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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias penales contra más de 160 despachos de abogados por los casos de corrupción que se han dado a conocer en los últimos dos meses.
La dependencia señaló que, en contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y otros actores, despojaron de su vivienda a más de 207 mil derechohabientes a través de juicios masivos ilegales.
El Infonavit destacó que los litigantes actuaron como delincuentes, ya que, además de quitarles de manera fraudulenta sus casas, el instituto pagó cerca de 30 mil millones de pesos por el despojo.
El instituto no puede escriturar ni recuperar esos 207 mil inmuebles, de un total de 249 mil, ya que están en una situación irregular. Hoy, esas viviendas no son de los trabajadores ni del Infonavit, por lo que este último tendrá que destinar recursos adicionales de su presupuesto para resarcir a los derechohabientes.
Actualmente, hay dos millones de personas afectadas, por lo que el Infonavit congeló sus mensualidades y créditos; además, proporcionó beneficios adicionales como descuentos de hasta el 95 por ciento de sus saldos.
El Infonavit señaló como uno de los presuntos despachos responsables a Desnor, cuyo representante legal forma parte de la comisión de vigilancia del Infonavit, propuesta por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Esta comisión participa en la dirección sectorial empresarial que forma parte del organismo tripartito y que se ha opuesto a la reforma de la ley del Instituto, que será discutida esta semana en el Senado.
Otras firmas involucradas en los fraudes incluyen a Gabssa, Beamber, ECD, Aguilar e ILS, que recibieron pagos millonarios.
Concluyó que las denuncias alcanzan a jueces, notarios, peritos valuadores, personal de registros públicos de la propiedad de algunos estados e incluso funcionarios del propio Infonavit.
La dependencia prepara más de 3 mil denuncias por adjudicación irregular de viviendas.
Aunque el “segundo piso” de la “Cuarta Transformación” (4T) haya tomado el control del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y sus 2.4 billones de pesos (bdp), no se solucionará el grave problema habitacional del país.
los estafadores se hacen pasar por funcionarios del INBAL y solicitan pagos para acceder a presuntas vacantes laborales.
La más reciente reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fue aprobada fast track por el pleno del Senado el pasado 13 de diciembre.
Este fraude sigue un patrón específico.
Dos reportajes abordan el acontecimiento y coinciden en los puntos esenciales.
En 2023, la capital mexicana reportó la tasa más alta de delitos por cada 100 mil habitantes.
La Corte de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Miami, revocó un fallo previo que había desestimado la demanda presentada en 2015.
Senadores de oposición señalaron que la reforma, enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no define claramente el destino de los recursos de la Subcuenta de Vivienda.
La nueva reforma otorga al Instituto la función de construir al menos 500 mil viviendas al año.
La SSC advirtió que, al suplantar la identidad, los delincuentes fingen ser una entidad legítima para cometer fraude.
La protesta generó severos congestionamientos viales en el sur y centro de la Ciudad de México.
Hechos similares han ocurrido en España, Canadá y Estados Unidos, debido a la ausencia de protocolos para organizar eventos.
Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, se recibieron al menos mil 224 reportes relacionados con extorsión, fraude y otras actividades delictivas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La dependencia señaló que, en contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y otros actores, despojaron de su vivienda a más de 207 mil derechohabientes.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera