Los conflictos agrarios y la violencia armada han resurgido en Chiapas, donde la gente está dispuesta a morir “en la raya” y a derramar sangre para defender sus tierras, despojar las ajenas o bien ostentar el poder municipal en Tila, Aldama, Chenalhó, Ocosingo y San Juan Chamula.

Frente a esta situación de emergencia extrema, los gobiernos Federal y estatal de Chiapas no han hecho nada para pacificar a los habitantes de los pueblos donde “los demonios se han desatado”. Hasta el momento, los conflictos agrarios han dejado muertos y decenas de heridos. En varios de estos municipios, el problema poco a poco se ha ido transformando en una lucha política, donde están en juego la disputa por el poder y el control del territorio.

En Tila, donde se registró el enfrentamiento más reciente, el saldo fue de al menos cinco muertos confirmados y más de una decena de heridos. Ahí predomina la etnia chol. La situación sigue tensa, aunque el pasado 16 de septiembre se reportaron más disparos en la cabecera municipal.

Previamente, el 11 de septiembre, un grupo de ejidatarios “autónomos” intentó desbloquear un camino armado por pobladores avecindados; pero fueron recibidos a balazos y se dio el enfrentamiento que dejó la cifra de víctimas arriba citada.

 Si el gobierno hubiera intervenido para establecer el diálogo entre las partes en conflicto, o de haber enviado a la Guardia Nacional (GN) para evitar el choque, no habría muertos ni heridos. Pero hasta ahora el gobierno no ha intervenido.

La disputa agraria, que data de hace varias décadas, se agudizó con el inicio de la construcción de un camino y el derribo de los portones que controlaban el acceso a la cabecera municipal. Un grupo de pobladores se manifestó ese mismo día frente al Palacio de Gobierno de Chiapas para pedir el auxilio y exigir la aplicación del Estado de Derecho.

El dirigente de los quejosos, Francisco Arturo Sánchez Martínez, responsabiliza de lo ocurrido al gobierno estatal y a tres sacerdotes católicos por apoyar al “grupo que estuvo controlando e intimidando a la gente”. Entre los mencionados, citó al párroco Heriberto Cruz Vera, quien para esas fechas se había despedido del pueblo tras 30 años de estancia, y a los curas Bernabé Díaz y Matías, quienes impulsan la “teología de la liberación” en Chiapas.

Sánchez Martínez explicó que pese a que el problema viene de hace 40 años, volvió a estallar a principios de septiembre, cuando los “autónomos” comenzaron primero con agresiones verbales y luego siguieron los actos de barbarie. En el enfrentamiento, Sánchez Martínez perdió a su padre, suegro y a un amigo muy querido, por lo que “pidió que se aplique la ley” ya que los “autónomos” son unos “delincuentes”.

En el ataque fueron asesinados Pablo Pérez Vázquez, de 47 años; Elmar Martínez López de 65; Luis Aparicio Parcero Martínez de 42 años; Elidio Isaías de Zenteno Trujillo de 22 y una persona más del sexo masculino reportado con el nombre de Asunción “N”.

Los ejidatarios “autónomos” sostienen la versión de que fueron provocados por los operadores del Ayuntamiento al implantar el Fundo Legal y quitarles sus tierras. Tila fue cuna del grupo “Paz y Justicia”, considerado paramilitar, y responsable del ataque a los grupos de campesinos que cuestionaban al gobierno.

Jorge Armando Gómez Alonso, defensor de derechos humanos e investigador social, mencionó que “por décadas los pobladores avecindados y el Ayuntamiento han intentado despojarles la cabecera a los ejidatarios; pero a través de amparos sucesivos, el Ejido Tila ha ganado todos los recursos legales al Ayuntamiento. El caso se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que finalmente otorgó el fallo al ejido: en septiembre de 2018 declaró que el poblado le pertenece al ejido y ordena la ejecución del amparo”.

El investigador explicó que “está documentada la larga trayectoria de Tila como operador de la política de contrainsurgencia, que en esta región se ha caracterizado, sobre todo, por la paramilitarización comunitaria y, en las últimas dos décadas, incorporarse al Partido Verde, donde se refugió una buena parte de las fuerzas de Paz y Justicia.

