La empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se convertirá, en corto plazo, en la principal cadena de tiendas rurales de conveniencia de México; pero su diseño operativo actual está copiado del modelo comercial de los oligopolios Oxxo, Extra y Seven Eleven y poco o nada se parece al de la desaparecida Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), en cuyos expendios se vendían alimentos naturales y sanos a precios bajos.

Hoy las tiendas Diconsa -remanente histórico de la Conasupo y punto de resurrección de la Segalmex– no solo venden todo tipo de productos industrializados, entre ellos los alimentos chatarra, sino que además el Gobierno Federal vigente les ha agregado una función bancaria para que operen como cajeros automáticos, reciban el pago de servicios públicos y vendan “tiempo-aire” de telefonía móvil, transacciones con las que los principales beneficiarios son los grandes corporativos bancarios, agroalimentarios y refresqueros en perjuicio de los comerciantes mini y pequeños.

Pero el impacto del rediseño operativo de la desaparecida Conasupo-Diconsa-Segalmex no se limita al ámbito comercial y bancario, sino que al renunciar a su objetivo original de sustituir importaciones y reducir la dependencia alimentaria con respecto a Estados Unidos (EE. UU.) se golpea severamente a los productores agropecuarios del campo mexicano, quienes esperaban que una parte importante de 70 por ciento de los alimentos básicos comprados en dólares en aquel país –maíz, frijol, carnes de pollo y cerdo, leche en polvo, etc.– podrían ser vendidos por ellos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de la organización El Barzón reconoció, el nueve de octubre, que 90 por ciento de la producción agrícola no cuenta con un esquema de acopio y comercialización, y que el gobierno actual no ha aclarado todavía cómo apoyará a los agricultores directamente mercados.

Ramírez Cuéllar reconoció incluso que la estructura de Segalmex “descansa en los viejos coyotes de siempre, todos los viejos coyotes priistas que se enriquecieron con el saqueo de los agricultores en muchas regiones del país, ahora son la base del acopio en Zacatecas, Durango, en muchos lados".

Con la activación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el Gobierno Federal de entonces condenó a muerte al debilitado agro nacional, porque tuvo que enfrentarse a poderosas empresas agroalimentarias estadounidenses que finalmente se han impuesto. Ese mismo estatus se mantiene en la versión actualizada de ese acuerdo –TLCAN, EE.UU. y Canadá (T-MEC)– avalado en todas sus letras por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en noviembre de 2018, y ratificado el 19 de junio de 2019 por la mayoría parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, aunque sigue pendiente su aprobación en EE. UU.

Segalmex, apoyo a coperativos 

El ocho de octubre, durante la comparecencia del Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de AMLO, el presidente de la comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, el diputado morenista Eraclio Rodríguez Gómez denunció que los pequeños productores son marginados en las compras de Segalmex, y que la paraestatal está privilegiando a corporativos nacionales y extranjeros. Este hecho pone en riesgo la situación financiera de los agricultores en pequeño. “Tenemos en todo el país un grave riesgo de carteras vencidas que no se están atendiendo de manera adecuada y que lo hemos venido planteando de una manera reiterada”.

"Quiero decirles que hoy unos de los proveedores en estos programas del gobierno son Gruma (harina de maíz para tortillas y derivados) y Cargill (agroalimentaria estadounidense). Entonces no hay una concordancia en el discurso cuando decimos que vamos a apoyar a los más pobres y vemos en los padrones de proveedores de Segalmex a Cargill y a Gruma (elaboradora de harina de maíz para tortillas y otros productos derivados).

“¿De qué se trata? Ver cómo los productores competimos en el mercado internacional en una competencia totalmente desleal. Mientras nuestros socios comerciales tienen un precio del diésel de cinco u ocho pesos en algunos países, nosotros pagamos más de 20”, reclamó el legislador morenista al secretario Villalobos.

Y resaltó: “Hemos encontrado que al correr de los días de este año (2019) hemos desmantelado la planta administrativa que sirve y atiende a nuestros productores en la zona rural. Hemos contribuido a un desmejoramiento en el ejercicio del Presupuesto. No ha llegado a los rincones a donde debe de llegar. Tampoco ha llegado a quienes les debe de llegar (…) nos encontramos ante un mercado totalmente manipulado, pero siempre la manipulación en contra de los productores y en contra de los consumidores, y una ausencia del Estado para resolver estos problemas tan profundos que aquejan a nuestro campo mexicano”.

Esto se debe a que desde el inicio de este año, Segalmex se dedicó a comprar la misma chatarra alimentaria que se oferta en las tiendas de conveniencia de moda a los grandes corporativos privados –las ya aludidas Oxxo, Extra, Eleven– y también en las tiendas Diconsa, cuya histórica tarea comercial consistía en rescatar la alimentación sana en las zonas rurales empobrecidas a precios más bajos.

