“La pobreza extrema en América Latina y el Caribe afectó al 11.4 por ciento de la población en 2023, situación que se traduce en inseguridad alimentaria y que conlleva consecuencias económicas devastadoras”, reveló el informe "Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición" de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Según el informe “la inacción ante el hambre tiene un costo equivalente al 6.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los 14 países de la región. En contraste, cerrar la brecha de acceso a alimentos saludables representaría sólo el 1.5 por ciento de la riqueza nacional”.

Por lo anterior, el subdirector general de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, urgió en la necesidad de alinear políticas para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, especialmente cuando el gasto en alimentos representa el 22 por ciento del PIB regional.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que, en 2023, 43.2 millones de personas en ALC sufrieron de hambre. Además, entre 2021 y 2022, cerca de 247.8 millones de habitantes experimentaron algún grado de inseguridad alimentaria.

“La pobreza es el factor clave que alimenta este problema, ya que la malnutrición no se debe a la falta de alimentos, sino a la falta de recursos financieros para acceder a ellos. Es crucial impulsar políticas que combatan la pobreza, especialmente entre mujeres, poblaciones indígenas y personas en zonas rurales, donde la carencia alimentaria es más pronunciada”, comentó.

En México, la inseguridad alimentaria también es una preocupación significativa. Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), puntualizó que al menos el 18.2 por ciento de la población experimentó carencias relacionadas con el acceso a una alimentación nutritiva en 2022. Aunque el país ha tenido éxito en proporcionar alimentos seguros y de calidad, aún enfrenta desafíos para garantizar un suministro adecuado para todos sus ciudadanos.