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Los paladines del capitalismo del Occidente ampliado integrado por Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE) hoy vociferan por la “independencia” de Ucrania, Hong Kong y Taiwán; pero ocultan y no se reprochan los cuatro siglos de explotación que aún ejercen sobre millones de personas de los cinco continentes.
Precisamente en los primeros días de este mes, medios internacionales informaron que en Córcega, Escocia y Cataluña los movimientos independentistas se han reactivado para sacudirse el poder colonial que, sobre millones de mujeres y hombres, aún mantienen con refinadas estrategias mediáticas y represivas EE. UU., Reino Unido, Francia, España, Alemania, Países Bajos e Italia.
El neocolonialismo, con sus prácticas de dominio militar, político, mercantil y social creadas por las élites de Occidente desde el Siglo XVI, hoy se revela como un sistema supra-estatal alentado por las corporaciones mediáticas injerencistas para dividir a otras naciones del orbe.
Además, este proceso multidimensional impone modelos culturales y patrones de vida para complementar el ciclo colonizador. Esto se expresa hoy en los hábitos inculcados a las nuevas generaciones mediante el consumo de sus productos básicos y de entretenimiento.
En la suma del capitalismo imperialista persisten el saqueo de materias primas, la sangría de recursos financieros y la mano de obra. El modelo neocolonial permite la dominación hegemónica mediante mecanismos diversos a pesar de que, en 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 75/123, que declaró el ciclo 2021-2030 como el “Cuarto Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo”.
Hoy, unos dos millones de personas viven bajo el neocolonialismo. Habitan en los 17 “territorios no autónomos” registrados por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Son las últimas colonias del planeta.
Únicamente el Reino Unido controla las islas Caimán, Anguila, Bermuda, las Malvinas, Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Monserrat, Santa Elena, Gibraltar, Tuvalu, Antigua, Barbados, Belice, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Jamaica y las Pircairn. Todas sin áreas marítimas estratégicas.
Para “modernizar” su dominio colonial, Londres ha accedido al tránsito de algunos territorios a algunas Repúblicas. En 2021, Barbados se convirtió en República “para dejar atrás su pasado colonial”, según su primera ministra, Mia Motley. Sin embargo, mantiene su dependencia porque es uno de los 53 territorios de la Mancomunidad británica.
Francia controla los siguientes “territorios de ultramar”: Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, Guyana, Martinica, Guadalupe, Mayotte y Reunión. Lo mismo hace EE. UU. con las Islas Vírgenes, Islas Marianas, Guam y Samoa Americana y Nueva Zelanda con Tokelau; España con el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. El ejercicio del derecho a la autodeterminación ha sido largo y muy costoso en vidas para las naciones bajo control neocolonial.
Córcega, irreductible
En el Siglo XVIII, los franceses compraron esa isla a los genoveses; de ahí que una parte de la población se identifique más con Italia. En 1769, año del nacimiento de Napoleón Bonaparte –quien no apoyó el independentismo– Francia impuso su gobierno e instituciones, por lo que desde entonces su demanda de autodeterminación representa un símbolo de resistencia.
La lucha corsa por su soberanía ha sido larga y ha costado muchas vidas. En 1970, el movimiento independentista asumió la lucha armada –como entonces ocurrió con los vascos y los irlandeses– y surgió el Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC), defensor de la identidad corsa, de su lengua e instituciones, que han sido eliminadas por los franceses.
En su manifiesto, el FLNC se autoproclamó “pueblo corso” y se propuso eliminar todos los instrumentos del colonialismo francés, incluidas las fuerzas armadas, confiscar las fincas coloniales, someterlas a una reforma agraria y reivindicó su derecho a la autodeterminación. En 2014, el FLNC abandonó las armas e inició una salida progresiva hacia la clandestinidad.
En la isla viven unos 350 mil habitantes; la mayoría participó en las protestas de marzo de 2022 por la muerte en prisión del líder independentista Yvan Colonna, acusado de asesinar al prefecto local, Claude Érignac. El movimiento independentista cobró fuerza con proclamas como “Libertad” y “Estado francés asesino”, que exigían el fin del poder colonial en plena represión.
