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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves constitucional el proyecto de consulta ciudadana enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los expresidentes en México.
Por seis votos contra cinco, los ministros de la SCJN declararon la consulta como constitucional. Algunos de ellos se pronunciaron por modificar la pregunta originalmente planteada para ajustarla a los límites de la Constitución.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, descartó que la presente consulta busque restringir los derechos humanos o las garantías de aquellos que serían eventualmente señalados.
Zaldívar señaló que es falso que esta consulta implique la exposición mediática y estigmatizante durante su proceso de aplicación
Quienes votaron por la constitucionalidad fueron los ministros: Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan González Alcántara Carrancá y Alberto Pérez Dayán.
Quienes votaron por la inconstitucionalidad de la consulta fueron los ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez Potisek, Fernando Franco y Norma Piña.
El ministro Alfredo Gutiérrez pidió replantear la interpretación de la materia de la consulta.
Por otro lado, los ministros Alberto Pérez, Juan Luis González, Jorge Mario Pardo pidieron que se reformule la pregunta en la consulta.
El ministro Laynez Potisek se pronunció en contra de la constitucionalidad de la consulta, y dijo que sus opiniones no eran populares, pero que la justicia no estaba en consulta.
“La justicia no se consulta. Posiciones como la mía no son populares. Los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad”, agregó.
El 24 de septiembre, el ministro Luis María Aguilar propuso la inconstitucionalidad de la consulta del titular del Ejecutivo y señaló que el objeto de la propuesta es violatorio a la Constitución porque somete a la voluntad del pueblo decisiones que pueden calificarse como transgresiones.
Aguilar destacó, además, que la propuesta de consulta presentada el pasado 15 de septiembre también implica desvirtuar la finalidad misma de este tipo de ejercicio ciudadano.
López Obrador pidió la mañana de este jueves al Pleno de la Suprema Corte que permitiera la participación de la ciudadanía en una consulta, y aseguró que enviaría una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Carta Magna si su propuesta era rechazada en la Corte. (El Financiero).
La medida afectará a los funcionarios que tengan nivel de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
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Y en esta sociedad “democrática”, asediada por la irracionalidad y el autoritarismo, los delitos oficiales son “la corrupción” y el “enriquecimiento ilícito”.
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Por un lado, frena la competitividad de la Ciudad de México, y por el otro encarecería los precios de los arrendamientos.
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Escrito por Redacción