El Estado de México (Edomex), la entidad federativa más poblada del país, con 17.6 millones de habitantes, tiene un déficit inmobiliario de 619 mil viviendas y concentra la sexta parte de las casas construidas en asentamientos irregulares.

La mayoría de estas viviendas, además, carecen de los servicios urbanos más indispensables como agua potable, drenaje, pavimentación y recolección de basura, así como de clínicas sanitarias, centros escolares de nivel básico y carreteras.

Este enorme déficit es visible particularmente en los municipios Ixtapaluca, La Paz y Texcoco, en región oriental del Valle de México, y en Cuautitlán-Izcalli, en la zona norte, pese a que la legislación federal vigente obliga a las autoridades locales a brindarles la mayor atención posible.

En efecto, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2016, ordena a gobiernos estatales y municipales atender las necesidades de las colonias asentadas en áreas irregulares porque en ellas habitan las personas más vulnerables.

El Artículo 11° de esa ley establece que son atribuciones de los gobiernos locales “prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local”.

También le ordena “coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local”.

Y el Artículo 52°, a su vez, advierte que la legislación estatal establecerá las disposiciones para “la construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros de Población”. Pero en varios municipios del Edomex, las autoridades no han cumplido con este mandato.

Doña Yolanda Arias, oriunda del estado de Oaxaca y vecina de la calle Nardo, de Cuautitlán Izcalli, no tiene agua potable desde hace 21 años, se provee con pipas municipales; y en torno a su domicilio hay montañas de basura. 

Afirma que, en tiempos de calor, la “pestilencia es insoportable”; lamenta mucho que ella y sus vecinos vivan olvidados por las autoridades. Y después de evocar con nostalgia su lugar de origen, lamenta: “pero aquí nos tocó vivir”.

El pomposamente llamado “relleno sanitario” a cielo abierto ocupa 47 hectáreas, se ubica entre las colonias Los Ailes, Lomas del Rosario y Ejido Lago de Guadalupe, de Cuautitlán Izcalli, a cuyos habitantes contamina con sus olores y fauna nociva. 

Este municipio surgió a inicios de los años 70 y fue desprendido del prehispánico Cuautitlán como expresión de “la imperiosa necesidad de procurar la descentralización de la gran urbe en ciudades independientes y autosuficientes que gravitaran en una determinada zona de influencia, con el objeto de evitar la conurbación de las mismas y que sirvieran como filtros para frenar la fuerte migración”, reporta una nota informativa publicada en julio de 2018 en el diario El Universal. 

Sin embargo, hoy pertenece a la zona conurbada; y los habitantes de las colonias citadas no tiene “la bendición” de servicios públicos básicos ofrecidos a la moderna Izcalli.

Un oriente de “cartolandia”

Es el Oriente del Valle de México donde se concentra la mayoría de los asentamientos irregulares; sin embargo, también existen municipios que tradicionalmente han sido presentados como ajenos a todo el crecimiento desmesurado, pero que hoy acogen zonas irregulares. Tales son los casos de Cuautitlán Izcalli y Texcoco.

De los 6.3 millones de lotes irregulares que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detectó en 2023 en todo el país, 19.7 por ciento pertenece al Edomex y suma un millón 243. 

Ixtapaluca y La Paz figuran entre los 10 municipios con mayores asentamientos irregulares del país; el primero cuenta con 48 mil 533 y el segundo tiene 32 mil 500, según el medio Alcaldes de México de marzo de 2023.

Desde la carretera Los Reyes-Texcoco se aprecia la amplia zona de San Sebastián, del municipio La Paz, con sus calles sin pavimentar, casas a medio construir o edificadas con láminas de cartón y tambos de plástico que evidencian la falta de agua potable.

Los habitantes refieren que cuando han cuestionado al gobierno de Texcoco por la falta de servicios urbanos básicos, su respuesta ha sido que, como esas colonias son irregulares, no están incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y que deben hacer peticiones al gobierno del estado.

Pero el caso más grave es la negativa de la alcaldía de Texcoco para regularizar los asentamientos, como se evidencia en los casos de las colonias Víctor Puebla y Humberto Vidal, que desde hace 15 y 12 años luchan por legalizar dos mil 980 y mil 350 lotes respectivamente, a pesar de que el lema municipal es “donde se vive bien”. 

El 19 de marzo de 2024, los líderes de ambas colonias solicitaron la intervención de Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (DUI), para que sus habitantes sean incluidos en el PDM de Texcoco; y en respaldo de esta demanda exhibieron los documentos certificados de que sus predios tienen la autorización de “uso habitacional H200B” y que deben ser dotados con “equipamiento urbano”.

La petición fue rechazada argumentando que en el plan texcocano de enero de 2024 se cambió esos asentamientos de uso habitacional a uso “agropecuario, como finalmente quedó publicado el nueve de abril pasado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

Esta sinrazón predominó en ambos niveles de gobierno a pesar de que en sendos asentamientos ya no hay dónde sembrar, salvo plantas de ornato en macetas; pero con esta absurda clasificación condenaron a cuatro mil 433 familias a seguir sin servicios públicos básicos.

De este modo, las autoridades municipales y estatales violentaron la LGAHOTDU, cuyo Artículo 43° ordena que la “autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir los planes u Orden Jurídico Nacional”.

