Encerrada en un penal de máxima seguridad, sin la posibilidad de ver a sus hijos y sin recibir atenciones de salud y alimentación suficientes, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, mantiene recluida, desde hace 19 meses, a la defensora de los Derechos Humanos, Kenia Hernández Montalván.

Su encierro contrasta con el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que respetaría los derechos humanos de los activistas y luchadores sociales.

Sin embargo, de acuerdo con un informe del Comité Cerezo, entre 2019 y mayo de 2021 –ya durante el gobierno de López Obrador–, se registró un total de 792 detenciones arbitrarias en contra de personas defensoras de Derechos Humanos en México.

Para abonar a la supuesta protección de los derechos humanos, en octubre del año pasado, el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Pero en los hechos, el gobierno de la “Cuarta Trasformación” sigue violando los derechos humanos de los defensores y activistas sociales.

El reporte Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), con datos actualizados hasta octubre de 2021, evidencia que en tres años de gobierno, 47 comunicadores y 94 defensores de derechos humanos han sido asesinados; aunque los casos se siguen acumulando.

Sin ir más lejos, al iniciar 2022, cinco periodistas fueron asesinados en las primeras semanas de enero y febrero. Para mayo, sumaban ya once periodistas asesinados, resalta el ocurrido el lunes nueve, cuando en Veracruz se confirmaron las muertes de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García.

Para el caso de los activistas sociales asesinados, el caso más reciente ocurrió a finales de mayo pasado, cuando fue asesinada la activista y abogada feminista de Puebla Cecilia Monzón. Su caso se suma al menos a otros 94 casos de defensores de derechos civiles, políticos y humanos que han sido ultimados en lo que va del sexenio del presidente López Obrador.

La violación a los derechos humanos de los defensores incluye la detención arbitraria. Como el caso de Kenia Hernández Montalván, defensora de los derechos de los presos políticos, de las mujeres y de los pueblos indígenas. Ella es una joven mujer, indígena amuzga de Guerrero y madre de dos niños.

Desde el 25 de octubre de 2020, Kenia permanece recluida en el ala de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, en Morelos. Actualmente enfrenta nueve causas penales en su contra: dos por los presuntos delitos de robo con violencia y siete más por ataques a las vías de comunicación.

El común denominador en las acusaciones en contra de Kenia es que todas están vinculadas con su actividad política, ya que la defensora participó en manifestaciones y protestas públicas en casetas de cobro.

Aunque la protesta social es un Derecho Humano estipulado en los Artículos 6^o (sobre libertad de expresión) y 9^o (sobre libertad de asociación) de la Carta Magna, la FGR, con apoyo de fiscalías estatales y de las empresas concesionarias del sistema carretero del oriente del Estado de México, se empeña en dar a Kenia un castigo ejemplar.

Violaciones al debido proceso

Los dos primeros delitos contra Kenia fueron formulados en junio de 2020 por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) –entonces encabezada por Edmundo Garrido– con base en el testimonio de una pareja a quien presuntamente Kenia le robó 500 pesos y con información recabada por la empresa Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V., concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense y subsidiaria de la empresa Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL)

El 10 de junio de 2020, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y el colectivo Zapata Vive, denunció en una conferencia de prensa que la información de la empresa que usó la Fiscalía para acusar a Kenia era sobre la vida personal y política de la defensora y que se obtuvo de manera ilegal, mediante espionaje, para fabricarle un delito.

En este caso, Kenia consiguió llevar el proceso penal en libertad, pero el 18 de octubre de 2020, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la acusó nuevamente de robo, esta vez directamente contra una caseta de cobro de la empresa Autovías Concesionaria Mexiquense S.A de C.V, también concesionaria del Circuito Mexiquense. Por esta acusación, Kenia fue nuevamente detenida y llevada a la prisión de Almoloya, en el Edomex.

El 25 de octubre de 2020, la defensora consiguió nuevamente su libertad condicional pero, ese mismo día, un juez federal de control con residencia en Acapulco giró una nueva orden de aprehensión en su contra porque la Fiscalía General de la Repúbica (FGR), con sede en Guerrero, la acusó por el delito federal de ataques a las vías de comunicación.

Aunque la defensa legal de Kenia, a cargo del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, presentó en el proceso un dictamen pericial que demostró que la defensora se encontraba en un sitio, hora y fecha distinta a la que presuntamente ocurrió el delito, Kenia fue declarada culpable por ambas denuncias y, por los dos delitos de robo, en marzo pasado recibió una sentencia total de 21 años y seis meses en prisión.

El resto de las denuncias, todas por ataques a las vías de comunicación, fueron formuladas por el organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales (Capufe), a cargo de Elsa Julita Veites Arévalo, mediante la FGR en las entidades de Guanajuato y Guerrero. Todas estas denuncias siguen abiertas.

El trasfondo de las acusaciones radica en dar un “castigo ejemplar” para quienes protesten en las vías de tránsito y denuncien que el cobro de casetas es injusto para la ciudadanía, declaró en entrevista la coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fabiola Vite Torres.

