El 19 de agosto se reunieron en San Luis Potosí los gobernadores estatales con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gabinete. La reunión tenía por objeto revisar la demanda de más recursos para los gobiernos de las entidades federativas, que han sido espoleadas por la catastrófica crisis económica derivada de la pandemia por el Covid-19. En ese cónclave, los mandatarios apenas consiguieron de la Cuarta Transformación (4T) mantener los ingresos que tienen programados en el PEF-2020 y a cambio recibieron el reclamo de apretar la recaudación de los impuestos locales, en particular el del predial, si quieren disponer de más recursos.

Las responsabilidades y derechos referentes al cobro de impuestos por cuenta de los distintos niveles de gobierno (Federal, estatal y municipal) están regulados por la Ley de Coordinación o pacto fiscal para que no haya disputas entre ellos. La demanda de revisar el pacto fiscal vigente tiene ya algún tiempo sobre la mesa, y de ella derivó la formación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a principios del Siglo XXI, cuando la ruptura del monolítico presidencialismo mexicano, con la elección de Vicente Fox Quesada, militante del Partido Acción Nacional (PAN), generó diferencias de origen partidario en buena parte de los gobernadores, la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De las exigencias de la Conago surgió la primera Convención Nacional Hacendaria (CNH) en 2004 y las reformas fiscales sucesivas que trataron de remediar los problemas más graves del sistema fiscal. No obstante, los reclamos de los gobiernos estatales muestran que los problemas persisten, porque para la mayoría parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), las iniciativas del Presidente, particularmente las de índole económica, tienen mayor prioridad en contraste con las demandas de la Conago.

El pacto fiscal vigente en México arroga al Gobierno Federal la responsabilidad de cobrar los impuestos más importantes: Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA), Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y Automóviles Nuevos (ISAN). Estos impuestos representan el 13.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y los que cobran los gobiernos locales apenas el uno por ciento del PIB. Sin embargo, esta centralización permite al Poder Ejecutivo federal hacer una distribución más equitativa del ingreso nacional y financiar el desarrollo de los estados más rezagados. Estas transferencias equivalen, además, el 80 por ciento de los presupuestos de los estados. Es por ello que la respuesta que el Gobierno Federal dio al reclamo de la Conago –consistente en la simple aceptación de que pueden incrementarse las aportaciones federales– fue muy insuficiente, con el agravante de que no podrá darse en el corto plazo.

Las recaudaciones del impuesto predial apenas representan en promedio el 0.4 por ciento del PIB, aunque hay importantes diferencias en las entidades, como los casos de la Ciudad de México (CDMX), Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa, que captan poco más de la media nacional. En contraparte, Campeche, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz tienen ingresos fiscales con el predial de solo el 0.12 por ciento del PIB. La diferencia se debe a que los primeros tienen mayor desarrollo económico y su misma dinámica hace más valioso el suelo.

Los problemas del sistema hacendario son varios, pero el jaloneo entre los gobiernos Federal y los locales los hace mayores porque la manta que se disputan es de por sí pequeña, y la crisis económica la ha reducido todavía más. El gobierno de AMLO ha prometido reiteradamente que no habrá nuevos impuestos ni mayores tasas de los que existen, pese a que México es el país con más bajo nivel de recaudación entre los de las naciones que integran la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico (OCDE), y que sus necesidades del desarrollo social lo urgen a que aumente el erario.

El incremento de impuestos tiene mala prensa en México porque, históricamente, los pobres y las clases medias siempre han sido los pagadores cautivos de los gastos del Estado, la burocracia, la policía y el ejército. Sin embargo, es pertinente recordar que la política fiscal es el arma más eficaz para combatir la desigualdad y estimular el crecimiento económico para promover la creación de empleos y rescatar el mercado interno.

Si el actual gobierno formulara una nueva política fiscal con estos objetivos, la población trabajadora sería capaz de reconocer sus ventajas y la apoyaría. Pero a la fecha no conocemos ningún proyecto de reforma impositiva en este sentido, y la respuesta que la 4T dio a los gobernadores significa solo una muestra de su oportunismo al negarse a asumir los costos electorales de una política fiscal necesaria, y trasladó esa responsabilidad a los gobiernos locales. Urge una reforma fiscal para hacer más justa nuestra sociedad, pero habrá que pelearla, porque el gobierno de la 4T no la hará. Que conste.