“El actual presidente municipal, Limberg Gregorio Méndez, ha mantenido en sus manos el Ayuntamiento a lo largo de las últimas cinco administraciones, a lo largo de las cuales se ha convertido en un pujante constructor de obra pública; tres bajo su responsabilidad, una de su esposa, y otra de un familiar operador, mientras fungía como tesorero del municipio vecino de Sabanilla, con la misma trayectoria paramilitar”.

Los ejidatarios responsabilizaron de los hechos a Francisco Arturo Sánchez, quien ahora busca ser candidato a la presidencia municipal para seguir “la tradición de poder” de su familiar, que se “ha profesionalizado en generar conflictos, organizar e incitar a la violencia, ya que es hijo del expresidente Arturo Sánchez –exconvicto– y sobrino de Samuel Sánchez –preso–, ambos formadores y dirigentes del grupo paramilitar conocido como Paz y Justicia”.

La raíz del conflicto

“El año de 1959 es crucial para entender el proceso de lucha agraria del ejido, fue este año cuando se realizó el deslinde de tierras: de ser terrenos nacionales pasaron a ser propiedad de los ejidatarios de Tila”, afirma Emilio Pérez Pérez en su tesis para obtener una maestría en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).

En ese proceso se incurrió en un error: “el presidente municipal de aquel tiempo no asistió a medir la parte del terreno que se destinaría al Fundo Legal. Al no asistir el edil, quedó estipulado en el plano únicamente como terrenos ejidales y no apareció lo que es el Fundo Legal; sin embargo, ya se encontraban el edificio municipal sobre el poblado al momento de realizarse el deslinde, y al no quedar un espacio para cabecera municipal, prácticamente se queda sin sustento jurídico la estancia del municipio”.

Tras una espera de 26 años para que el Estado reconociera su posesión legítima sobre esos terrenos, los ejidatarios debieron seguir en la incertidumbre al inicio de los años 90, porque la lucha agraria se transformó debido al conflicto armado generado en 1994. En 2008, nuevamente obtuvieron una sentencia favorable pero, dada la complejidad del asunto, éste fue enviado a la SCJN en 2010.

Ese mismo año, el problema dio un viraje radical al convertirse también en un asunto político además de agrario, porque sus protagonistas incluyeron en él la lucha por el poder y el control político del territorio. Es decir, la disputa ya no fue solo por la recuperación de 130 hectáreas despojadas por los gobiernos municipales y estatales, sino también por la justicia, el autogobierno de los pueblos indígenas, los derechos humanos y el “respeto a la madre tierra”, entre otros.

También están en disputa los 15 millones de pesos anuales que los “ejidatarios autónomos” cobran a los otros ejidatarios por concepto de derechos de tránsito o uso de las 130 hectáreas, ya que en éstas se instalan las ferias patronales y cursa el camino vecinal.

En el plano legal, las tierras han sido ganadas por el ejido, pero las máximas autoridades aún deben precisar que la resolución fue favorable para éste, no para el Ayuntamiento. La SCJN es la que debe resolver esto.

Chenalhó contra Aldama

Una disputa similar de tensión violenta, en la que no faltan los frecuentes intercambios de disparos, se vive entre las comunidades de Aldama y Chenalhó, ubicadas en la región de los Altos de Chiapas. Hay muertos, heridos en caminos y milpas, y escuelas y casas baleadas. Las imágenes de tristeza e intranquilidad son permanentes. La disputa de 60 hectáreas comenzó en 1975, pero se agudizó en 2014.

En junio de 2016 se inició el desplazamiento de familias expulsadas, que antes padecieron la quema de sus casas. El dos de abril de 2018, los miembros de una familia de Aldama fueron emboscados y asesinados, lo que provocó que 700 personas de cinco comunidades huyeran hacia las montañas, donde hoy enfrentan a otros enemigos: el hambre, la sed y el frío. En diciembre de 2017, habían fallecido ahí varios campesinos a causa de enfermedades respiratorias, como la pulmonía.

