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En México debe regir el Estado de Derecho, es decir, un sistema donde el orden jurídico sea observado por todos y aplicado a todos: ciudadanos, presidente de la República, legisladores y jueces, esto es, se obedezca por todos sin excepción y sin distorsiones. En un país donde se vive bajo un estado de derecho, se debe garantizar una vida digna para todos, el respeto a los derechos humanos y su ejercicio, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la trasparencia en los procesos. Al ser el orden jurídico eje rector de este sistema, sus reformas o modificaciones deben responder invariablemente a las necesidades sociales, y nunca a las conveniencias, caprichos o intereses del gobernante en turno o del grupo en el poder. Si esto ocurre, el estado de derecho se corrompe, permitiendo el paso a la dictadura, al gobierno de un sólo hombre sin límites que aparenta respetar la ley pero que, a través del control directo o indirecto de los poderes y órganos del estado, actúa solo de acuerdo con sus intereses y no en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Esta clase de dictadura es la que, al parecer, se está tejiendo en el México de la Cuarta Transformación, pues tal como lo hemos documentado, la Constitución y las leyes (con reformas a modo) se han convertido en el arma del régimen, no para acabar con los grandes problemas del país sino para amenazar, perseguir y castigar a quienes el presidente considere sus adversarios. Así, vemos con mucha preocupación las reformas a la Constitución y las leyes que se han aprobado o propuesto en el Congreso de la Unión por orden presidencial, que no están orientadas a mejorar lo ya existente, por el contrario, tienen clara dedicatoria para los opositores y personajes incomodos al régimen. Para verificar lo dicho basta con analizar las modificaciones recientes a las leyes fiscales, que convierten en delito grave casi cualquier omisión del ciudadano al cumplir su obligación de reportar sus ingresos y pagar impuestos al fisco; el intento de reforma para darle mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (muy activa en lo que va del sexenio) fuera de todo principio y lógica constitucional; la reforma “filtrada” que se pretende hacer al sistema penal; los cambios a las normas que rigen la estructura y funcionamiento de los órganos autónomos y que les permitan imponer allegados al presidente, entre muchos otros casos.
Pues bien, este modelo de gobierno a nivel federal se replica y usa ahora en el estado de Puebla, donde el gobernador morenista Miguel Barbosa, rompiendo también con el Estado de Derecho, amenaza públicamente con usar a su conveniencia la ley penal (y si fuera necesario, modificarla) para perseguir y encarcelar al Ing. Aquiles Córdova Morán, al Ing. Juan Manuel Celis y a la Dra. Soraya Córdova Morán, líderes de miles de mexicanos que integran el Movimiento Antorchista Poblano, organización a la que ilegalmente y abusando del poder, Barbosa impidió obtener su registro como partido político local. Dichas amenazas se dan en el marco de la legítima protesta nacional que esta importante organización ha hecho para denunciar dicho atropello y para exigir se respeten sus derechos constitucionales; amenazas que no pueden más que evidenciar el proceder dictatorial, inconstitucional, ilegal y antidemocrático del gobierno de Miguel Barbosa en dicha entidad.
A todos los mexicanos (y no sólo a los amenazados y perseguidos por el régimen) nos debieran preocupar estas conductas y formas de gobernar de los personajes emanados de la famosa 4T pues, poco a poco, con engaños y distractores, nos están arrebatando libertades, derechos, garantías y condiciones que son fundamentales para defendernos frente al estado, tener tranquilidad y poder construir un mejor país, intentando con ello arrebatarnos la posibilidad misma de aspirar, exigir y luchar libremente por alcanzar una vida mejor para todos en nuestra patria.
"Vamos a producir la vacuna a riesgo. Nosotros vamos a empezar a producir la vacuna ahora", reveló. "Si se aprueba la vacuna, se va vender; si no se aprueba, se tira lo que se hizo", explicó el farmacéutico.
Desde su creación no se cuentan con proyectos de inversión, áreas de exploración o acuerdos con expertos para las labores de explotación de yacimientos.
Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, dijo que la seguridad no debe politizarse, ya que se requiere del trabajo conjunto del Gobierno.o.
De enero a agosto de este año, el delito de secuestro incremento un 28.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.
Se confirma que la sentencia emitida por el Presidente de la Republica de “primero los pobres” se está cumpliendo, pues son a los más pobres a quienes sus decisiones golpean directamente.
“La Cámara de Diputados no hizo una sola mención en el presupuesto sobre este proceso de participación ciudadana".
El delegado de Bienestar regional, Dagoberto Valderde, retiró el boleto ganador de 20 millones de pesos, resultado de la rifa del avión presidencial.
Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad Covid-19, por un monto de 11 mil 460 pesos.
La elevación generalizada de los precios es un fenómeno estructural que no puede curarse con viejas recetas y paliativos como lo está haciendo el gobierno del presidente López Obrador.
Al pueblo de México no le queda más que unirse, organizarse y educarse para gobernar esta patria. Dejarlo en manos de quienes no se preocupan por los más humildes, solo provocará que éstos sigan siendo golpeados.
Con un desempeño inferior al de administraciones anteriores, el expresidente dejó una economía estancada y sin bases para un crecimiento real, advirtieron especialistas
Mientras que por un lado el gobierno federal condona, por otro, dicen algunos medios premia a Tabasco y no pagará alrededor de 11 mil millones de pesos que se habían acumulado de deuda de luz.
AMLO reconoció que durante su mandato se cometió un daño patrimonial de nueve mil 500 millones por el episodio de Segalmex.
Tanto las cifras de un estancamiento económico como el incremento en la violencia reflejan que el gobierno morenista de AMLO no tiene líneas de acción efectivas
"El grupo responsable de esta acción policiaca, en su afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada"
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.