El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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Quintana Roo y Baja California Sur (BCS) son las entidades con el menor cumplimiento del tope de precios de combustibles, en gran medida por la falta de infraestructura de almacenamiento y mayores costos de distribución, reveló un análisis de la plataforma PETROIntelligence.
Con el fin de reducir los efectos del incremento en la cotización internacional de los energéticos por el conflicto en Medio Oriente, el Gobierno Federal impulsó un acuerdo voluntario con el sector gasolinero para establecer un límite de 24 pesos por litro para la gasolina regular y un máximo de entre 27 y 28 pesos por litro para el diésel.
En este contexto, PETROIntelligence expuso que en Quintana Roo, de las 276 estaciones de servicio registradas, 10 por ciento ofrece gasolina regular al precio objetivo y apenas 3 por ciento comercializa diésel dentro del rango pactado.
El panorama es similar en BCS, donde sólo 31 por ciento de las 198 gasolineras respeta el límite fijado para la gasolina regular y 13 por ciento se apega a lo establecido para el diésel.
En contraste, según la firma, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz alcanzan un cumplimiento de 99 por ciento, mientras que Tamaulipas, Querétaro, Estado de México, Colima y la Ciudad de México presentan niveles de entre 96 y 98 por ciento.
Al respecto, Alejandro Montufar, director ejecutivo de la plataforma, explicó que el rezago en las entidades antes mencionadas obedece a la falta de infraestructura logística, ya que se ubican en las zonas más alejadas del país y carecen de terminales de abastecimiento.
Asimismo, indicó que la capacidad de las gasolineras para ajustarse al mecanismo depende de su esquema de suministro, pues aquellas que adquieren el producto con proveedores distintos a Petróleos Mexicanos (Pemex) suelen enfrentar costos más elevados.
Finalmente, recordó que, aunque el gobierno, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha intensificado la presión sobre los establecimientos, el mecanismo para fijar el precio de los combustibles es voluntario, por lo que no representa una obligación legal para las estaciones de servicio.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
FGR investiga una presunta red encabezada por Ingemar, empresa ligada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, que habría introducido de forma ilegal casi 800 millones de litros de gasolina y diésel.
La agencia alertó que el deterioro de los ingresos públicos podría reflejarse en la calificación crediticia de las entidades.
La agencia advirtió que la petrolera mexicana es la más débil en América Latina.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.
La petrolera atribuyó el incidente a la inundación de sistemas de drenaje por lluvias atípicas.
Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.
Los gobiernos municipales concentran el 62 por ciento de los casos.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
El delito se persigue de oficio y este martes se definirá si enfrenta el proceso en libertad mediante una posible suspensión provisional.
Pemex compró la planta a un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.
La situación compromete las obligaciones internacionales de la compañía estatal y la calificación soberana de México.
Las indagatorias lo relacionan con esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal y extracción ilegal de combustibles.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410