Cargando, por favor espere...

Una reforma constitucional más
La presente administración sigue fielmente el ejemplo de las anteriores y compite con ellas en la velocidad para reformar la Constitución.
Cargando...

Reformar la Ley, revisar y modificar la Constitución, han pasado a ser un renglón prioritario en la política del Gobierno desde hace más de tres décadas; ningún Presidente ha resistido la tentación de perfeccionar nuestra Carta Magna, enviar sus iniciativas de ley al Congreso de la Unión para su aprobación, en su caso publicarlas y encargarse de ponerlas en práctica, vigilando su cabal cumplimiento. Cada gobierno está dispuesto a allanar el camino a sus proyectos y planes, a eliminar impedimentos legales desde el inicio de su mandato.

Cuando se ha propuesto comercializar tierras y recursos naturales patrimonio de la nación para ponerlos en manos de particulares, el Gobierno Federal no ha vacilado en adecuar las leyes en la materia para lograr su objetivo; cuando su propósito era entregar las riquezas extraídas del subsuelo al capital privado, nacional o extranjero, halló la forma de ajustar la ley correspondiente para que los inversionistas entraran por anchas avenidas al país sin los obstáculos heredados de una época revolucionaria y expropiatoria, cada vez más olvidada. Y cuando el Gobierno ha requerido asegurar el futuro del partido que lo llevó al triunfo, no ha dudado en modificar la legislación electoral vigente. Lo mismo puede afirmarse de los otros dos órdenes de gobierno, hasta el grado de modificar las leyes para acortar o prolongar los periodos establecidos constitucionalmente, tal es el caso de la “Ley Bonilla” en Baja California, analizada recientemente en las páginas de este semanario.

La presente administración sigue fielmente el ejemplo de las anteriores y compite con ellas en la velocidad para reformar la Constitución; antes de cumplir su primer año en el poder, ha sacado adelante la aprobación de más de cuatro de las 12 reformas a la Carta Magna que el titular del Ejecutivo anunciara apenas logrado su triunfo en las urnas. Las leyes laborales, de salud, en materia de seguridad y educación son algunas de ellas. La más reciente de estas reformas es la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), de la que se habla esta semana en nuestro reporte especial.

Los artículos 22º y 73º de la Constitución, que ya contemplaban la Extinción de Dominio, fueron modificados en marzo de este año, y para el nueve de agosto ya se publicaba en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la LNED; de pronto, el Estado encontró una magnífica fuente de recursos públicos en la confiscación de bienes de procedencia ilícita; recuperar éstos en beneficio de la sociedad, de la que seguramente provinieron, es algo incuestionable a primera vista. Con rapidez sorprendente para los tiempos normales de la vida legislativa en México, en cuanto se presentaron las propuestas de enmienda a estos artículos constitucionales, fueron discutidas, aprobadas y publicadas en el DOF.

Obligar a los infractores de la ley, una vez que hayan sido juzgados, encontrados culpables y sentenciados a restituir los bienes de procedencia ilícita no debería encontrar oposición alguna; no obstante, de inmediato han surgido inquietudes, preocupaciones, temores e inconformidades entre politólogos, juristas, legisladores y empresarios que critican las imperfecciones de la nueva LNED y manifiestan serias dudas sobre su viabilidad, toda vez que adolece de graves inconsistencias y atenta contra procedimientos jurídicos emanados de la Constitución; esta semana, varios de ellos manifiestan su preocupación y advierten el peligro de que se use como arma política para atentar contra el patrimonio y reprimir a grupos e individuos que el Gobierno considere como sus adversarios.


Escrito por Redacción


Notas relacionadas

Los hongos ostra, la lechuga romana y el cacao en polvo son los alimentos con mayor concentración de cadmio.

A partir del 1 de abril, los pagos se realizarán sin descuentos ni condonaciones.

Ambas situaciones se suscitaron en dos ejidos de La Concordia: Niños Héroes y en Nuevo Paraíso.

La FGR y la SFP investigan a la Conade, por la contratación de un sistema informático con costo de 407 millones de pesos, contrato que se celebró por adjudicación directa con la autorización de su titular Ana Gabriela Guevara.

Tiene un tamaño aproximado de dos metros cuadrados de pavimento y medio metro de altura

El Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas comunicó, a través de su cuenta de X, que se activó el protocolo de actuación.

La diputada Valeria Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud, enfatizó la importancia de atender este tema desde lo público y el trabajo legislativo.

En los últimos 10 años el número de suicidios ha incrementado casi el 50%, al pasar de 5,549 en 2012 a 8,239 en 2022, el registro más alto, según el INEGI.

La jefa de Gobierno debe diseñar la administración pública de acuerdo al proyecto propuesto.

Aun con GN, policía del Edomex y Fiscalía, según la alcaldesa Sandra Luz Falcón, la artista Ximena Sariñana denunció que su equipo y manager fueron víctimas de la inseguridad minutos después de su presentación.

López Obrador anunció la desaparición de organismos autónomos por medio de reformas constitucionales para desviar la atención mediática sobre la corrupción alrededor del Cártel de los López Beltrán.

El estado no tiene programados recursos adicionales para enfrentar la sequía.

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano anunció este lunes que en enero ese instituto político elegirá a su precandidato, aunque hasta el momento no han definido el método.

La paralización económica, resultado del tercer "Culiacanazo", que ha durado 15 días.

Como consecuencia de la inflación en el país, que durante la primera quincena de octubre alcanzó el 4.69 por ciento, la gente "hace su guardadito" para comprar durante el Buen Fin: Concanaco-Servytur.