El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ofreció “más autonomía”. En medio del furor, el 28 de septiembre de 2023 visitó la isla el actual presidente francés Emmanuel Macron, quien reiteró la misma oferta de autonomía acotada: “tengamos la audacia de construir una autonomía para Córcega dentro de la República”.
El jefe del Estado francés propuso un plan a seis meses para pactar los términos de una declaración de autonomía que no desvinculaba a Córcega de la República Francesa y que debía ser aprobado por el parlamento francés. Ante esa oferta, el defensor de la autonomía, Jean-Christophe Angelini, se mostró “satisfecho, pero prudente”.
El 12 de marzo de este año, Darmanin anunció que se había alcanzado un “amplio acuerdo” de autonomía corsa que discutirá la Asamblea de Córcega. Sin embargo, nunca se ha planteado qué implica esa autonomía para el Elíseo, ni qué competencias de poder detentaría el gobierno corso bajo ese modelo político.
Para los independentistas, esa acción es la aceptación de que Francia ha agotado las opciones para mantener su dominio y que ahora se empeña en retrasar el proceso de independencia.
ESCLAVITUD Y LIBERACIÓN
Cazados para ser explotados como esclavos, desde el Siglo XV los africanos fueron embarcados hacia Europa, América, Medio Oriente y el este del mar Rojo hacia las Seychelles británicas. Portugueses, ingleses, franceses, holandeses, españoles y alemanes hicieron de África un inmenso coto de caza, cuyo botín transportaban negreros hacia plantaciones de América en barcos, relata el cubano Roberto Correa Wilson.
Seis siglos después, bajo el régimen neocolonial, las potencias libran una nueva disputa geopolítica y geoeconómica por África, que implica militarización (supuestamente para combatir el terrorismo) y asfixia económica y financiera.
Grupos como Ansar Al-Din en Mali y Boko Haram contribuyen a la inestabilidad en Sudán, Camerún, Somalia, Nigeria y Kenya, pese al despliegue de fuerzas de antiguas metrópolis, como la Coalición del Sahel, liderada por Francia.
Lesoto es caso emblemático, pero lejos de la mirada internacional. Este reino, que se independizó de Reino Unido en 1966, ha sufrido desde entonces golpes de Estado e inestabilidad que frenan su desarrollo.
A 58 años de su independencia, Botswana tiene mala calidad de vida, según el Índice de Desarrollo Humano. Hoy posee el mayor índice del mundo en prevalencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana –38 por ciento– en embarazadas y tiene la tercera prevalencia más alta del mundo entre sus 2.5 millones de habitantes.
El retrato de Lesoto es el del neocolonialismo. Este país, del tamaño de Francia y con la mayor población de elefantes del mundo, sostiene su economía por las minas de diamantes y reservas de fauna silvestre que sirven para la organización de safaris; su desempleo va al alza, al igual que las protestas contra la corrupción del Partido Democrático de Botswana (PDB), que gobierna desde hace medio siglo.
Hoy, en Córcega gobierna una mayoría de partidos autonomistas (o independentistas) en cuya agenda destaca un proyecto para poner fin a la especulación inmobiliaria que ha elevado los precios de las viviendas, entre otras medidas. El pasado tres de febrero se dio una noticia alentadora: la Unión Popular para la Liberación de Guadalupe apoyó la creación del Partido Nazione, en Córcega.
Esta formación renueva la urgencia de descolonizar e independizar a la isla. Para lograr este objetivo, los miembros del nuevo partido están conscientes de que deben alcanzar la fuerza necesaria para no negociar con el gobierno francés, de lo contrario volverían a un callejón sin salida.
Cataluña nacionalista
La complejidad territorial e identitaria centro-periferia ha caracterizado al sistema político español desde la Guerra de Sucesión, en 1714, que desde entonces alimentó el movimiento independentista catalán. En el Siglo XX, la base de este nacionalismo fue su población rural y una burguesía modernizadora, ambos alentaron el auge industrializador y el renacimiento cultural.
En los años 60, el autogobierno regional rebasó a la dictadura franquista con su fuerte desarrollo económico. Sin embargo, la mayoría catalana ha insistido en separarse de España para conformar un Estado independiente. La actual Cataluña cuenta con más de 7.5 millones de habitantes; sus dirigentes sostienen que el Estado español es autoritario; que su constitución le es hostil porque no se les permite votar libremente y que sus ricas contribuciones fiscales mantienen al reino.
PUERTO RICO
Esta isla es un caso dramático de colonialismo estacionario. Fue ocupada en 1898 por EE. UU. cuando “liberaba” a Cuba del dominio español; y desde entonces ha sido el vigía del Caribe para la superpotencia militar mundial que, a cambio, lo hizo territorio no incorporado, cuya soberanía recae en el Congreso estadounidense, que lo denomina “Estado Asociado”.
Hoy Puerto Rico es fábrica de pobreza; su población carece de atención y políticas públicas, como lo denunció en noviembre de 2023 el Instituto de Libertad Económica (ILE); no tiene bandera propia, aunque el símbolo de su identidad nacional sale a la luz de vez en vez; y el año pasado se ondeó junto a la enseña estadounidense.
En los años 70, pese a vivir en extrema pobreza, registró un atisbo de “milagro económico” que le permitió cierta movilidad socio-económica vertical. Entre 1980 y el año 2000, la tasa de pobreza bajó de 59 a 44 por ciento; aunque hoy tiene un Índice Gini (que mide la distribución del ingreso) de 55 por ciento, el más alto en EE. UU.
En 2022, la Corte Suprema de EE. UU. revocó el caso de Vaello Madero, que buscaba ampliar el seguro social suplementario a Puerto Rico. En 2023, la pobreza aumentó del 40.5 por ciento a 41.7 por ciento en general; y de 54.9 por ciento al 57.6 por ciento en menores de 18 años, según la Oficina del Censo.
Aunque la mayoría de boricuas oscila entre la informalidad y la formalidad para tener un plan médico, hay sectores prósperos: contratistas, mayoristas y del sector de la construcción, destaca el economista Caraballo Cueto.
El cinco de noviembre de 2024 se elegirán gobernador y senadores. Para muchos será un ejercicio para votar a favor del estado 51 de EE. UU. o por la independencia; por tal motivo se han aliado el Movimiento Victoria Ciudadana y al Independentista Puertorriqueño.
En 2012, el proceso soberanista (procés catalá) cobró vigor; y en 2017, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, impulsó un referendo en el que 90 por ciento de los 2.3 millones de electores votó a favor de la independencia y aprobó el Parlamento Autonómico.
Madrid, a través del Tribunal Catalán, invalidó ese proceso y declaró en rebelión a las autoridades locales. En un discurso inédito, el rey Felipe VI acusó a los catalanes de ser desleales con el reino, en respuesta, Puigdemont advirtió: “Así no, majestad” y se llegó a un punto de inflexión.
Paradójicamente, el paralizado proceso de independencia y sus representantes se han convertido en 2024 en factor clave para formar el gobierno español liderado por Pedro Sánchez. A cambio de este apoyo, el pasado 14 de marzo, Puigdemont dijo estar satisfecho con la Ley de Amnistía ante los acusados del procés; mientras el líder del derechista Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “sumiso” el acuerdo.
Escocia: corazón valiente
Hace siglos que esa isla, una de las cuatro regiones del Reino Unido, es causa de profundas diferencias entre ingleses y escoceses. Edimburgo rechazó el Tratado de Unión de 1707 que Londres lo obligó a firmar.
Desde entonces, los escoceses luchan por su independencia; alegan que Londres los mal gobierna, que no reciben nada a cambio de lo que dan –como su riqueza petrolera del Mar del Norte– y que pagan demasiados impuestos. Además, se oponen a las reformas que favorecen la privatización de instituciones político-sociales que les daban cierto bienestar.