Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
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En 2021 cayó transparencia de las instituciones en México
En el año 2021, es decir, el tercer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las instituciones del gobierno mexicano fueron menos transparentes con respecto a 2019, según un estudio del CIDE y el INAI.
El año 2021, es decir, el tercer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las instituciones del gobierno mexicano fueron menos transparentes con respecto a 2019, según un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
En una escala donde el 0 representa un gobierno opaco, sin apertura, y el 1 a un gobierno con total transparencia y apertura, México bajó de 0.52 a 0.48, de acuerdo con el Índice de Gobierno Abierto.
Esto significa que las instituciones gubernamentales a nivel federal y local, son menos transparentes; además de que persisten los obstáculos para la participación ciudadana.
La caída se debe, de acuerdo con el estudio, a prácticas recurrentes de los gobiernos y organismos autónomos.
“Uno de los grandes retos del sistema de transparencia es poner al centro a las y los ciudadanos. De igual forma, en la dimensión de participación, se encontraron procesos poco claros y que usualmente no llevaron a ninguna incidencia ciudadana significativa en el actuar gubernamental. Esto se debe a que muchos sujetos obligados aún no están acostumbrados a considerar a la ciudadanía como un actor que puede y debe participar en sus procedimientos”, dice el documento.
Aunque hay avances en el acceso a la información, el paso para incidir en las decisiones públicas aún está lleno de obstáculos y trabas que no permiten que las opiniones, ideas o propuestas de la ciudadanía sean incorporadas a las gestiones de los sujetos obligados.
Guillermo Cejudo Ramírez, académico del CIDE encargado del estudio, afirmó que para el ciudadano aún es difícil hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública.
“Claramente, una persona que busca participar en sus gobiernos enfrenta una carrera de obstáculos, si bien es probable, pues 95% de los sujetos obligados tienen algún método de contacto que encuentre una forma de poder participar, un teléfono, un correo, un buzón, solo 58% de los obligados responderá a esos estímulos. Sin embargo, cuando alguien toca la puerta, llama al teléfono, manda un correo, 40% de las veces no recibirá una respuesta, esto es un enorme desestímulo y desincentivo a la participación”, sostuvo.
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Escrito por Redacción