El último reporte del conflicto entre los indígenas tzotziles se dio el 16 de septiembre pasado. La Comisión de Desplazados de Magdalena Aldama denunció agresiones diarias con disparos provenientes de Santa Marta; pero las corporaciones policiacas que se hallan en esa área han “volteado” esa versión y afirman que las balas provienen del otro lado.

La indiferencia de las autoridades hacia este conflicto y la búsqueda de una solución pacífica y definitiva son tan evidentes como el miedo y la desesperación de estas familias. Las constantes balaceras provocan crisis de terror, angustia y ansiedad, sobre todo en los niños.

El 13 de septiembre se registró un ataque con armas de fuego sobre la franja del río que divide los dos pueblos, Chenalhó y Aldama. Provino de los grupos paramilitares del primero en contra de las comunidades de Aldama: Ch’ayom te’, Juxton, Stselej Potov, Cabecera Aldama, Ch’ivit, Yeton, Yoctontik, Sepelton, Tabak, Coco, Xuxch’en y San Pedro Cotzilnam, donde se han concentrado más los embates.

Anteriormente, entre las 13:00 horas del 11 de septiembre y las 23:00 del 12, se registró una balacera continua de 23 horas. En agosto, los pobladores de Aldama mostraron videos de los 26 ataques que los grupos paramilitares de Chenalhó realizaron contra ellos durante cuatro días.

Los campesinos de Aldama habían solicitado la restitución de sus terrenos tras demostrar que son los dueños legítimos y haber firmado un convenio con el Tribunal Unitario Agrario el 1º de diciembre de 2019, con el que habían dado a Santa Marta un millón 300 mil pesos y una camioneta.

Pero las tierras siguen invadidas por los paramilitares de Chenalhó, quienes incluso las han distribuido en siete fracciones. En un proyecto inicial del gobierno se propuso el intercambio de 180 hectáreas en Ixtapa por otros terrenos, pero los comuneros se resistieron a entregar los predios.

Una vez rechazada la propuesta, se puso otra sobre la mesa de diálogo que implicó la cesión de 60 hectáreas más. Una vez que hubo consenso sobre el canje de tierras entre los 115 comuneros y las autoridades municipales, se aceptó el proyecto; pero a la fecha los gobiernos Federal y estatal no han ratificado el acuerdo ni delimitado el plano limítrofe.

Ésta es la razón por la que el conflicto se mantiene en tensión y en armas, y los desplazamientos forzados son intermitentes, no obstante que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realiza continuos recorridos en las comunidades indígenas para evaluar la situación. En esta región se ha solicitado también la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, pero no ha habido una respuesta favorable.

Por ello, los habitantes de Aldama han advertido, en varias ocasiones, que “lo que pueda pasar será responsabilidad de los gobiernos, que nunca han atendido esta situación”. Afirman que en Santa Marta continúa el paramilitarismo, viene “repitiendo la misma historia desde 1994 y 1997. Es decir, es la guerra de baja intensidad contra los pueblos que luchan por sus derechos y por la vida”.

El “agarre de fuerzas” en San Juan Chamula

En esta población, la lucha por el control del poder político y económico es también histórica y en años recientes ha escalado a un grado alarmante, pues cada vez sus contendientes han recurrido a métodos más violentos y armas más poderosas. A decir de los habitantes, el problema se centra hoy en el alcalde Ponciano Gómez, quien gobierna desde su exilio en San Cristóbal de las Casas, en tanto que el autoproclamado Presidente del Concejo Municipal de Chamula, Juan Shilón de la Cruz quien, hasta su última detención, mantenía el control del municipio tras la toma de la alcaldía en meses pasados, con base en la legislación tradicional de “usos y costumbres”.

El alcalde Ponciano Gómez fue expulsado del municipio tras ser acusado de no entregar los apoyos de los programas sociales y de un presunto desvío de recursos por 40 millones de pesos. Hace unos días, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Shilón por los delitos de robo agravado y motín cometido en agravio del H. Ayuntamiento del municipio de San Juan Chamula.

Después, un grupo de personas acudió a las afueras del Centro de Reinserción Social para Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de las Casas y con disparos exigieron la liberación de su líder. Juan Shilón fue arrestado en septiembre del 2019; en respuesta, su gente secuestró a funcionarios de la alcaldía para presionar al gobierno estatal de Chiapas y exigir la libertad de su líder social a cambio de la vida de tres personas.

