Con 29 periodistas asesinados en los últimos 15 años, Veracruz se ha convertido en la entidad del país más insegura para el ejercicio de esta profesión. Solo en lo que va de la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez, han muerto María Elena Ferral Hernández, corresponsal de Diario de Xalapa en la región norte; Julio Valdivia Rodríguez en Tezonapa, zona limítrofe con Oaxaca y otro informador en Poza Rica.

Hasta ahora ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y en 2021 podrían aumentar los riesgos del ejercicio periodístico en el estado porque, en diciembre de este año, los miembros de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) concluirán su encomienda.

El periodista victimado recientemente fue Valdivia Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del miércoles nueve de septiembre. Estaba decapitado y con signos de violencia, en las vías del ferrocarril, entre las comunidades de Motzorongo y Paraíso, municipio de Tezonapa, en la zona limítrofe con el estado de Oaxaca. Una motocicleta estaba a solo unos metros de su cuerpo. 

Trabajaba para la sección policiaca del periódico El Mundo de Córdoba, en una región donde la violencia es una constante. Horas después del hallazgo de su cuerpo, la CEAPP anunció que daría seguimiento a las indagatorias de la FGE y que brindaría asesoría jurídica a los familiares de la víctima.  

“Es pertinente mencionar que el compañero no tenía especiales medidas de protección, debido a que hasta el momento de la agresión no había reportado a esta Comisión sobre alguna situación o amenaza que considerara un riesgo para su seguridad”, declararon los comisionados, que también exigieron una investigación a fondo para dar con los responsables y se determine si el asesinato de Valdivia tuvo relación con sus actividades periodísticas.

La FGE previó que no habría impunidad en este homicidio y aseguró que había iniciado una carpeta de investigación en la que su trabajo periodístico sería una de las posibles líneas a seguir. “Fiscales, peritos y policía ministerial han comenzado las diligencias para atender este caso, y como cualquier otro homicidio será investigado con profesionalismo y respeto a los derechos humanos de la víctima”, decía su escueta declaración. 

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública (SSP) en la entidad, Hugo Gutiérrez Maldonado, se limitó a expresar sus condolencias a través de las redes sociales, como previamente lo había hecho con los otros dos homicidios perpetrados en esta administración: “Condeno el cobarde asesinato del periodista Julio Valdivia, corresponsal de un medio de comunicación de Córdoba. En coordinación con la Fiscalía General del Estado agotaremos los recursos para dar con los responsables. En el Gobierno de Veracruz este reprochable hecho no quedará impune”.

Veracruz figura entre las cinco entidades más peligrosas para el ejercicio del periodismo con la Ciudad de México (CDMX), Guerrero, Quintana Roo y Oaxaca, que en la primera mitad del año pasado sumaron 249 ataques contra los integrantes de este gremio, según la organización Artículo 19º en su informe Agresiones contra la prensa durante el primer semestre de 2019.

Esta misma asociación –integrada por comunicadores– asegura que, desde 2013, Veracruz ha oscilado entre los cuatro primeros lugares más inseguros para el gremio, y que el primer semestre de 2019 registró 19 ataques de diversa índole contra periodistas.

En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo junto a China, Egipto, Irak, Irán, Libia y Arabia Saudita.

La RSF mide los siguientes factores: el pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, el ambiente de trabajo y el grado de autocensura de los periodistas, el marco legal, la transparencia y la calidad de la infraestructura para la producción de información.

Cuitláhuac debe intervenir: partidos políticos

El asesinato del reportero fue objeto de debate, incluso en la Cámara de Diputados. Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigió a las fiscalías General de Veracruz y General de la República (FGR) investigar y esclarecer el hecho.

“Se debe investigar hasta dar con el o los homicidas para presentarlos ante la justicia. Lamento que México, y en particular Veracruz, siga siendo uno de los lugares más peligrosos e inseguros para periodistas y comunicadores en general”, advirtió, además de pedir al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP) mayor eficiencia y eficacia en su labor de proteger a esas personas cuando son agredidas o amenazadas por su labor. 

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal (CEE) del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, afirmó que en Veracruz prevalece la falta de garantías para el ejercicio del periodismo libre. “Otro asesinato ha ocurrido en nuestro Estado, hecho que avergüenza a todos por igual; sin embargo, da pie para que, nuevamente, se realice un enérgico llamado a las autoridades de estado que deben dar protección a todos los comunicadores. Igualmente, exigir que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas cumpla con sus objetivos o que renuncien”.  

