El avance de la derecha representa un retroceso para la región, ya que las conquistas sociales se ven amenazadas, tal como ocurre en Brasil.
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Luego de que se hiciera público su nombramiento como próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que las principales instrucciones que seguirá al asumir su cargo será fortalecer a la Guardia Nacional (GN), “dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional” (Sedena); así como de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado Mexicano.
Lo que ha alertado a expertos en temas de seguridad pues aseguran que dicha acción encamina más a México rumbo a la militarización y, por tanto, al incremento de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas (FFAA).
Entre las organizaciones que han alertado sobre este punto está Amnistía Internacional, que aseguró que militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos, aunado al hecho que las (FFAA) se rigen bajo leyes distintas a las civiles, las cuales permiten mayor opacidad y menos transparencia.
Desde 2023, Luis Gonzáles Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que: “Se declara inconstitucional la reforma legal de Andrés Manuel López Obrador para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional (GN). Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual, las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles".
Al igual que la directora de Litigio Estratégico de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Cristina Reyes, quien declaró que, "es una clara militarización de México. Y no es solo entregar la seguridad pública al ejército: es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante".
Sin embargo, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la SEDENA absorbió responsabilidades administrativas y civiles que no competen a las Fuerzas Armadas de forma constitucional.
Se ha impulsado una política militarista, donde las funciones de las FFAA se han extendido más allá de la seguridad pública, a las obras públicas y proyectos nacionales.
A principios de 2024, AMLO anunció la asignación del mantenimiento de las carreteras cercanas al Tren Maya a militares, así como la remodelación de un centro deportivo en Yucatán, el control de Aeropuertos y Mexicana de Aviación, entre otras funciones.
Esta asignación de funciones y tareas civiles trae como resultado destinar una gran cantidad de recursos públicos a las FFAA y su enriquecimiento a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Para este 2024 le fue asignado a la SEDENA el 2.86 por ciento del gasto total federal, teniendo el tercer puesto del presupuesto destinado a las secretarías.
El avance de la derecha representa un retroceso para la región, ya que las conquistas sociales se ven amenazadas, tal como ocurre en Brasil.
La jefa de Gobierno Clara Brugada asegura que no habrá incrementos al impuesto. Por su parte, el secretario de Planeación, Enrique Irazoque, sostiene que el programa no puede, por sí mismo, aumentar el predial, modificarlos usos de suelo ni ordenar subastas de propiedades.
Hoy, todos admiten que la crisis de vivienda en España es estructural. Los españoles adultos y jóvenes que rentan vivienda, aparecen como las víctimas principales de la especulación del sector.
La Cepal recortó su estimación de expansión del PIB a 1.3 por ciento para 2026.
Las plataformas digitales tienen sólo un mes para ajustar sus sistemas de protección; pero, no determinó sanciones por incumplimiento.
Para 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló inicialmente seis mil 922 millones de pesos.
Durante septiembre, siete entidades concentraron 50 por ciento de los asesinatos registrados en el país.
El Sindicato Mexicano de Electricistas exige al gobierno de Claudia Sheinbaum una respuesta a su propuesta para reincorporar a 6 mil 599 extrabajadores al sector eléctrico; unos 200 electricistas de la División Toluca se sumaron a la movilización.
El Estado de México, Baja California Sur y Baja California concentran el 34% de los casos.
La izquierda ha dado la batalla sin reconocer el problema, ha querido salvar a las naciones discursivamente dejando en su lugar el camino abierto a la derecha al fracasar estrepitosamente con su política sin principios, sin fundamentos, sin una teoría correcta, revolucionaria.
Las formas para seleccionar candidatos cambiaron, pero el oportunismo, los cacicazgos y la disputa por posiciones todavía encuentran espacio para reproducirse.
En un lapso de 24 horas se desarrollaron dos motines.
La presidenta recibió al embajador estadounidense y a empresarios de la American Chamber en Palacio Nacional; el encuentro abordó comercio, seguridad, inteligencia y migración, en medio de la controversia por un proyecto de capacitación policial.
El decreto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución; el nuevo requisito para las candidaturas será aplicable a partir del proceso electoral de 2028 y no afectará los comicios de 2027.
La presidenta pidió a la Cancillería solicitar explicaciones al gobernador Mauricio Kuri y al embajador Ronald Johnson por el proyecto; EE.UU. reporta más de 10 millones de dólares destinados a capacitación y equipamiento en Querétaro durante la última década.
Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.