Los paramilitares de Ocosingo

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció, desde hace un mes, que las acciones paramilitares de hostigamiento con disparos y el espionaje con drones sobre sus comunidades continúan, específicamente en los ejidos El Carrizal y Río Florido, en el municipio de Ocosingo.

También señalaron que temen incursiones paramilitares en Guadalupe Victoria, en Venustiano Carranza y en las comunidades de Nueva Altamira, Acalá y Las Perlas, en Altamirano. Manifestaron que sin duda alguna, estas acciones conforman “un plan represivo por parte de las autoridades locales y federales por la lucha del movimiento popular”.

Explicaron que alrededor de las cinco de la mañana del pasado 12 de agosto, observaron la presencia de un dron que sobrevolaba las parcelas y las viviendas del ejido. “El uso de drones para espiar a las comunidades integrantes del FNLS solamente es obra del Estado, de los intereses policiaco militares para incriminar y mantener la persecución política contra nuestros compañeros; tal deducción deriva de los incesantes sobrevuelos de dichos artefactos que por enésima vez denunciamos”.

A la 10 de la mañana, precisaron a buzos, un grupo paramilitar hizo disparos en dirección a las parcelas cercanas a los domicilios. El seis de septiembre, de nueva cuenta, el grupo paramilitar Los Petules agredió con armas de fuego a los ejidatarios de El Carrizal. El ataque se inició a las 13:53 y terminó a las 14:39. Un día después, a las 13:24, volvieron las detonaciones de armas de fuego.

El ocho de septiembre sobrevoló una aeronave; el día 10, entre las 22:05 y las 23:04, se hicieron disparos intermitentes contra las viviendas de El Carrizal. Tras un día de tregua, el 12 de septiembre, a las 13:40, las armas de fuego volvieron a la carga a un kilómetro de distancia. La vigilancia, a través de drones, avionetas y helicópteros, es incesante; así como patrullajes en autos particulares y por lanchas, en el caso de Nueva Altamira.

Estas acciones contra los habitantes de El Carrizal conforman “los actos violentos realizados por grupos de corte paramilitar en regiones específicas del estado de Chiapas”, que frecuentemente son registradas por los medios de comunicación impresos y digitales. “Se traduce en que el Estado de Derecho es violado por los propios políticos porque, en el discurso, el gobierno refiere pacificar y mantener en paz, pero la realidad desenmascara esa retórica”.

Aseguraron que el gobierno estatal de Chiapas prefabrica delitos y crea carpetas incriminatorias para controlar a la población e intentar detener el descontento, la organización y las protestas populares que están generando la pobreza, el desempleo, el despojo de tierras, la represión y las detenciones arbitrarias, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales.

“Reafirmamos que toda agresión a la integridad física y psicológica contra todo integrante del FNLS en la entidad será corresponsabilidad del Gobierno Federal por omisión y por el mutismo constante en torno a nuestras exigencias”, remataron.

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla II, sostuvo recientemente que Chiapas tiene muchos “problemitas” por cuestiones de tierras (agrarios) y lanzó un llamado a las autoridades para que les busquen una solución legal, con base en el diálogo y la reconciliación.

Pero hasta el momento, las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional (CNDH) como la local (CEDH), no se han pronunciado ni recomendado nada al respecto. En el conversatorio “Resurgen conflictos no resueltos”, un grupo de periodistas chiapanecos afirmó que los conflictos comunitarios e intercomunitarios latentes en la entidad se arrastran desde varias generaciones y que su rostro más visible son las familias desplazadas.

La situación actual es muy similar a la incursión paramilitar en Acteal, en el municipio de Chenalhó, realizada el 22 de diciembre de 1997. Aunque las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros grupos sociales han pedido el desarme de los grupos paramilitares, los pobladores sostienen que son las propias autoridades que están reprimiendo a sus comunidades.

El desdén, la inacción y las omisiones de los gobiernos estatal y Federal solo dejan al descubierto su falta de estrategias para calmar las aguas turbulentas en los poblados indígenas de Chiapas.