La falta de recursos financieros en escuelas públicas, sumada a los problemas de inseguridad y a las frecuentes denuncias de acoso sexual, ha provocado una inesperada emergencia de movimientos estudiantiles que al día de hoy mantiene en paro al menos a 19 escuelas de nivel medio superior y superior en todo el país.

Hasta el cierre de esta edición permanecían cerrados ocho planteles de nivel superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y dos preparatorias (la Uno o Gabino Barreda y la Cinco o José Vasconcelos), además de los cursos de primero y segundo año de la Facultad de Medicina; y en el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el paro afectaba a nueve escuelas, siete de nivel superior y dos de medio superior.

En un comunicado, el IPN detalló que sus escuelas sin actividades de nivel superior eran la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), unidades Santo Tomás y Tepepan; Escuela Superior Economía (ESE); Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco; Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM); Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime), Unidad Zacatenco; Escuela Superior de Turismo (EST); y Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (Esiqie). Del nivel medio superior, se mantienen en paro el Cecyt 2 Miguel Bernard y el Cecyt 8 Narciso Bassols.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) mantuvo cerradas sus instalaciones durante casi un mes y solo pudo abrirlas después de que sus autoridades levantaron pliegos petitorios. En la misma situación se halló la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), que estuvo tres semanas en paro, y otros tantos meses sin actividades, hasta que finalmente la Asamblea Estudiantil destituyó al rector, José Solís Ramírez, quien se negaba a retirarse del cargo y fue sustituido por Ángel Garduño García, quien tendrá que resolver las demandas de los estudiantes.

En la mayoría de estos movimientos estudiantiles las causas son legítimas, pero en algunos de ellos el alumnado carece de la experiencia política necesaria para lograr la satisfacción de sus demandas o hacer escuchar sus denuncias sin tener que llegar al paro. Por ejemplo, el pasado 17 de octubre, una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur, fue agredida sexualmente a plena luz del día, lo que provocó que tanto la FES Zaragoza como el propio CCH y la preparatoria del plantel Número 7 se fueran a paro.

En el CCH Vallejo se suspendieron clases porque el colectivo mixto QCCHeros denunció que su gato Haru fue torturado hasta la muerte dentro de las instalaciones el pasado 28 de septiembre. En el CCH Azcapotzalco y el Colegio de Bachilleres (Colbach) Número 1 suspendieron clases el pasado viernes 30 de septiembre por la agresión de presuntos grupos porriles a los estudiantes.

En la FES Acatlán, los alumnos demandan principalmente mejores condiciones materiales dentro del instituto, ya que los baños y laboratorios son antihigiénicos, el transporte y la seguridad son insuficientes en los alrededores. A decir de los estudiantes, esta zona es muy peligrosa; miembros de la mesa de dialogo, entrevistados por buzos dieron testimonio de los riesgos a los que se enfrentan cotidianamente.

En la UACh, los estudiantes de ingeniería agropecuaria demandan mejores apoyos para sus estudios, sobre todo aumentos a sus becas escolares y viáticos, así como un incremento a los apoyos alimenticios en la Unidad Regional Universitaria Sursureste y Centros Regionales, además de la incorporación de la Sede de San Luis Acatlán.

En la UAQ, el grupo autodenominado Facultades Unidas exige a las autoridades que atiendan las denuncias de abuso sexual, cuyo número va en ascenso y en las que se hayan involucrados miembros del personal docente.

Las Escuelas Normales Rurales exigen respeto a su organización estudiantil interna, más recursos para sus comedores y albergues y que los gobiernos estatales no los repriman, pues desde 2021 las acciones físicas en su contra por parte de las autoridades no cesan, sobre todo en el estado de Puebla.

Ninguna de las peticiones es descabellada, la mayoría coincide en sus demandas, pero los movimientos estudiantiles se han desarrollado por cuenta propia y sin buscar comunicación entre sí, con excepción de las Escuelas Normales Rurales, comentó en entrevista con buzos Miguel Ángel Vértiz, académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Necesaria la unidad entre instituciones

En un intento por unificar las peticiones de los estudiantes, se llevó a cabo una asamblea interuniversitaria en la UNAM, en la que los alumnos llegaron a un acuerdo para conjuntar las demandas y el miércoles 12 de octubre realizaron, junto con los del IPN, una marcha que llevó como principal consigna: “Presupuesto a las escuelas y no a la Sedena”.

El mayor y más común problema en los centros de educación pública superior y media superior es la falta de recursos financieros para cubrir sus gastos. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara (UdG) ha denunciado que por falta de presupuesto desde este mes, y hasta marzo de 2023, no podrá cubrir el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (Proesde), el cual es regulado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Educación Pública (SEP).

Este mismo problema enfrentan otras instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a la que el Gobierno Federal no entrega este apoyo para estimular a los docentes desde 2019, denunció Miguel Ángel Vértiz.

A estos problemas el Gobierno Federal ha sumado otro con la eliminación del fondo extraordinario Carrera Docente, conocido como U040, que complementa el pago de estímulos en las universidades públicas y la desaparición de 16 programas de todos los niveles de la educación pública.

La asociación civil Mexicanos Primero ha señalado que el presupuesto para la educación básica, que comprende kínder, primaria y secundaria, también ha recibido recortes presupuestales hasta del 15 por ciento durante la presente administración, lo que se ha traducido en la desaparición de apoyos focalizados a programas claves para las escuelas públicas. En 2016, el monto destinado a estos programas era de 80 mil 496 millones de pesos; este año se redujo a 68 mil 120 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda reveló que en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto existían 25 programas destinados a la educación; pero que en la actual administración solo quedan 17. Entre los años 2008 y 2022, el gasto educativo fue equivalente al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pese a que la Ley General de Educación establece que debe ser del ocho por ciento.

