El año 2021, es decir, el tercer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las instituciones del gobierno mexicano fueron menos transparentes con respecto a 2019, según un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En una escala donde el 0 representa un gobierno opaco, sin apertura, y el 1 a un gobierno con total transparencia y apertura, México bajó de 0.52 a 0.48, de acuerdo con el Índice de Gobierno Abierto.

Esto significa que las instituciones gubernamentales a nivel federal y local, son menos transparentes; además de que persisten los obstáculos para la participación ciudadana.

La caída se debe, de acuerdo con el estudio, a prácticas recurrentes de los gobiernos y organismos autónomos.

“Uno de los grandes retos del sistema de transparencia es poner al centro a las y los ciudadanos. De igual forma, en la dimensión de participación, se encontraron procesos poco claros y que usualmente no llevaron a ninguna incidencia ciudadana significativa en el actuar gubernamental. Esto se debe a que muchos sujetos obligados aún no están acostumbrados a considerar a la ciudadanía como un actor que puede y debe participar en sus procedimientos”, dice el documento.

Aunque hay avances en el acceso a la información, el paso para incidir en las decisiones públicas aún está lleno de obstáculos y trabas que no permiten que las opiniones, ideas o propuestas de la ciudadanía sean incorporadas a las gestiones de los sujetos obligados.

Guillermo Cejudo Ramírez, académico del CIDE encargado del estudio, afirmó que para el ciudadano aún es difícil hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública.

“Claramente, una persona que busca participar en sus gobiernos enfrenta una carrera de obstáculos, si bien es probable, pues 95% de los sujetos obligados tienen algún método de contacto que encuentre una forma de poder participar, un teléfono, un correo, un buzón, solo 58% de los obligados responderá a esos estímulos. Sin embargo, cuando alguien toca la puerta, llama al teléfono, manda un correo, 40% de las veces no recibirá una respuesta, esto es un enorme desestímulo y desincentivo a la participación”, sostuvo.