La extracción ilegal genera una crisis que afecta a 2.2 millones de mexiquenses, de acuerdo con el censo 2020 del INEGI.
editorial
El manejo político del presupuesto federal
El Reporte Especial se refiere a las principales irregularidades en el uso de los recursos del FEIP, de los 109 fideicomisos desaparecidos y hasta del dinero recuperado de subejercicios.
El Reporte Especial de buzos se refiere, esta semana, a las principales irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, de los 109 fideicomisos desaparecidos y hasta del dinero recuperado de subejercicios; consulta la opinión de analistas, legisladores y dirigentes políticos que denuncian que la aplicación de estos fondos atiende las prioridades políticas de la “Cuarta Transformación” (4T), pero no las de la mayoría de los mexicanos como son salud, educación, vivienda y servicios básicos, y señalan que en plena crisis sanitaria por la pandemia, los mencionados fondos no sirvieron para atender la grave situación social provocada por las alarmantes cifras de contagios y muertes y tampoco se emplearon para apoyar a las víctimas de desastres naturales que se presentaron en ese lapso.
Ante la caída de los ingresos por la venta de petróleo en el mercado exterior y el desplome de la economía nacional, la 4T no encontró mejor salida que echar mano de otras bolsas destinadas a enfrentar posibles emergencias y prefirió dejar de atender otros renglones del gasto público para dar preferencia a sus prioridades: las obras insignia del sexenio y la conquista de simpatía popular que se tradujera en votos a través de los programas de transferencia monetaria directa.
Para que los programas sociales y megaproyectos contribuyeran al triunfo electoral, se requería disponer de ahorros presupuestales cuyo destino era completamente distinto; por eso se desviaron los fondos para enfrentar desastres naturales o contingencias graves y se canceló el financiamiento a la investigación científica, entre otros fideicomisos cuya extinción se decretó en octubre de 2020.
Poco antes de cumplirse los tres primeros años del gobierno de la 4T, salen a relucir todos los excesos e irregularidades en la aplicación del presupuesto federal; el empleo indebido de fondos y recursos públicos es un eslabón de una cadena que conduce al uso electoral de los programas sociales y de las grandes obras que supuestamente contribuirán a resolver graves problemas económicos como el desempleo y el escaso desarrollo del mercado interno del país; es decir, propaganda política para los próximos comicios, campaña electoral para asegurar los votos que le permitan al partido gobernante prolongar su mandato.
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Escrito por Redacción