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El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) impulsado por Andrés Manuel López Obrador sustituyó al Seguro Popular, el cual daba cobertura a 57 millones de mexicanos que no contaban con servicios de salud en alguna institución. Aunque el Seguro Popular no era un sistema suficiente para cubrir las enormes necesidades de salud, era la única opción que millones de mexicanos tenían para recibir medicina y atender sus enfermedades.
De acuerdo con lo que ha declarado reiteradamente el presidente, este nuevo sistema de salud (INSABI) está hecho para resolver los problemas existentes ya que, según él, no habría cuotas ni restricciones, sería universal y cubriría los costos de la atención para todos los padecimientos, incluidos los más graves, como el cáncer. Para cumplir con dicha labor, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 se asignaron al INSABI 112 mil 538 millones de pesos, que equivalen a 5.4 pesos diarios por persona, si se toma en consideración sólo a los mexicanos que se atendían en el Seguro Popular, de lo cual se deduce de entrada que ese presupuesto está lejos de ser suficiente para la solución prometida.
A pesar de las afirmaciones del Ejecutivo y de que, se supone, se trabajó para que este sistema de salud iniciara operaciones en 2020, en sus primeros días de funcionamiento, hubo muchas quejas por parte de los usuarios de los servicios de salud (en su mayoría gente pobre) por la escasez de medicamentos, y porque se estaban realizando cobros mucho mayores a los que se realizaban con el Seguro Popular por la prestación del mismo servicio, situación que puso y pone en riesgo la vida de miles de mexicanos enfermos que no tienen otra alternativa de salud.
Ahora bien, ¿Qué cambio con el INSABI? Algunas variantes importantes son: que el Seguro Popular era una política pública por la cual se garantizaba el financiamiento a instituciones federales y estatales existentes, procurando cubrir las necesidades de personal, equipo y medicinas para brindar los servicios de salud a los beneficiarios; y contaba con cobertura que incluía enfermedades graves (brindados en servicios de tercer nivel) con aportaciones determinadas de acuerdo con el nivel de ingresos de los afiliados; el INSABI es un organismo descentralizado nuevo, dependiente de la Secretaría de Salud, que es el encargado de brindar el servicio, que si bien operará con las instituciones de salud federales existentes (y en los estados, si estos firman los convenios correspondientes) podrá generar su propia infraestructura a largo plazo, lo cual disminuirá los fondos destinados a la atención inmediata de los enfermos y retrasará la prestación del servicio; además de que este organismo, por ley, estará obligado a brindar servicios de primero y segundo niveles para los beneficiarios, no así los servicios de tercer nivel pues, para estos, la ley prevé la existencia de cuotas de recuperación que tendrán que cubrir los beneficiarios, de acuerdo con el servicio prestado.
Después de los conflictos y las quejas que generó el inicio de la instrumentación del INSABI, se anunció que se respetarán los derechos y la atención que recibían los beneficiarios del Seguro Popular. Sin embargo, a juzgar por las de las irregularidades que ya se presentaron con este nuevo sistema y su normatividad, está por verse si realmente el INSABI será la alternativa que nuestro país necesita para garantizarle la salud a todos.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.