Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.
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Foto: Internet
Cuatro hombres murieron tras el colapso de un túnel subterráneo conectado a una toma clandestina de combustible en el municipio de Acolman, Estado de México.
El túnel, de entre 90 y 100 metros de longitud, se derrumbó durante una inspección realizada por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un inmueble ubicado en la comunidad de Santa Catarina.
De acuerdo con un comunicado de Pemex, el pasadizo estaba conectado al poliducto Tuxpan-Azcapotzalco y presuntamente era utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburos, conocida como huachicol. Personal especializado de la empresa acudió al sitio tras detectar la toma clandestina y, durante la revisión, ocurrió el derrumbe, que dejó atrapadas a cuatro personas ajenas a la paraestatal.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad oficial de las víctimas; sin embargo, reportes de medios locales señalan que se trataba de albañiles que habrían sido contratados para realizar una supuesta obra de drenaje.
Asimismo, la empresa indicó que, posterior al incidente, se activaron labores de búsqueda y rescate en coordinación con Protección Civil del Estado de México, la Guardia Nacional y otras autoridades. Después de varias horas de trabajo, elementos de Protección Civil recuperaron los cuatro cuerpos sin vida.
La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya iniciaron las investigaciones correspondientes.
Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.
Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
La Fiscalía lo acusa de integrar una red de contrabando de hidrocarburos que habría operado evadiendo impuestos y controles aduanales.
Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.
La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en los contagios, aunque las cifras son menores a las de años anteriores.
El delito se persigue de oficio y este martes se definirá si enfrenta el proceso en libertad mediante una posible suspensión provisional.
Pemex compró la planta a un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.
La situación compromete las obligaciones internacionales de la compañía estatal y la calificación soberana de México.
Las indagatorias lo relacionan con esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal y extracción ilegal de combustibles.
La disminución se debió a la declinación natural de los yacimientos.
Pemex continúa apoyándose en recursos gubernamentales para enfrentar sus compromisos financieros.
La investigación de la FGR se centra en operaciones con recursos de procedencia ilícita y por la posible participación en el esquema financiero del caso Agronitrogenados.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.