El 14 de julio se difundió que en el primer semestre de 2019 Segalmex compró 47 millones de pesos (mdp) en productos chatarra a corporativos para venderlos en sus tiendas populares Diconsa. Según la información divulgada ese día, a Pepsico le compró galletas, cereales industrializados y harina para hot cakes.

Ese mismo día, el doctor Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, declaró que Diconsa vende productos de alto contenido calórico, los más demandados por la población rural de escasos recursos, en lugar de promover, como reza su objetivo, una dieta sana, con productos naturales, no industrializados. “La política alimentaria, la de transferencias monetarias a la población, y la fiscal, han aumentado el consumo de productos con altos niveles de azúcar”, expuso Ávila a un diario nacional.

La preocupación de los médicos por la comercialización de estos productos radica en

los altos índices de sobrepeso y obesidad que hay en el país: 73 por ciento de los adultos enfrentan estos problemas; lo mismo ocurre en cuatro de cada 10 jóvenes y en uno de cada tres niños, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

AMLO había asegurado que se retomaría el modelo de la antigua Conasupo para que en las tiendas Diconsa se vendieran productos naturales y sanos generados por las comunidades, a cuyos productores se beneficiaría mediante la compra directa y sin intermediarios de maíz, frijol, pollo, etcétera.

El apoyo del gobierno a los corporativos

“En el mejor de los casos son buenas intenciones, porque los procedimientos siguen siendo los mismos. Podemos ver en las estadísticas cómo ha caído la producción, muchas  pequeñas y medianas industrias han muerto y esto le sigue abriendo paso a las trasnacionales. Basta ver la cantidad de pymes agremiadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra): ya no llegan ni a dos mil”, refirió a este semanario Adán Rivera García, dirigente de la Asociación Nacional de Industriales de la Trasformación (ANIT) y miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.

Más allá del discurso presidencial, Segalmex apenas adquiere algunos productos básicos, entre ellos maíz y frijol, a una franja pequeña de productores hasta con 30 hectáreas de temporal y cinco de riego, cuyo número (250 mil) contrasta con el padrón de cinco millones 500 mil campesinos registrados en 2015, de los cuales 55 por ciento son agricultores y 44 por ciento peones o jornaleros sin tierra.

Resulta evidente la caída de la producción nacional y el aumento de las importaciones de EE. UU. Entre enero y mayo de 2018, México importó seis millones 169 mil toneladas de maíz y exportó 429 mil toneladas, cifra equivalente al siete por ciento del total importado. Ya sea maíz blanco, amarillo o quebrado, 98 por ciento de las importaciones del grano proviene de EE. UU. –según acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA)– donde para su cultivo se utilizan semillas transgénicas y el pesticida Glifosato, altamente peligroso para la salud humana, y comercializado por el corporativo Monsanto, que fue comprado el cuatro de junio de 2018 por el gigante alemán Bayer en una manifiesta transacción financiera destinada a ocultar el descrédito mundial de la empresa estadounidense.

Las consecuencias del abandono al campo mexicano en beneficio de los productores estadounidenses pueden observarse en un estudio que el 18 de febrero de 2015 difundió Anthony Shelton, investigador y entomólogo de la Universidad Cornell, donde se resalta que México había perdido su seguridad alimentaria porque ya no producía localmente el maíz suficiente para alimentar a su población. Destacó que el rendimiento de los cultivos de maíz a nivel nacional corresponde a 3.17 toneladas por hectárea, proporción equivalente al 38 por ciento por abajo del promedio mundial.

La doctora Elena Álvarez-Buylla Roces, del Instituto de Ecología (IE) y del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó una investigación el 18 de septiembre de 2017 en la revista científica Agroecology and Sustainable Food Systems, donde revela que 90.4 por ciento de las tortillas que se consumen en México están elaboradas con maíz transgénico, y que 82 por ciento de las tostadas, harinas, cereales y botanas proceden de ese mismo grano. También se resalta que como en el país todavía es ilegal la siembra de maíz transgénico, la forma de burlar la legislación local consiste en mezclar el maíz amarillo transgénico importado de EE. UU., supuestamente destinado al consumo animal, con harina de maíz mexicano para la confección de tortillas, cereales y botanas.

AMLO anunció que no busca beneficiar a las corporaciones agroalimentarias, y nombró a Elena Álvarez-Buylla como directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dependencia del Gobierno Federal. Pero la doctora, desde que ocupa esta posición oficial, ya no difundió su investigación, ni sobre los transgénicos.

En una situación parecida se halla Víctor Villalobos Arámbula, actual secretario de Agricultura, quien en el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) fuera subsecretario de esta dependencia y mantuviera estrecha cercanía con el principal difusor de los transgénicos en el mundo: la empresa Monsanto, hoy Bayer, poseedora de las patentes de dichas semillas y del Glifosato, con los que se mantiene el maíz amarillo en el país vecino del norte.

