Gobierno Federal, ese 61 por ciento de acciones en poder gubernamental se reducirá paulatinamente y será recuperado por los inversionistas privados originales de la empresa Altán Redes.

En 2022, también por gestiones de Altán y del gobierno, el IFT modificó la concesión otorgada a Altán, que establecía como plazo el mes de enero de 2024 para ampliar la cobertura nacional de telecomunicaciones, beneficiando a 92.2 por ciento de la población y la cambió para enero de 2028, sin obligar a la empresa a pagar ninguna multa por su incumplimiento.

El IFT modificó también la vigencia original del contrato de Asociación Pública Privada entre Altán y Promtel, que fijaba una vigencia de 20 años prorrogables y la amplió a 40 años sin prórroga, lapso en que se supone que Altán pagará sus deudas de más de mil 700 mdd, recuperará su inversión inicial de siete mil mdd y obtendrá ganancias.

Según los nuevos plazos fijados por el IFT, el 24 de enero de 2027, Altán deberá alcanzar 85 por ciento de su proyecto y, el 24 de enero de 2028, lograr el total de la cobertura en telecomunicaciones planeado, es decir, conectar al 92.2 por ciento de los mexicanos.

En su tercer informe de revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal de 2022, divulgado en febrero de 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados advirtió que Altán Redes no asegura fechas claras de cuándo alcanzará las metas de conectividad prometidas.