Desde el ocho de septiembre, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó a la Cámara de Diputados y Senado de la República, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020; y según él mismo, se puso atención especial en la distribución del gasto social, seguridad y apoyos fiscales a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La aprobación del PEF es facultad solo y exclusivamente de la Cámara de Diputados; así que después de que se concluyan los análisis en comisiones, los diputados deberán aprobarlo en el Pleno, y la fecha límite es el 15 de noviembre; más adelante, el Ejecutivo tendrá 20 días para difundirlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y en otros 20 debe estar publicado; el Ejecutivo debe enviar los anexos del presupuesto a la Cámara de Diputados.

Estamos a menos de dos semanas y días del límite de entrega para que el PEF se apruebe; hasta entonces sabremos la cantidad y la forma en que se distribuirán los recursos públicos de los organismos autónomos, así como las transferencias que se harán a los gobiernos estatales y municipales.

Tanto los ingresos como los egresos planteados por el Gobierno mexicano para el siguiente año, sin duda alguna responden a los intereses que él tiene, por ejemplo: con los empresarios, dueños del poder económico ─como Carlos Slim─ empresarios que no están nada preocupados porque todos los discursos que López Obrador (AMLO) realizó en campaña, y de que primero están los pobres, se colapsan cuando la cúpula empresarial no vea afectados sus intereses al no cobrarles más impuestos.

La clase rica que gana más, seguirá ganando más, y sin pagar los impuestos correspondientes a esas ganancias; la frase "que paguen más los que ganan más, y que peguen menos lo que ganen menos" es olvidada nuevamente en la ley de Ingresos; por otro lado, veremos que a los pobres se cargarán más impuestos, aunque deba ser con otro nombre y no sea directamente.

En la Ley de Ingresos, por ejemplo, se están tomando aspectos muy generales, se asegura que no habrá recesión ni en Estados Unidos (EE. UU.) ni en México, y se asegura que la producción de petróleo aumentará a 1.9 millones de barriles diarios (sic), aumento de 13 puntos porcentuales; también se ha especulado sobre un crecimiento económico de dos por ciento, pero no se expone a detalle cómo se logrará, un crecimiento cuyas encuestas lo han colocado debajo de 1.5 por ciento. Y como todos ya sabemos, en estos últimos meses, el crecimiento económico es de cero por ciento.

Lo grave y preocupante para las familias mexicanas es que, si se proyecta una sobreestimación del crecimiento y del ingreso; y ninguno se realiza, provocará serios problemas, y se tendrá que recortar al gasto o habrá más deuda. Otro dato curioso y revelador es que se privilegia a los programas de transferencia directa; sin embargo, como se sabe esto no es generación de empleo, sin simplemente entrega de dinero que no genera producción, como sí lo hace el empleo; además, este hecho está emparejado con la intención del partido en el poder, AMLO en concreto, para garantizar votos en las elecciones intermedias del 2021.

En lo que a egresos se refiere, con un gasto de 6.1 billones de pesos, vemos cómo el gasto a la población se estipula en 16.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra igual a la de este año, que de por sí ya era de las más bajas. Entonces se ve claramente que el presupuesto afectará, se olvidará, desatenderá las necesidades sociales ; y  habrá recortes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); esto se resentirá en las carreteras del país, pues no habrá mantenimiento o construcción; tampoco habrá apertura de caminos y vivienda o la dotación de servicios como drenaje, luz eléctrica, agua potable, electrificaciones; en fin, todo lo que se podía hacer vía el Ramo 23. Otro de los ramos que más afectación tendrá es el de salud, pues datos oficiales dan parte de que México ocupa el lugar número 99 en acceso a cuidados médicos de calidad y en el país se dedica 2.8 por ciento del PIB a gasto público en salud, lo cual nos ubica en el lugar número 107.

Frente este panorama desolador de ingresos y egresos, se han producido, desde la semana anterior, una ola de protestas, entre ellas un grupo de alcaldes que fueron al Palacio Nacional para pedir que no les quiten los recursos de los municipios, pues ya se están disminuyendo a través de la Ley de Ingresos, por ejemplo: la presienta municipal de Chihuahua, Eugenia Campos, advirtió que el grupo de alcaldes, formado por unas 40 personas, solicitaron audiencia con el presidente y que incluso ya no piden más, sino que no les quiten lo que ya se tiene.

Antes del 15 de noviembre, fecha límite para que el presupuesto quede aprobado, habrá varias protestas y muestras de inconformidad; se preparan ya algunas conferencias de prensa en al menos unos 300 municipios de todo el país para denunciar arbitrariedades en las partidas de egresos, y la marginación en ramos principales como la realización de obras y servicios para comunidades y pueblos, y en los municipios donde se les recorte el presupuesto.

Incluso, se habla de que entre el 10 y 15 de noviembre habrá protestas en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, y plantones en la Cámara de Diputados. ¿Cuál será la repuesta federal?, ¿habrá alguien sensato en el gobierno y en la Cámara de Diputados que los atienda?; u ocurrirá lo mismo que sucedió con los alcaldes que se manifestaron el jueves 22 de octubre en Palacio nacional: "Sí lanzamos gas lacrimógeno a alcaldes afuera de Palacio Nacional, pero poquito”. Por el momento, querido lector, es todo.