Un ejemplo positivo 

Muy diferente fue la iniciativa del gobierno municipal de Chimalhuacán durante el trienio 2009-2012, cuando el fraccionamiento indiscriminado del Ejido Santa María Chimalhuacán “no dejó ni un centímetro para equipamiento urbano”, advierte la abogada y activista Valeria Domínguez.

Fue ella quien se encargó de regularizar los casi 25 mil lotes que, desde la primera década de este siglo, habían empezado a habitarse. Lejos de evadir el problema, el gobierno municipal accedió a regularizar y a solicitar los recursos necesarios para construir la infraestructura requerida por los servicios urbanos.

“En julio de 2010 iniciamos los trámites legales y administrativos para comenzar la regularización del Ejido; fue hasta el 25 de junio de 2019 cuando completamos los requisitos de todos los cortes y colonias del ejido Santa María Chimalhuacán, que fueron incorporados en el Plan de Desarrollo Municipal”, aseguró Domínguez quien, con su equipo de trabajo, tardó nueve años en conseguir servicios básicos a los casi 80 mil nuevos residentes.

Antes de concluir 2021, en esta zona urbana se construyeron redes de agua potable, drenaje y electricidad; pero no se pavimentaron las avenidas más grandes e importantes porque “no hubo para más”, detalló la también catedrática universitaria.

La construcción de estas obras evidenció claramente que las autoridades estaban decididas a resolver los problemas de los ciudadanos, sabiendo que las familias son pobres y sus recursos “sólo les dan para pagar un lote donde no hay servicios, fuera de las mojoneras urbanas”.

La falta de vivienda es un problema de grandes dimensiones en México, cuya población total en 2023 era de 129.3 millones. Según el Inegi, en el primer trimestre del año pasado, eran necesarias 38 millones viviendas; pero en su boletín de prensa del 16 de mayo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) publicó que el déficit de vivienda en México asciende a 9.6 millones; es decir, 32.6 millones de mexicanos no tiene casa o la que tienen no está en condiciones mínimas de habitabilidad.

Por ello, los asentamientos irregulares son la única opción para las familias que no cuentan con la capacidad para adquirir una vivienda, aunque sea la más barata, como es el caso de las llamadas de interés social.

Para Valeria Domínguez, catedrática del Centro Universitario Tlacaélel (CUT), los asentamientos irregulares se encuentran fuera del margen de las normas establecidas y en áreas inadecuadas para construir viviendas porque se sitúan en los márgenes de ríos, arroyos o canales, laderas con pendiente pronunciada o a unos cuantos metros de las vías de comunicación, como grandes carreteras y vías férreas.

Según el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y Techo, que se apoya en datos del Inegi 2020, una de cada cinco personas vive sobre un asentamiento irregular en condiciones de precariedad. Esto significa que de los 126 millones de mexicanos que entonces había, 25.2 millones vivían en zonas irregulares (20 por ciento) y 7.4 millones de viviendas se encontraban en estas áreas.

En el Edomex, cuya población es 17.6 millones de personas distribuidas en 4.56 millones de viviendas, se requieren 5.18 millones de inmuebles, según el estudio Proyecciones de población de los municipios del Estado de México 2019-2030, del Consejo Estatal de Población (Coespo); este mismo documento aclara que “un millón 243 mil 237 hogares se encuentran en zonas con algún grado de informalidad” (27.2 por ciento).

El déficit inmobiliario mexiquense corresponde a 619 mil viviendas; y 2.10 millones de mexiquenses no tienen casa habitación, viven rentando o con familiares, precisa el Coespo.

La necesidad de una vivienda lleva a la gente a asentarse tanto en un cauce de agua seco como sobre una ladera demasiado inclinada de un cerro o una barranca; porque las zonas consideradas habitables hoy oscilan en los 350 mil pesos, sin contar con servicios urbanos básicos; y los ingresos de la mayoría de los mexiquenses están muy lejos de esa posibilidad, sentencia la abogada Valeria Domínguez.

La última y nos vamos

Las necesidades de vivienda de los mexicanos no han sido una preocupación o un asunto prioritario de los gobiernos del país, desde el fracasado “proyecto inmobiliario” del expresidente Vicente Fox y los de sus colegas Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, destaca la activista. 

Un millón de casas, otra ocurrencia de la 4T, fue el titular con el que algunos medios nacionales informaron sobre la oferta más reciente que el gobierno de AMLO hizo en voz del entonces director del Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). 

Un compromiso que heredará el gobierno morenista entrante, aunque nadie aclare de dónde saldrán los recursos necesarios para construir ese millón de viviendas; y que quizás fue emitido con la misma entonación del famoso y etílico refrán mexicano: “la última y nos vamos”. 

Los ciudadanos, con su gran poder, deberán incidir en las políticas de vivienda, haciendo realidad la frase de que “el pueblo salva al pueblo”, tan repetida por la administración saliente hasta perder su verdadero sentido pero que encierra una verdad tan cierta como la necesidad de resolver un problema tan elemental como buscar un sitio donde vivir, aunque sea humilde, pero provisto de los servicios urbanos elementales.

Una necesidad que no resolverán los gobiernos insensibles e indiferentes, como la administración municipal de Texcoco, para la que no importan las necesidades de sus gobernados de las colonias Los Ailes y Humberto Vidal a quienes niegan la atención cuando acuden a exponer sus necesidades más urgentes.