El gobierno mexicano y algunos analistas se enfrascaron en una discusión en torno a que si la economía del país se halla en recesión o no. Desde que oficialmente se anunció que el desarrollo nacional había crecido 0.1 por ciento en el segundo trimestre de este año, hubo un desaforado canto de victoria, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se apresuró a descalificar a todos los analistas que habían advertido la nueva recesión. La definición de este fenómeno económico es bastante preciso, y se le cualifica cuando en un país se registran dos trimestres consecutivos con tasas de crecimiento negativas. Es decir, que para que una economía califique como recesiva, debe descender durante medio año, manifestarse en franco estancamiento o que haya retroceso en la creación de riqueza. Por tanto, la ausencia de recesión no implica que la economía funcione bien, mucho menos cuando tiene problemas de pobreza, desempleo y subempleo crónicos como es el caso de México.

 La amenaza de que los trabajadores y los pobres de México puedan padecer peores condiciones económicas en el futuro próximo aún se cierne con fuerza sobre sus cabezas, sin que se avizore alguna fórmula que la contrarreste. El factor determinante del crecimiento económico es la inversión, sea del sector privado o del sector público (gobierno). Del total de la inversión realizada en 2018, más de 80 por ciento fue privada. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la inversión fija bruta hecha en el país hasta mayo pasado había disminuido 2.4 por ciento con respecto al año anterior. En las sociedades donde el capital dispone de libertad absoluta –incluso por encima de cualquiera de las libertades y derechos de otros sectores– la iniciativa privada con mayor riqueza es la que decide cuándo y dónde hay que invertir, cuáles deben ser sus márgenes de ganancia y qué fórmulas de seguridad necesitan sus proyectos de inversión. Actualmente no se barrunta que el sector empresarial varíe la tendencia actual del crecimiento económico, pese a las palabras halagüeñas de algunos de sus representantes, dado el entorno de estancamiento mundial en el consumo y la incertidumbre que genera, principalmente la política comercial de Estados Unidos (EE. UU.)

Ante este panorama, el único mecanismo útil para compensar lo que la inversión privada no hace ni hará, es la inversión pública. Pero ¿qué podemos esperar de ésta cuando se halla en manos del gobierno de AMLO? Nótese que hablamos de inversión, no de gasto en general; es decir, hablamos de incrementar la capacidad productiva del país, ya sea aumentando las unidades productivas o elevando la productividad del trabajo. El programa de austeridad del nuevo gobierno, sumado a su falta de pericia en la gestión de recursos públicos, ha fortalecido la tendencia del mercado hacia la recesión. Hace una semana, la administración federal anunció un plan para inyectar medio billón de pesos a la economía para dinamizarla mediante la construcción de infraestructura, créditos a la inversión y al consumo. Aunque puntual, a pesar de su aplicación tardía y pendiente de eficacia, no podemos dejar de señalar que esos recursos financieros provendrán del Fondo de Estabilización –un stock limitado conformado con los ahorros de los gobiernos pasados– y que ese dinero no podrá ser repuesto en el corto plazo. Este hecho nos coloca de nuevo ante el problema del financiamiento del desarrollo económico de México y frente a la necesidad de una reforma fiscal que brinde al Estado la solvencia económica necesaria para enfrentar este tipo de problemas, pues es obvio que ni la austeridad ni el combate a la corrupción han arrojado los recursos suficientes para financiar la inversión pública que el país requiere.