Los ataques, amenazas, persecución política y medidas claramente represivas contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por parte del jefe del Poder Ejecutivo federal se fueron intensificando a medida que se acercaba la fecha de las elecciones intermedias hasta llegar al acoso más descarado del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contra el presidente de este organismo autónomo, pieza fundamental para todos los procesos electorales del país.

El nivel de los ataques ha ascendido tanto, que los actos de intimidación encabezados por personajes de Morena, como el presidente de este partido y el excandidato a gobernador de Guerrero, se convirtieron en promesas de agresión física y de linchamiento en el domicilio del presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. Esta incitación a la violencia por parte de un personaje sobre el que pesan graves denuncias judiciales, debería obligar a las autoridades a brindar protección a los amenazados y frenar la peligrosa conducta de los morenistas; sin embargo, éstos continúan su acoso con toda la impunidad que les permite su pertenencia al partido gobernante.

Los ataques de AMLO y el acoso de sus seguidores contra el INE son parte de una guerra más amplia: la guerra contra los organismos constitucionales autónomos y contra toda institución, autónoma o no, que no esté sometida a los mandatos del Presidente o signifique un obstáculo para conseguir el poder absoluto. Destacados especialistas en el tema electoral señalan que el jefe del Poder Ejecutivo no está dispuesto a permitir que ningún organismo o institución le haga competencia, aunque las funciones del INE estén constitucionalmente definidas y esté facultado para tomar decisiones, incluso cuando no coincidan con los planes o la voluntad presidencial.

La guerra contra este organismo no comenzó al término del segundo año de gobierno de la “Cuarta Transformación”. Recordemos que, en 2006, AMLO fue derrotado por Felipe Calderón y realizó una gira por todo el país acusando fraude, llamando “espurio” al Presidente, convocando al desconocimiento de las instituciones y descalificando al IFE, antecesor del actual árbitro electoral; esta actividad se prolongó durante todo el siguiente sexenio. Cuando el INE se encargó de las elecciones de 2018 y tocó a Morena el turno de gobernar, AMLO cambió de opinión; esta vez, el INE se había comportado como un juez justo. Hoy, cuando ha llegado el momento de competir nuevamente por el poder, y ante el temor de que el voto popular no le sea favorable debido a sus malas políticas, se niega a respetar las reglas de la contienda electoral y arremete contra el INE, quien le ha recordado su obligación de respetar la ley, actitud responsable y digna que le ha granjeado la abierta declaración de guerra.

Analistas del tema electoral, investigadores, exconsejeros del INE y destacados líderes sociales coinciden que en el fondo de tales ataques subyace el ambicioso proyecto de poner los tres Poderes de la Unión bajo el mando unipersonal de AMLO. Nuestro Reporte Especial de esta semana recoge estas opiniones, reseña las agresiones que han sufrido el árbitro electoral y sus consejeros y habla de un camino que desemboca en la autocracia, en una dictadura, como le tocó vivir a México antes de su última Revolución.