La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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Un grupo de madres provenientes de Guamúchil, desplazadas por la violencia de la sierra de Badiraguato, son parte de las nuevas sinaloenses, residentes en la cuadra central que da acceso al Palacio de Gobierno. Desde hace 9 días han permanecido en una improvisada casa de campaña, en donde al lado de los antorchistas han sumado fuerzas para que el gobernador Quirino Ordaz Coppel, les dé una solución a la violencia que hoy las lleva a protagonizar el éxodo de su hogar y ser ahora un “desplazado”.
A unas cuadras de donde despacha el gobernador Quirino Ordaz Coppel, las historias de mujeres como el de Elena, es una crónica de batallas cotidianas. En Guamúchil, no tiene casa propia; sus pertenencias son acaso sus pocas ropas, y algunos enseres y utensilios domésticos. Sus pequeños hijos están aquí, otros más con familiares, “donde sea, menos en la sierra de Badiraguato”.
Ser desplazado es un término que ha venido dándose en Sinaloa a las familias, que por la violencia de la sierra, se vieron en la urgente necesidad de bajar a las ciudades más cercanas como Culiacán, y en este caso Guamúchil, pues tanto la presencia de grupos armados como de militares, los orillaron a salir casi huyendo.
La crisis humanitaria por la que viven estas mujeres junto con sus familias, es la historia de un grupo que pidió el apoyo del antorchismo sinaloense para que se les otorguen apoyos, entre ellos un lugar donde puedan edificar sus hogares de manera digna y segura, y hoy junto con este movimiento exigen al gobernador Quirino Ordaz Coppel, voltee a ver las necesidades de los sinaloenses que menos tienen. Estas mujeres no dejado silenciar su voz clamando justicia, palabra que se resume en un techo, como asegura Elena, en donde crezcan sus pequeños de 3 y 4 años.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
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Escrito por Redacción