La tragedia del pasado lunes tres de mayo abulta la lista de catástrofes del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T). Se trata del tercer accidente que ocurre en el marco del gobierno de la morenista Claudia Sheimbaum y sucedió, además, bajo la política de austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entre cuyos efectos se encuentra el recorte de dineros para mantener el Metro de la Ciudad de México (CDMX). El primer percance ocurrió el 10 de marzo de 2020 cuando, por un choque de trenes en Tacubaya, hubo un fallecido y 41 heridos. Menos de un año después, el pasado nueve de enero, el incendio del Puesto Central de Control I del mismo sistema de transporte arrojó el saldo de un muerto y 31 heridos. Ahora se desplomó un tren de la Línea 12 en la estación Olivos en el que murieron 26 personas entre niños, adultos jóvenes y mayores, y más de 70 víctimas quedaron en manos del personal médico.

En su mañanera, el Presidente prometió informar adecuadamente sobre el accidente y respaldar la decisión del gobierno de la CDMX para efectuar una “investigación profunda” cuyos dictámenes permitan fincar responsabilidades. Hasta aquí todo parece correcto. Cabe decir que la Línea 12 fue obra del gobierno de Marcelo Ebrard, quien la inauguró. Durante el periodo de su sucesor, Miguel Ángel Mancera, se descubrieron irregularidades que habrían sido “corregidas” y en lo que va de la administración de Sheinbaum esas “correcciones” permanecieron incuestionadas, por lo menos hasta el día de la tragedia.

Esta jefa de gobierno y Ebrard son protagonistas recurrentes en las mañaneras del gobierno la 4T, lo que hace sospechar que, una vez más, la justicia se quitará las vendas que la ciegan para asegurar la vida política de estos “delfines” de Morena. Concédase, empero, el beneficio de la duda a la justicia lopezobradorista y presúmase que, acaso bajo este gobierno del capricho dictado desde el antiguo palacio de los virreyes, se hará justicia. Aunque un ensayo de respuesta, a quienes dudan de la 4T, puede surgir del recuento de cómo este gobierno procede en circunstancias de catástrofe.

A finales de 2018, el Ejecutivo suspendió el abasto nacional de gasolina para combatir al “huachicol”. A causa de esta decisión se cerraron las válvulas de varios oleoductos y el suministro de combustibles se realizó con pipas que se pusieron en manos del Ejército. En el año nuevo (2019) se agravó el desabasto en varias entidades, hubo pérdidas millonarias para la inversión privada y para la población en general, que quedó sin medios de transporte. Con ello, tácitamente, se invitó a la gente a hacerse de combustible por los medios a su alcance; éstos son los antecedentes de la tragedia de  Tlahuelilpan, acaecida el 18 de enero de 2019, como resultado de la impactante explosión en una toma clandestina sobre el ducto Tuxpan-Tula de Pemex en ese municipio, evento en el que murieron calcinadas 137 personas. Hubo respuesta pronta de los bomberos municipales y paulatinamente llegó más personal competente. En la madrugada del 19 de enero, AMLO llegó al lugar de los hechos para “supervisar las acciones de respuesta y ordenó la atención de todos los heridos”. También se entregó alguna pobre indemnización a los agraviados. Finalmente, se restauró el curso normal de los combustibles sin que el huachicoleo haya parado hasta el mes de mayo de 2021 (cfr. Infobae 18-01-2021).

La pésima planificación del gobierno morenista es responsable de esos difuntos; las indemnizaciones no han recuperado las pérdidas humanas; el tráfico de combustible no ha terminado y no hay culpables identificados. El accidente de la Línea 12 se debe a la inepta administración de funcionarios del mismo gobierno. Así, frente al espejo de 2019, se antoja preguntar: ¿procederá AMLO contra miembros de su séquito; hará justicia y mejorará el infame servicio del Metro o solo dará indemnizaciones paupérrimas, como en Tlahuelilpan?