La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
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El año 2021, es decir, el tercer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las instituciones del gobierno mexicano fueron menos transparentes con respecto a 2019, según un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
En una escala donde el 0 representa un gobierno opaco, sin apertura, y el 1 a un gobierno con total transparencia y apertura, México bajó de 0.52 a 0.48, de acuerdo con el Índice de Gobierno Abierto.
Esto significa que las instituciones gubernamentales a nivel federal y local, son menos transparentes; además de que persisten los obstáculos para la participación ciudadana.
La caída se debe, de acuerdo con el estudio, a prácticas recurrentes de los gobiernos y organismos autónomos.
“Uno de los grandes retos del sistema de transparencia es poner al centro a las y los ciudadanos. De igual forma, en la dimensión de participación, se encontraron procesos poco claros y que usualmente no llevaron a ninguna incidencia ciudadana significativa en el actuar gubernamental. Esto se debe a que muchos sujetos obligados aún no están acostumbrados a considerar a la ciudadanía como un actor que puede y debe participar en sus procedimientos”, dice el documento.
Aunque hay avances en el acceso a la información, el paso para incidir en las decisiones públicas aún está lleno de obstáculos y trabas que no permiten que las opiniones, ideas o propuestas de la ciudadanía sean incorporadas a las gestiones de los sujetos obligados.
Guillermo Cejudo Ramírez, académico del CIDE encargado del estudio, afirmó que para el ciudadano aún es difícil hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública.
“Claramente, una persona que busca participar en sus gobiernos enfrenta una carrera de obstáculos, si bien es probable, pues 95% de los sujetos obligados tienen algún método de contacto que encuentre una forma de poder participar, un teléfono, un correo, un buzón, solo 58% de los obligados responderá a esos estímulos. Sin embargo, cuando alguien toca la puerta, llama al teléfono, manda un correo, 40% de las veces no recibirá una respuesta, esto es un enorme desestímulo y desincentivo a la participación”, sostuvo.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
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Escrito por Redacción