Los legisladores morenistas no entienden nada de nuestro sistema jurídico o lo entienden bien y actúan con toda intención para engañar al pueblo de México. Decimos esto porque, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan la figura de la prisión preventiva oficiosa, y de que el ministro encargado de elaborar el proyecto de resolución propuso inaplicar el segundo párrafo del Artículo 19° Constitucional, por ser contrario a algunos derechos fundamentales garantizados en la Constitución (como la presunción de inocencia) y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega introdujo una iniciativa para reformar al Artículo 1° de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105° de la Constitución para establecer que la “Suprema Corte esté impedida para invalidar normas constitucionales o realizar interpretaciones que restrinjan su validez, así como invalidar leyes con motivo de lo anterior”; es decir, para que la SCJN no pueda interpretar la Constitución. En su iniciativa, la diputada afirma que dicha reforma es necesaria para limitar el poder político de la SCJN y evitar así que caiga en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o haga interpretación de manera que le reste validez, en clara alusión a la discusión de la prisión preventiva.

La ley que plantea reformar la diputada es una ley reglamentaria, jerárquicamente inferior a la Constitución, donde únicamente se especifica lo que establece el Artículo 105° Constitucional; es decir, las reglas de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que la SCJN tramita y resuelve, mecanismos de control que sirven para analizar posibles invasiones de las esferas de competencia establecidas en la Constitución entre autoridades y, del mismo modo, para determinar si existe contradicción entre una norma general y la Constitución, de lo que puede resultar declarar la invalidez del acto o la norma general impugnados. De ahí que a la diputada morenista se le haya ocurrido que en esa ley se establezca la prohibición a nuestro máximo tribunal para interpretar la Constitución e invalidar normas con base en ella.

Se pueden precisar y aclarar aspectos técnicos a tal iniciativa, pero no hay duda de que la intención de dicha legisladora consiste en restringir las facultades otorgadas a la SCJN como tribunal constitucional encargado de interpretar la Constitución y garantizar su respeto por los otros poderes; facultad que se le otorga no por la ley reglamentaria que la legisladora pretende reformar, sino directamente por la Constitución mediante su Artículo 105°. Por ello es claro que no se puede (entiéndase bien) quitar tal facultad con la modificación a una ley secundaria. Por ello, esta nueva ocurrencia morenista es otro ataque frontal a la propia Carta Magna, a la división de poderes que ella establece y contra la cabeza del Poder Judicial de la Federación, cuyo papel radica en garantizar que todos, incluido el Presidente de la República con sus actos y el Congreso de la Unión con sus leyes, respeten el orden constitucional; tarea por la que ha sido objeto de todo tipo de presiones y amenazas para resolver los asuntos que le competen en el sentido conveniente al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a cuyos deseos se han cuadrado desde el inicio de este gobierno las bancadas morenistas y sus aliados en el Congreso de la Unión. En resumen, se busca inutilizar a uno de los poderes que todavía puede actuar como “contrapeso” del gobierno autoritario que hoy tenemos.

Iniciativas como ésta deberían pasar inadvertidas y no discutirse siquiera por lo absurdas que son. Sin embargo, el desprecio abierto hacia nuestra Constitución y las instituciones han evidenciado tanto el Presidente como sus huestes legislativas, tales reformas pueden ser aprobadas y regir la vida de los mexicanos, aunque carezcan de sentido en un Estado de Derecho como el nuestro. Es por ello que debemos ocuparnos de ellas, inconformarnos y denunciar el peligro que representan para evitar que se aprueben.