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Reformar la Ley, revisar y modificar la Constitución, ha pasado a ser un renglón prioritario en la política del Gobierno desde hace tres décadas; ningún Presidente ha resistido la tentación de perfeccionar nuestra Carta Magna, enviar sus iniciativas de ley al Congreso de la Unión para su aprobación, en su caso publicarlas y encargarse de ponerlas en práctica, vigilando su cabal cumplimiento. Cada gobierno está dispuesto a allanar el camino a sus proyectos y planes, a eliminar impedimentos legales desde el inicio de su mandato.
Cuando se ha propuesto comercializar tierras y recursos naturales patrimonio de la nación para ponerlos en manos de particulares, el Gobierno Federal no ha vacilado en adecuar las leyes en la materia, modificándolas para lograr su objetivo; cuando la ley ha impedía entregar las riquezas extraídas del subsuelo al capital privado, nacional o extranjero, encontró la forma de ajustar la ley correspondiente para que los inversionistas encontraran anchas avenidas para penetrar al país sin los obstáculos heredados de una época revolucionaria y expropiatoria cada vez más olvidada. Y cuando el Gobierno ha requerido asegurar el futuro del partido que lo ha llevado al triunfo, no ha dudado en modificar la legislación electoral vigente. Lo mismo puede afirmarse de los otros dos órdenes de gobierno, hasta el grado de modificar las leyes para acortar o prolongar los periodos establecidos constitucionalmente, tal es el caso de la “Ley Bonilla”, en Baja California, cuyo contenido se analizó recientemente en las páginas de este semanario.
La presente administración sigue fielmente el ejemplo de las anteriores y compite con ellas en la velocidad para reformar la Constitución; antes de cumplir su primer año en el poder, ha sacado avante la aprobación de más de cuatro de las 12 reformas a la Carta Magna que el titular del Ejecutivo anunciara apenas logrado su triunfo en las urnas. Las leyes laborales, de salud, en materia de seguridad y educación son algunas de ellas. La más reciente de estas reformas es la Nueva Ley de Extinción de Dominio, de la que se habla esta semana en nuestro reporte especial.
Los artículos 22 y 73 de la Constitución, que ya contemplaban la Extinción de Dominio, fueron modificados en marzo de este año; de pronto, el Estado encontró una magnífica fuente de recursos públicos en la confiscación de bienes de procedencia ilícita; recuperar éstos en beneficio de la sociedad, de la que seguramente provinieron, es algo incuestionable a primera vista. Con rapidez sorprendente para los tiempos normales de la vida legislativa en México, en cuanto se presentaron las propuestas de enmienda a estos artículos constitucionales, fueron discutidas, aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Obligar a los infractores de la ley, una vez que hayan sido juzgados, encontrados culpables y sentenciados a restituir los bienes de procedencia ilícita no debería encontrar oposición alguna; no obstante, de inmediato han surgido inquietudes, preocupaciones, temores e inconformidades entre politólogos, juristas, legisladores y empresarios que critican las imperfecciones de la nueva Ley y manifiestan serias dudas sobre su viabilidad, toda vez que adolece de graves deficiencias, inconsistencias y atenta contra los derechos humanos; esta semana varios de ellos manifiestan su preocupación y advierten el peligro de que se use como arma política para atentar contra el patrimonio y reprimir a grupos e individuos que el Gobierno considere como sus adversarios.
Los diputados del PRI informaron que “nunca estaremos a favor de la violación de ninguna Ley. Estamos a favor de la legalidad"
En este proceso electoral es preocupante la intromisión del presidente López Obrador “y más aún la arrogancia desafiante con que confiesa estar violando la ley electoral", señaló Córdova Morán.
Nuestra tarea consiste en abrir ojos, despertar conciencias y llevar luz donde solo hay oscuridad. Debemos hacer un frente común todos los mexicanos.
La clase política mexicana está cometiendo errores garrafales a la hora de gobernar
La negativa gubernamental a alimentar a los hambrientos por la contingencia sanitaria serán el cerillo y la mecha para incendiar el enrarecido ambiente nacional.
La magistrada Jeanine Otálora Malassis señaló que los informes de gobierno están debidamente regulados por las leyes federales, y el mensaje en cuestión no se ajustó a dichos parámetros.
Andrés Manuel López Obrador, opinó que el PAN y el PRI deben reflexionar sobre sus raíces históricas y doctrinas originales.
Pero en esa “limpia o combate" a la corrupción muchos opinan que se puede llevar, como vulgarmente se dice, "entre las patas" a instituciones autónomas
La escasa información sobre el número de desapariciones en el registro de la CBPCM es tan alarmante como que la fiscal Ernestina Godoy asegure que en el incremento del 400% en desapariciones, hay muchas que “son ausencias voluntarias”.
De 2018 a 2022, la carencia de acceso a los servicios de salud aumentó 23 puntos porcentuales.
PAN denunció que el gobierno de México busca inducir una sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en el Congreso
Las fiscalías estatales y federales han reportado un total de 193 mil 548 homicidios dolosos, esto durante la administración de AMLO.
Damnificados en el estado de México e Hidalgo han informado que no están recibiendo ayuda, por lo que urgieron a los tres órdenes de gobierno a agilizar la entrega de apoyos.
“No se revisarán las concesiones porque yo siento que esta crisis es transitoria, se tienen que buscar opciones y es un periodo de sequía".
Por lo pronto el gobierno federal no pondrá ni un solo peso en esta reforma y la propuesta huele a mantener simpatía de los mexicanos, es decir votos para el 2021.
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Escrito por Redacción