Villalobos fue empleado de Monsanto y llegó a la subsecretaría de Agricultura cuando Fox impulsó la llamada “ley Monsanto”, en 2003, una propuesta de reforma que pretendía autorizar la siembra de transgénicos en México; pero las organizaciones no gubernamentales consiguieron bloquearla y perentoriamente suspenderla mediante una controversia interpuesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 24 de noviembre de 2017. A la fecha se halla pendiente la resolución de esta institución del Estado mexicano para pronunciarse sobre la letalidad o innocuidad de los transgénicos, aunque Monsanto-Bayer contraataque legalmente.

Además de haber trabajado para Monsanto, Villalobos laboró en Grupo Pulsar, cuya especialidad es la producción y la promoción de semillas transgénicas en México a través de la Seminis, corporativo del que es dueño nada menos que Alfonso Romo, actual jefe de la Oficina de la Presidencia.

“Los alimentos procesados contienen maíz importado de Estados Unidos, que es transgénico, por eso también, en el caso de las tortillas, lo que demuestra es que, aunque se hubiera dicho que el maíz importado era solamente para el consumo de animales, eso no es verdad, porque lo usan las compañías que fabrican alimentos procesados de maíz.

“Maseca, Minsa, Cargill, Arancia Industrial, son las principales importadoras de maíz estadounidense a México.

“¿Para que utilizan ese maíz? para hacer sus mezclas con maíz mexicano, al fabricar harina de maíz para tortillas y otros productos derivados. Por esa razón la gran mayoría de los alimentos procesados tienen maíz transgénico, porque están utilizando maíz amarillo de importación”, afirmó a este semanario la doctora Ana De Ita Rubio, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.

“En 2003, cuando surgió el movimiento El Campo no Aguanta más (y Sin Maíz no hay País) Diconsa se comprometió a ya no importar maíz y comprarlo a los productores nacionales, porque se descubrió la presencia de transgénicos en el grano de sus almacenes, lo cual confirmaba que estaba distribuyendo el maíz importado de EE. UU.”, explicó De Ita.

Para cumplir con ese compromiso se realizó la investigación de la ahora directora del Conacyt (Elena Álvarez Bullya), quien detectó que muchos productos industrializados con maíz contienen elementos transgénicos y glifosato. “Si Diconsa de verdad busca no vender transgénicos, entonces no debe vender productos industrialmente procesados con maíz en sus tiendas. Y vamos a ver qué pasa con lo del etiquetado, porque debido al TLCAN, México no puede negarse a importar el maíz transgénico de EE. UU.”, advirtió la doctora Ana De Ita Rubio.

El etiquetado de productos es un tema a discusión todavía en el Congreso. Se supone que si se aprueba, se obligaría a las corporaciones agroalimentarias, panificadoras, confiteras y botaneras a colocar una etiqueta visible en sus productos donde se especifique el valor calórico y, en todo caso (como ocurre en Inglaterra), si contiene componentes transgénicos. Sin embargo, a la fecha se desconoce si este último requisito recibirá el visto bueno de los congresistas mexicanos, ya que el cabildeo y las presiones de las corporaciones pueden vetarlo, según anunciaron los activistas sociales.

Segalmex y su cadena abarrotera

En el plan de expansión de Segalmex se pretende incrementar en el corto plazo a nueve mil más su número de tiendas populares para que sumen 36 mil puntos de venta donde los mexicanos de los medios rurales y suburbanos puedan disponer de los mismos servicios comerciales y bancarios (cajeros automáticos), que hoy brindan los oligopolios privados (Oxxo, Banco Azteca, etc.), asimismo de que “bancaricen” sus transacciones comerciales y oficiales, y se reduzca el manejo de efectivo.

Es decir, que las futuras 27 mil tiendas de Segalmex no solo aspiran a competir por la clientela con Oxxo y sus 18 mil puntos de venta de productos chatarra, pagos de servicios públicos, cajero automático y telefonía móvil, sino también su eficiente modelo de negocio, con lo que difícilmente podrá revivir el de la antigua Conasupo, cuya misión consistía en acercar productos naturales y sanos a precio accesible a la población económicamente más vulnerable; mientras impulsará el desarrollo de productores locales.

Con respecto a modelo mercantil privado, Segalmex tendrá una distribuidora oficial de abarrotes en los reclusorios y cárceles del país, de los gobiernos estatales y de algunas dependencias federales, como las secretarías de Educación Pública, Defensa, Marina, DIF-Nacional, Salud y los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tarea para la que dispondrá de 36 mil tiendas y 70 centros de almacenamiento en zonas urbanas y 102 en regiones rurales.