Un día después de que se reveló el asesinato de Valdivia, en su mañanera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se limitó a reconocer la peligrosidad de la región para los periodistas y prometió que se investigarían los hechos:

“Sí, es nuestro deber, es nuestra obligación hacer esta investigación y castigar a los responsables. Conozco Tezonapa y sé de la importancia que tiene el periódico El Mundo de Córdoba y lo heroico que es hacer periodismo en esa región, como en otras del país, por eso se tiene que investigar y castigar a los responsables, en todos los casos”, respondió el Presidente a una pregunta que se le hizo sobre el asesinato. 

Meses antes, el pasado 30 de marzo, en Papantla, ciudad ubicada en la zona norte de la entidad, había sido asesinada a tiros la periodista María Elena Ferral Hernández. Dos meses después, el 30 de mayo, el mandatario veracruzano anunció que la FGE informó que se había acreditado la participación de 11 personas en este crimen y que seis de ellas ya habían sido aprehendidas y vinculadas a proceso.

“Vamos a ir contra todo aquel que atente contra las y los periodistas, es una forma de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión”, aseveró el morenista durante la presentación del avance en las indagatorias. 

La hoy fiscal veracruzana, Verónica Hernández Giadáns, precisó que la línea de investigación indica que el motivo del crimen fue el ejercicio de la actividad profesional de la víctima y que, por lo mismo, violentó “el ejercicio del derecho a la información”.

Por su parte, las fiscalías especializadas en Delitos Electorales y para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión lograron establecer que algunos integrantes del grupo criminal que asesinó a la periodista eran generadores de violencia en esa región e informaron que investigan su vínculo con otros hechos delictivos.

Con la muerte de Ferral, la de José Celestino Ruiz Vázquez, asesinado el tres de agosto de 2019, en Actopan, y la de Valdivia, en septiembre, la administración del morenista Cuitláhuac García suma tres periodistas menos, sin garantizar atisbo de seguridad para dicho gremio.

En Veracruz están pendientes también las investigaciones sobre los periodistas desaparecidos Jesús Sandalio Mejía Lechuga (2003), Evaristo Ortega Zárate (2010), Gabriel Manuel Fonseca Hernández, Cuco, (2011), Anwar Castillo Domínguez (2012), Raúl Alfonso Rivera (2012), Miguel Morales Estrada (2012), Sergio Landa Rosales (2012) y Tomás David Matus Galván (2014). 

Además, la periodista de Poza Rica, Lidia Alejandra López Castañeda, ha denunciado reiteradamente agresiones verbales provenientes del hijo del presidente municipal morenista Francisco Javier Velázquez Vallejo. Lidia ya denunció el acoso cibernético, agresión psicológica y discriminación por razón de género hacia su persona ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas del estado de Veracruz, pero ninguna autoridad competente ha dado respuesta a su demanda.

Diez periodistas en un año 

Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la FGE de Veracruz que investigara exhaustivamente el homicidio de Valdivia, reveló que éste había sido el décimo periodista asesinado en México en 2020 y el 163º desde el año 2000.

“Este Organismo Nacional reitera su preocupación por la ausencia de acciones y estrategias coordinadas de las instancias de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano, tendientes a garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los periodistas, pues dichas agresiones constituyen un obstáculo e inhiben el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en nuestro país”, precisó a través de un comunicado. 

La CNDH se mostró alarmada por la “ausencia de efectividad, eficiencia y vigencia de las políticas e instrumentos públicos existentes para la atención de periodistas y colaboradores de los espacios informativos”, pues las agresiones en su contra no solo afectan a los integrantes de este gremio, sino que, además, representa un agravio a la sociedad, ya que impide que ésta sea ampliamente informada respecto a la transparencia en los procesos relacionados con la “cosa pública” o dimensión social, así como en la formación de la opinión pública. 

A pesar de que Veracruz es uno de los estados con mayor número de asesinatos y agresiones a periodistas, en diciembre podría desaparecer la CEAPP debido a que los comisionados cumplen su gestión de cuatro años y el Congreso Local podría determinar su disolución luego de 14 años de funcionamiento. 

El diputado local Augusto Nahúm Álvarez Pellico ha afirmado que los resultados de la CEAPP, en materia de salvaguarda a los comunicadores en riesgo, han sido pobres y la legisladora panista María Josefina Gamboa Torales  insiste en la necesidad de revisar su permanencia a partir del año que entra.

Esta revisión podría ser crucial a partir de noviembre, cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de Veracruz.