Así lo comentan pobladores, comunicadores y algunos integrantes de la clase política de Oaxaca, que existe una relación muy cercana de ese gobierno estatal, entre ellos el propio gobernador Alejandro Murat y el Secretario de Gobierno, con autoridades locales y el grupo de poder de San Juan Mixtepec.

Hoy, Oaxaca llora a tres campesinos que fueron asesinados el lunes cinco de octubre y la autoridad estatal muestra indiferencia para hacer justicia. Estos crímenes atroces son el eslabón más reciente de una cadena de asesinatos. Hace una década, gente armada de Mixtepec secuestró a 35 campesinos adultos y cuatro niños de Santo Domingo Yosoñama para obligarlos a renunciar a sus derechos sobre la tierra; se probó que Leonel Martínez Sánchez, entonces presidente municipal de Mixtepec, encabezó ese secuestro, que duró 73 días. Como premio a su “hazaña”, Martínez obtuvo la jefatura del Departamento de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) estatal y luego el puesto de Coordinador de la Cruzada contra el hambre de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Huajuapan de Léon.

Otros atentados fueron cometidos el siete de agosto de 2010 contra Simón Antonio Santos; un mes después, el 23 de septiembre, fue asesinado Isidoro Hernández, cuyos restos nunca se recuperaron por sus familiares. A menos de un mes de que Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) asumiera el gobierno estatal, el 24 de diciembre, fue acribillado Miguel Cruz José, líder regional e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista, ataque ocurrido en pleno corazón de Tlaxiaco.

El sábado 14 de diciembre de 2013, tres años después, cerca del paraje Tres Cruces, 11 pobladores de Yosoñama fueron emboscados; los sicarios, además de masacrarlos, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego; una verdadera atrocidad que se realizó al amparo y la protección de los grupos políticos locales y la inacción del gobierno estatal en turno.

Las cosas en el gobierno de Alejandro Murat no han sido diferentes: el ocho de agosto, en el paraje conocido como Rancho Señor, cinco mujeres fueron emboscadas a tiros; las víctimas viajaban en un vehículo compacto y, cuando se hallaban en las inmediaciones de Tres Cruces, fueron asesinadas con armas de fuego a distancia. Estos hechos también han quedado impunes.

Y como si fuera un pretexto para nuevas agresiones, el 25 de junio de este año, se informó del presunto secuestro del agente municipal Erick López Santiago, hecho que activó, casi de inmediato, las agresiones contra los habitantes de Yosoñama. Los ataques de Mixtepec son tantos, que hasta el arzobispo de Oaxaca, Pedro Vázquez, los ha condenado y su emisión contrasta con la indiferencia del gobierno estatal. Erick López pareciera ser el operador local de las agresiones, sobre todo porque, en sus declaraciones abiertas, culpa a los habitantes de Yosoñama.

Los hechos criminales más recientes sucedieron el pasado lunes cinco de octubre, alrededor de las 7:30 de la mañana, en el paraje El Mirador. Un grupo de cinco comuneros que iba a realizar sus labores del campo fue sorprendido por sicarios de San Juan Mixtepec; el saldo criminal fue la muerte de Crescencio Sanjuán González, de 38 años; Constantino José González, de 61 y Jorge Sanjuán González, de 30. Hubo, además, dos heridos que ahora se debaten entre la vida y la muerte.

Las autoridades estatales habían sido alertadas desde el 1° de octubre por Reynaldo Ventura Guzmán, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del núcleo agrario de Yosoñama, quien solicitó por escrito al gobernador y al secretario General de Gobierno, Héctor Annuar Mafud, que habilitara una base de operaciones mixtas de la policía estatal o de la Guardia Nacional en la zona, porque personas extrañas a la región, vinculadas al grupo de poder de Mixtepec, preparaban emboscadas contra los transportistas y los pasajeros que circulan entre Tlaxiaco y Huajuapan de León.

El clima de violencia criminal en esa región de Oaxaca crece sin que los gobiernos estatal y Federal hagan nada para evitarla y resolver el conflicto. El Gobierno Federal sigue sin realizar ninguna gestión política ni jurídica para resolver los más de 350 conflictos agrarios que hay en el estado.

El reciente atentado obliga al gobernador a dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer de inmediato los hechos, en lugar de inculpar a los pobladores de Yosoñama o exculpar a los sicarios de Mixtepec. Al no hacerlo, confirma las sospechas de que hay “mano negra” en el conflicto y que los gobiernos estatal y Federal defienden los intereses mezquinos de los caciques de San Juan MIxtepec; pero también fortalece la sospecha de que, en Oaxaca, el crimen organizado ya ganó terreno y que el gobierno estatal es incapaz de pararlo, ya que se ha visto más ocupado en entregarse servilmente al inquilino de Palacio Nacional. Héctor Annuar Mafud y la FGE pueden influir en la última palabra del gobernador porque, en Yosoñama, las lágrimas y la tristeza del pueblo esperan justicia, algo que en Oaxaca parece no existir. Por el momento, querido lector, es todo.