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Reformar la Ley, revisar y modificar la Constitución, han pasado a ser un renglón prioritario en la política del Gobierno desde hace más de tres décadas; ningún Presidente ha resistido la tentación de perfeccionar nuestra Carta Magna, enviar sus iniciativas de ley al Congreso de la Unión para su aprobación, en su caso publicarlas y encargarse de ponerlas en práctica, vigilando su cabal cumplimiento. Cada gobierno está dispuesto a allanar el camino a sus proyectos y planes, a eliminar impedimentos legales desde el inicio de su mandato.
Cuando se ha propuesto comercializar tierras y recursos naturales patrimonio de la nación para ponerlos en manos de particulares, el Gobierno Federal no ha vacilado en adecuar las leyes en la materia para lograr su objetivo; cuando su propósito era entregar las riquezas extraídas del subsuelo al capital privado, nacional o extranjero, halló la forma de ajustar la ley correspondiente para que los inversionistas entraran por anchas avenidas al país sin los obstáculos heredados de una época revolucionaria y expropiatoria, cada vez más olvidada. Y cuando el Gobierno ha requerido asegurar el futuro del partido que lo llevó al triunfo, no ha dudado en modificar la legislación electoral vigente. Lo mismo puede afirmarse de los otros dos órdenes de gobierno, hasta el grado de modificar las leyes para acortar o prolongar los periodos establecidos constitucionalmente, tal es el caso de la “Ley Bonilla” en Baja California, analizada recientemente en las páginas de este semanario.
La presente administración sigue fielmente el ejemplo de las anteriores y compite con ellas en la velocidad para reformar la Constitución; antes de cumplir su primer año en el poder, ha sacado adelante la aprobación de más de cuatro de las 12 reformas a la Carta Magna que el titular del Ejecutivo anunciara apenas logrado su triunfo en las urnas. Las leyes laborales, de salud, en materia de seguridad y educación son algunas de ellas. La más reciente de estas reformas es la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), de la que se habla esta semana en nuestro reporte especial.
Los artículos 22º y 73º de la Constitución, que ya contemplaban la Extinción de Dominio, fueron modificados en marzo de este año, y para el nueve de agosto ya se publicaba en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la LNED; de pronto, el Estado encontró una magnífica fuente de recursos públicos en la confiscación de bienes de procedencia ilícita; recuperar éstos en beneficio de la sociedad, de la que seguramente provinieron, es algo incuestionable a primera vista. Con rapidez sorprendente para los tiempos normales de la vida legislativa en México, en cuanto se presentaron las propuestas de enmienda a estos artículos constitucionales, fueron discutidas, aprobadas y publicadas en el DOF.
Obligar a los infractores de la ley, una vez que hayan sido juzgados, encontrados culpables y sentenciados a restituir los bienes de procedencia ilícita no debería encontrar oposición alguna; no obstante, de inmediato han surgido inquietudes, preocupaciones, temores e inconformidades entre politólogos, juristas, legisladores y empresarios que critican las imperfecciones de la nueva LNED y manifiestan serias dudas sobre su viabilidad, toda vez que adolece de graves inconsistencias y atenta contra procedimientos jurídicos emanados de la Constitución; esta semana, varios de ellos manifiestan su preocupación y advierten el peligro de que se use como arma política para atentar contra el patrimonio y reprimir a grupos e individuos que el Gobierno considere como sus adversarios.
La conferencia que impartirá el Ing. Aquiles Córdova, destacará la vigencia del pensamiento del líder de los bolcheviques que, a 100 años de su muerte, su pensamiento aún resuena en millones de hombres y mujeres que buscan una sociedad más justa para todos.
Además de que la mayoría de las unidades del transporte público privado en el estado de Oaxaca son viejas y sus conductores carecen de capacitación, los dueños de las líneas quieren aumentar la tarifa de ocho a 10 pesos.
Este 8 de febrero Editorial Esténtor presentará su nuevo material, autoría de Aquiles Córdova Morán, que se sumará al extenso catálogo de cerca de 30 libros orientados a la politización, concientización y organización del pueblo mexicano.
El diputado federal Héctor Saúl Téllez confirmó que en el transcurso de esta noche o mañana se darán a conocer las listas de la Coalición Va por la CDMX rumbo a las elecciones de 2024.
El jefe policiaco fue asesinado el pasado domingo en el municipio de Coacalco, en el Estado de México.
El PRI en el Senado pidió al Gobierno Federal tomar acciones concretas para promover el Triángulo del Sol del estado de Guerrero, impulsando su desarrollo turístico, económico y cultural.
El Episcopado Mexicano se dijo preocupado por el impulso que el Ejecutivo federal le está dando a una reforma que representa un agravio a la vida democrática del país.
El Congreso de Puebla aprobó, en lo general, una reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla la despenalización el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Siguiendo las órdenes de la virtual presidenta de México, el próximo secretario de seguridad afirmó que integrará la Guardia Nacional a la SEDENA.
No pueden despreciarse las multitudinarias manifestaciones a favor de la resistencia palestina en varios países occidentales. Incluso en EE. UU., “la opinión pública estadounidense ya no apoya a Israel (…)".
Nuestros planteamientos y acciones se han realizado siempre con base en el interés de la población mexicana y de los más necesitados.
La CEPAL revela no solo el inmenso interés de los lopezobradoristas por conservar el poder, sino el por qué buscan métodos para ganar votos, pero sin comprometerse a una distribución mucho más justa de la riqueza producida por los trabajadores.
El éxito de una cinta, al igual que en otras manifestaciones del arte tiene que ver con su grado de universalidad.
El campo mexicano ha experimentado un incremento del 198.8 por ciento de hectáreas siniestradas durante el primer semestre del 2024.
Organizaciones y analistas especializados en seguridad advierten que si la Guardia Nacional pasa a formar parte de la Sedena, México incrementarían sus muertes, desapariciones forzadas, detenciones y torturas.
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Escrito por Redacción