La abogada asegura que a Kenia no se le ha garantizado el debido proceso, ya que no se le ha permitido salir del penal para asistir presencialmente a sus audiencias por “tratarse de una presa de máxima peligrosidad”. Aunque Kenia participa en sus audiencias de manera virtual, la conexión a Internet es inestable y la comunicación se corta constantemente.

A esto se suma que los jueces han negado explícitamente la perspectiva de interculturalidad y de género para Kenia. Se le ha impedido hablar su lengua originaria, se le negó que el Estado le proporcionara un traductor y se le negó la posibilidad de ser juzgada bajo la perspectiva de género, con el argumento de que es “una mujer con estudios universitarios, líder y que cuestiona al Estado”, de acuerdo con Vite.

La abogada aseguró que los juzgados han desestimado pruebas cruciales como el peritaje que comprueba que Kenia estaba a 600 kilómetros de distancia de donde presuntamente ocurrió el robo; y otras pruebas han desaparecido en el servicio de mensajería del Cefereso #16.

Condiciones precarias de vida en el penal

En una Misión de Observación que realizaron distintas organizaciones agrupadas en la Red Todos los Derechos para Todas y Todas (RTDT) al interior del Cefereso 16 –operada por la empresa CRS Morelos, una filial de IDEAL, del grupo Carso–, el pasado 21 de mayo se constató que Kenia estaba muy baja de peso debido a que algunos alimentos al interior del penal son de muy alto costo, además de que las porciones de alimentos otorgados a las mujeres presas ha disminuido, porque cada vez llevan a más mujeres.

También se constató que Kenia está prácticamente incomunicada de su familia, ya que en todos los meses que lleva en prisión solo en seis ocasiones ha podido ver a sus hijos menores de edad, ya sea que porque hay muchas restricciones para las visitas o porque viven en una entidad distinta de donde se localiza el penal. Al estar recluida en el pabellón de máxima seguridad, Kenia solo tiene contacto con otras 10 internas y no interactúa con el resto de la población en el penal.

Además, Kenia padece gastroenteritis y las atenciones de salud que recibe son limitadas, ya que solo una médica y un doctor atienden a todas las mujeres recluidas en este centro penitenciario.

En días próximos, las organizaciones que conformaron esta Misión de Observación darán una conferencia de prensa y presentarán un informe en el que profundizarán sobre las condiciones de vida de Kenia en el penal.

Abogada de profesión, Kenia es originaria del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero. Inició su camino en la defensa de los derechos a los 16 años, primero a través de la alfabetización de mujeres en la montaña baja de Guerrero; después se sumó a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, al acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, a la seguridad comunitaria y a la defensa de personas presas políticas.

Para 2017, Kenia participaba en diferentes procesos de defensa al interior de las comunidades. Por ejemplo, en el pasado participó con la policía comunitaria para la defensa de los pueblos y comunidades que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica “La Parota”, un megaproyecto cuya instalación no ha respetado los derechos indígenas ni humanos.

En 2018, Kenia asesoró jurídicamente a la familia de Silvia, una joven de su municipio que fue asesinada por su esposo luego de sufrir maltrato a manos de la familia de éste. En ese mismo año, pero de manera independiente a la policía comunitaria, Kenia formó el “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero” y el “Colectivo Zapata Vive”. En 2019, derivado de sus acciones por la liberación de líderes del movimiento de comunidades y pueblos contra “La Parota” (uno actualmente desaparecido y otro asesinado), fue hostigada y amenazada por el gobierno local y un grupo posiblemente paramilitar, razón por la cual fue incorporada al Mecanismo de protección de Personas Defensoras y Periodistas y desplazada de su entidad.

Desde 2018, Kenia participó en los bloqueos de carreteras y la liberación de casetas como una forma de protesta social por el caso de “La Parota”, lo que derivó en que meses más tarde fuera aprehendida. Su detención coincide con la presión que ejercieron los integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), para que el Congreso de la Unión reformara la Ley de Vías Generales de Comunicación “para castigar hasta con siete años de cárcel a quienes, con fines de lucro, tomen las casetas”.

En febrero de 2022, Héctor Tejada Shaar, presidente de la (Concanaco-Servytur), exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplicar “todo el rigor de la ley” tanto a estudiantes como a grupos sociales que toman las casetas de las autopistas. Ese mismo mes, el Congreso aprobó la reforma para castigar la protesta social en las casetas de cobro, y ahora la FGR espera que en la acusación más reciente contra Kenia por ataques a las vías de comunicación, de marzo pasado, se aplique la pena de siete años.

Por todos estos hechos, el pasado 25 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la violencia, intimidación y criminalización de personas defensoras registrada durante los primeros cuatro meses del 2022 en América Latina; y como ejemplo de criminalización contra la defensora de los Derechos Humanos, la CIDH destacó el caso de Kenia Hernández Montalván.