En su informe anual Panorama Educativo México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) demuestra que el gobierno mexicano no destina el financiamiento suficiente para la educación.

Por ello, México está reprobado en sus tres niveles de enseñanza y cobra mayor sentido la denuncia-consigna que los universitarios utilizaron en los últimos días en una de sus marchas: “Presupuesto a las Escuelas y no a la Sedena”. Esta llamada de atención se hizo a fin de reprochar al Presidente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año próximo haya destinado mayores recursos para atender los problemas de seguridad que los de educación.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados dio a conocer que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no logró aclarar a dónde fueron a parar 27 millones 155 mil pesos del presupuesto público federal que debían haberse transferido a ocho mil 515 familias.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que 14 programas gubernamentales destinados a la educación de niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena han sufrido recortes presupuestarios que afectaron la enseñanza de éstos durante la pandemia de Covid-19.

“Durante ese periodo, 87.7 por ciento de niños, niñas y adolescentes hablantes de lengua indígena no contaron con computadoras para estudiar. De las personas de esta población que tomaron clases a distancia, 17.8 por ciento no contó con un escritorio o mesa para hacer sus tareas; 20.7 por ciento no estudió en un lugar tranquilo sin distracciones y 34.6 por ciento no tuvo libros de consulta para realizar sus actividades”, dice una parte del informe.

Pero el Presidente ha descalificado los movimientos estudiantiles argumentando que detrás de éstos hay “intereses” políticos que buscan enfrentar a su administración con los estudiantes y negado que las demandas de los inconformes tengan sustento.

Con respecto a este hecho, el profesor Vértiz, de la UPN, recordó “una sociedad que maltrata a sus científicos es una sociedad que difícilmente va a prosperar en el camino económico y en el camino de la formación de ciudadanos”.

Normales al borde de la desaparición

Desde 2021, los estudiantes de las escuelas normales rurales han estado denunciando que las autoridades federales y estatales atentan contra su existencia y que desde entonces el gobierno de López Obrador les ha recortado el 95 por ciento de su presupuesto, lo que equivale a darle un golpe mortal a este tipo de instituciones, que fueron creadas en 1921 con el objetivo de brindar educación gratuita a los pueblos más pobres de México.

“No somos de una universidad, somos de una normal rural, somos de bajos recursos, somos hijas de campesinos y obreros que estamos dispuestas a llevar la educación a los lugares más recónditos del país”, dijo emotivamente una de las integrantes de la mesa de diálogo de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, Puebla, que en rueda de prensa acusó al gobierno de Puebla, que encabeza Miguel Barbosa Huerta, de recortar recursos “hasta de burla” al comedor estudiantil de uno de sus albergues y de ignorar sus peticiones con el único fin de extinguirlos.

Denunciaron que es el propio López Obrador quien permite la represión y la violencia contra los estudiantes; por eso Alejandro Martínez, miembro del Centro de Derechos Humanos José Revueltas, expresó su inconformidad y denunció que AMLO “permite que los gobernadores, que actúan como señores feudales, tomen iniciativa y les da toda la legitimidad para, si es necesario, detener, torturar y desaparecer lo que sea. Porque, digamos, mientras no se le salgan de control mediáticamente y políticamente, no le importa.

A este hecho se suma que el gobierno de Barbosa Huerta pudo impedir con engaños que organizaciones civiles como Serapaz A.C, apoyaran la movilización de las jóvenes de la Normal, ya que ni “al Presidente de la República y el gobernador le interesan las Normales Rurales a no ser que sea en el discurso”, aseguró Martínez.

“Los estudiantes tienen que unir fuerzas, conocer sus problemas comunes y formular sus demandas e inconformidades con base en una estrategia de lucha también común a fin de erradicar sus causas de fondo”, agregó el defensor de los derechos humanos, quien coincidió con el profesor Vértiz en que el Gobierno Federal deslegitimiza –a través del discurso– a quienes están en su contra y a quienes ganan más, en lugar de generar empleos, mejorar salarios, dar mayor presupuesto a la educación y solucionar las demandas universitarias.

En un par de ocasiones, el Presidente ha dicho que apoyaría a las escuelas rurales, pero en los hechos no ha ocurrido; por el contrario, les ha recortado el presupuesto y les ha colocado una manta en los ojos para evitar que lo responsabilicen de este problema. Por ello, un miembro de la asamblea estudiantil de la ENR de Teteles pidió “que no solamente lo diga, porque las palabras solas no nos sirven; que realmente, si él está de acuerdo con el normalismo rural, nos dé respuesta … porque en todas (las escuelas rurales) estamos sufriendo la represión académica… que lejos de que salga en sus conferencias y diga que está en total apoyo y que sabe del normalismo rural y que está con el pueblo y que simpatiza con las necesidades que tenemos como sociedad, que realmente lo haga, que ponga a hacer o a trabajar a las personas que pueden hacer un cambio en el mormalismo rural”.

La madrugada del pasado cinco de noviembre, elementos de seguridad de la Ciudad de México reprimieron a las alumnas del Consejo Estudiantil de la Escuela Rural Carmen Serdán, que se manifestaban en el Eje Central y la Avenida Juárez en el área central de la capital para exigir mayor atención a sus reclamos contra la violencia de género.

Esta demanda, que se escucha en la mayoría de las universidades públicas, se debe en parte a que el 95 por ciento de los recursos que debieron ser destinados para atender la violencia de género se destinaron a los programas prioritarios de la administración actual, según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 64 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad y que los feminicidios en México siguen al alza. Además, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 no contempla mayores recursos para atender las necesidades de los estudiantes y la sociedad en general.