El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), advirtió este lunes que 10.7 millones de personas podrían caer en pobreza laboral al cierre del segundo trimestre de 2020 ante la contingencia sanitaria generada por el coronavirus.

Entre sus potenciales consecuencias económicas, significa un riesgo para la profundización de la pobreza y la desigualdad en el país.

El consejo anticipa aumentos “preocupantes” en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral (población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral) y el riesgo de que, en ausencia de políticas públicas orientadas a esta población, las condiciones de vida de los grupos de ingreso medio enfrenten condiciones de pobreza.

En el reporte "La política social en el contexto de la pandemia por el Covid-19 en México", el organismo encargado de la medición de la pobreza y evaluación de programas sociales presenta estimaciones de la pobreza bajo dos escenarios.

En el primero se considera una contracción económica de 6 por ciento y se simula una caída generalizada en el ingreso equivalente a 5 por ciento y, en el segundo, se simula una caída promedio en el ingreso de 5 por ciento, considerando mayores afectaciones a la población en función del ingreso y de la incidencia de pobreza urbana.

Además de los posibles efectos en la pobreza, las mujeres deberán afrontar esta pandemia con mayores desventajas. La CEPAL estima que las mujeres representan 72.8 por ciento del total de personas ocupadas en los sistemas de salud de la región, cuyas condiciones de trabajo son precarias, las cuales se vuelven extremas con el aumento de horas laborales y el riesgo de contagio de la COVID-19, además de los costos y esfuerzo de participar en mayor proporción en las tareas de cuidado en casa y del trabajo doméstico.

El Coneval propuso al gobierno las siguientes medidas para reducir los impactos por Covid-19: Apoyar a este sector de la población a través de créditos, como en el caso del Programa Microcréditos para el Bienestar que otorga financiamiento y capacidades técnicas para el inicio o consolidación.

Se requieren medidas coordinadas de los tres órdenes de gobierno para promover que los hogares que tendrán dificultades en el ingreso puedan atender las necesidades más básicas; por ejemplo, a través de subsidios temporales en el costo de los servicios básicos de la vivienda. Asimismo, se debe asegurar la adecuada operación de los programas federales que realizan transferencias monetarias directas.