El gasto del Gobierno Federal en el proyecto aumentó 39 por ciento desde el año 2024.
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Quintana Roo y Baja California Sur (BCS) son las entidades con el menor cumplimiento del tope de precios de combustibles, en gran medida por la falta de infraestructura de almacenamiento y mayores costos de distribución, reveló un análisis de la plataforma PETROIntelligence.
Con el fin de reducir los efectos del incremento en la cotización internacional de los energéticos por el conflicto en Medio Oriente, el Gobierno Federal impulsó un acuerdo voluntario con el sector gasolinero para establecer un límite de 24 pesos por litro para la gasolina regular y un máximo de entre 27 y 28 pesos por litro para el diésel.
En este contexto, PETROIntelligence expuso que en Quintana Roo, de las 276 estaciones de servicio registradas, 10 por ciento ofrece gasolina regular al precio objetivo y apenas 3 por ciento comercializa diésel dentro del rango pactado.
El panorama es similar en BCS, donde sólo 31 por ciento de las 198 gasolineras respeta el límite fijado para la gasolina regular y 13 por ciento se apega a lo establecido para el diésel.
En contraste, según la firma, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz alcanzan un cumplimiento de 99 por ciento, mientras que Tamaulipas, Querétaro, Estado de México, Colima y la Ciudad de México presentan niveles de entre 96 y 98 por ciento.
Al respecto, Alejandro Montufar, director ejecutivo de la plataforma, explicó que el rezago en las entidades antes mencionadas obedece a la falta de infraestructura logística, ya que se ubican en las zonas más alejadas del país y carecen de terminales de abastecimiento.
Asimismo, indicó que la capacidad de las gasolineras para ajustarse al mecanismo depende de su esquema de suministro, pues aquellas que adquieren el producto con proveedores distintos a Petróleos Mexicanos (Pemex) suelen enfrentar costos más elevados.
Finalmente, recordó que, aunque el gobierno, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha intensificado la presión sobre los establecimientos, el mecanismo para fijar el precio de los combustibles es voluntario, por lo que no representa una obligación legal para las estaciones de servicio.
El gasto del Gobierno Federal en el proyecto aumentó 39 por ciento desde el año 2024.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410