En México debe regir el Estado de Derecho, es decir, un sistema donde el orden jurídico sea observado por todos y aplicado a todos: ciudadanos, presidente de la República, legisladores y jueces, esto es, se obedezca por todos sin excepción y sin distorsiones. En un país donde se vive bajo un estado de derecho, se debe garantizar una vida digna para todos, el respeto a los derechos humanos y su ejercicio, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la trasparencia en los procesos. Al ser el orden jurídico eje rector de este sistema, sus reformas o modificaciones deben responder invariablemente a las necesidades sociales, y nunca a las conveniencias, caprichos o intereses del gobernante en turno o del grupo en el poder. Si esto ocurre, el estado de derecho se corrompe, permitiendo el paso a la dictadura, al gobierno de un sólo hombre sin límites que aparenta respetar la ley pero que, a través del control directo o indirecto de los poderes y órganos del estado, actúa solo de acuerdo con sus intereses y no en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Esta clase de dictadura es la que, al parecer, se está tejiendo en el México de la Cuarta Transformación, pues tal como lo hemos documentado, la Constitución y las leyes (con reformas a modo) se han convertido en el arma del régimen, no para acabar con los grandes problemas del país sino para amenazar, perseguir y castigar a quienes el presidente considere sus adversarios. Así, vemos con mucha preocupación las reformas a la Constitución y las leyes que se han aprobado o propuesto en el Congreso de la Unión por orden presidencial, que no están orientadas a mejorar lo ya existente, por el contrario, tienen clara dedicatoria para los opositores y personajes incomodos al régimen. Para verificar lo dicho basta con analizar las modificaciones recientes a las leyes fiscales, que convierten en delito grave casi cualquier omisión del ciudadano al cumplir su obligación de reportar sus ingresos y pagar impuestos al fisco; el intento de reforma para darle mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (muy activa en lo que va del sexenio) fuera de todo principio y lógica constitucional; la reforma “filtrada” que se pretende hacer al sistema penal; los cambios a las normas que rigen la estructura y funcionamiento de los órganos autónomos y que les permitan imponer allegados al presidente, entre muchos otros casos.

Pues bien, este modelo de gobierno a nivel federal se replica y usa ahora en el estado de Puebla, donde el gobernador morenista Miguel Barbosa, rompiendo también con el Estado de Derecho, amenaza públicamente con usar a su conveniencia la ley penal (y si fuera necesario, modificarla) para perseguir y encarcelar al Ing. Aquiles Córdova Morán, al Ing. Juan Manuel Celis y a la Dra. Soraya Córdova Morán, líderes de miles de mexicanos que integran el Movimiento Antorchista Poblano, organización a la que ilegalmente y abusando del poder, Barbosa impidió obtener su registro como partido político local. Dichas amenazas se dan en el marco de la legítima protesta nacional que esta importante organización ha hecho para denunciar dicho atropello y para exigir se respeten sus derechos constitucionales; amenazas que no pueden más que evidenciar el proceder dictatorial, inconstitucional, ilegal y antidemocrático del gobierno de Miguel Barbosa en dicha entidad.

A todos los mexicanos (y no sólo a los amenazados y perseguidos por el régimen) nos debieran preocupar estas conductas y formas de gobernar de los personajes emanados de la famosa 4T pues, poco a poco, con engaños y distractores, nos están arrebatando libertades, derechos, garantías y condiciones que son fundamentales para defendernos frente al estado, tener tranquilidad y poder construir un mejor país, intentando con ello arrebatarnos la posibilidad misma de aspirar, exigir y luchar libremente por alcanzar una vida mejor para todos en nuestra patria.