Amplia polémica ha generado todo lo que rodea esta iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, de acuerdo con lo señalado por la secretaria de energía, Rocío Nahle, tiene como finalidad poner orden en el sector. Por ello platiqué con Ramsés Pech, analista de la industria de energía y economía, quien aseguró que la reforma al sistema eléctrico es inviable y distrae al Congreso de los temas relevantes, como el diseño de presupuesto 2021. El panorama del sector energético seguirá deteriorándose como demuestra el incremento en precios de gas y electricidad.

De acuerdo con el analista, la propuesta es muy ambigua, se habla de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y deja mucha incertidumbre a los inversionistas que hoy en día están y los que en un futuro quisieran invertir. Se modificarán, además, los artículos 25, 27 y 28 –recordar que todos los amparos en el sector eléctrico se basaron en las decisiones de ciertos jueces teniendo como referencia estos artículos–, por lo que se tendría que proyectar que ante esta propuesta también se pueden interponer amparos, lo que llevaría a su falta de efectividad. En caso que pasase en la Cámara de Diputados, el analista advierte un alud de juicios y pérdida de tiempo desahogando los recursos judiciales, cuando hoy necesitamos ponernos a la par de la transición energética que tiene en el mundo.

El gobierno de la 4T está buscando un nuevo round con el poder económico, sin tener el respaldo popular necesario para hacerle frente. De aprobarse la reforma, dice el experto, los permisos actuales que estén dentro de la Comisión Reguladora de Energía o en el CENACE o cualquier instancia que esté dando un permiso en el sector eléctrico, van a tener que ser cancelados tanto los contratos actuales como los que se tendrían en un futuro.

Uno de los puntos torales, afirma, que está discutiendo la Comisión de Electricidad es que paguen la transmisión y distribución, "está bien, que pasen todos a la nueva ley que está vigente hoy en día, puntos que se pueden lograr con un acuerdo entre las instancias involucradas, como la CFE, CENACE, COFECE y las empresas privadas. No necesitamos cambiar la ley, porque lo que estamos haciendo es perder el tiempo cuando hay cosas más importantes como es tener un buen presupuesto para el 2022", por lo que concluye que Morena está estresando a la Cámara de Diputados.

Aseguran que regresar la Comisión Federal de Electricidad deja entreabierta una ventana para volver a la corrupción, "porque hay que licitar todo, ya sea para instalar, vender y todo lo que se necesite, y luego, como el CENACE vuelve a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad, ésta puede decidir quién sube o quién permite subir la electricidad. Entonces, ese 54 por ciento que por decreto se está dando en esta propuesta, el 46 por ciento restante, la Comisión Federal de Electricidad determinará quién, cómo y cuánto le va a comprar".

Se abre un problema en el mercado y conflictos de interés, porque la pregunta es ¿la comisión para la electricidad va a unir tu empresa filial de suministro con la de generación? Un privado también podría hacerlo. Es lo mismo, porque lo está permitiendo con esta modificación de ley, entonces ahí caemos en un problema del mercado. Se van a abrir muchas discrepancias, resultados de muchas cosas ambiguas, abiertas y depende de la interpretación de cada persona. Yo comparto estas dudas, la prioridad es cómo viene el presupuesto 2022, luego de tres presupuestos en donde Morena ha secuestrado los recursos de la nación, para asignarlo a sus cuestionadas obras gubernamentales y prioridades electorales.