Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
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Luego de que se hiciera público su nombramiento como próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que las principales instrucciones que seguirá al asumir su cargo será fortalecer a la Guardia Nacional (GN), “dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional” (Sedena); así como de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado Mexicano.
Lo que ha alertado a expertos en temas de seguridad pues aseguran que dicha acción encamina más a México rumbo a la militarización y, por tanto, al incremento de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas (FFAA).
Entre las organizaciones que han alertado sobre este punto está Amnistía Internacional, que aseguró que militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos, aunado al hecho que las (FFAA) se rigen bajo leyes distintas a las civiles, las cuales permiten mayor opacidad y menos transparencia.
Desde 2023, Luis Gonzáles Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que: “Se declara inconstitucional la reforma legal de Andrés Manuel López Obrador para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional (GN). Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual, las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles".
Al igual que la directora de Litigio Estratégico de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Cristina Reyes, quien declaró que, "es una clara militarización de México. Y no es solo entregar la seguridad pública al ejército: es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante".
Sin embargo, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la SEDENA absorbió responsabilidades administrativas y civiles que no competen a las Fuerzas Armadas de forma constitucional.
Se ha impulsado una política militarista, donde las funciones de las FFAA se han extendido más allá de la seguridad pública, a las obras públicas y proyectos nacionales.
A principios de 2024, AMLO anunció la asignación del mantenimiento de las carreteras cercanas al Tren Maya a militares, así como la remodelación de un centro deportivo en Yucatán, el control de Aeropuertos y Mexicana de Aviación, entre otras funciones.
Esta asignación de funciones y tareas civiles trae como resultado destinar una gran cantidad de recursos públicos a las FFAA y su enriquecimiento a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Para este 2024 le fue asignado a la SEDENA el 2.86 por ciento del gasto total federal, teniendo el tercer puesto del presupuesto destinado a las secretarías.
Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
La encuesta se aplicó a cerca de 20 mil adultos en 30 países. De ellos, el 33 por ciento señaló que la violencia y el crimen son los principales problemas que les preocupan.
Entre 2012 y 2022, en México se registraron un total de 276 accidentes en minas a nivel nacional, con un saldo de 392 víctimas.
El 78 por ciento de las personas desaparecidas en México son hombres de entre 30 y 59 años, mientras que el 22 por ciento son mujeres de entre 18 y 29 años.
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Entre las demandas destacan la seguridad, construcción y equipamiento de aulas; así como basificaciones.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.