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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias penales contra más de 160 despachos de abogados por los casos de corrupción que se han dado a conocer en los últimos dos meses.
La dependencia señaló que, en contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y otros actores, despojaron de su vivienda a más de 207 mil derechohabientes a través de juicios masivos ilegales.
El Infonavit destacó que los litigantes actuaron como delincuentes, ya que, además de quitarles de manera fraudulenta sus casas, el instituto pagó cerca de 30 mil millones de pesos por el despojo.
El instituto no puede escriturar ni recuperar esos 207 mil inmuebles, de un total de 249 mil, ya que están en una situación irregular. Hoy, esas viviendas no son de los trabajadores ni del Infonavit, por lo que este último tendrá que destinar recursos adicionales de su presupuesto para resarcir a los derechohabientes.
Actualmente, hay dos millones de personas afectadas, por lo que el Infonavit congeló sus mensualidades y créditos; además, proporcionó beneficios adicionales como descuentos de hasta el 95 por ciento de sus saldos.
El Infonavit señaló como uno de los presuntos despachos responsables a Desnor, cuyo representante legal forma parte de la comisión de vigilancia del Infonavit, propuesta por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Esta comisión participa en la dirección sectorial empresarial que forma parte del organismo tripartito y que se ha opuesto a la reforma de la ley del Instituto, que será discutida esta semana en el Senado.
Otras firmas involucradas en los fraudes incluyen a Gabssa, Beamber, ECD, Aguilar e ILS, que recibieron pagos millonarios.
Concluyó que las denuncias alcanzan a jueces, notarios, peritos valuadores, personal de registros públicos de la propiedad de algunos estados e incluso funcionarios del propio Infonavit.
Entre los cambios planteados destaca la ampliación del mandato del Infonavit, es decir, que se le otorgará la facultad de construcción de vivienda y posibilidad de arrendamiento social.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reclamó que Ahumada debía cumplir una sentencia superior a un año.
Dos reportajes abordan el acontecimiento y coinciden en los puntos esenciales.
La Secretaría de Bienestar emitió una alerta sobre un nuevo fraude que se está propagando en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.
Ocho de cada diez adultos mayores requieren apoyo cibernético para protegerse de fraudes.
La dependencia señaló que, en contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y otros actores, despojaron de su vivienda a más de 207 mil derechohabientes.
La SSC advirtió que, al suplantar la identidad, los delincuentes fingen ser una entidad legítima para cometer fraude.
Se trata de más de tres millones de trabajadores a nivel nacional quienes estarían atendiendo el llamado del secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
Las entidades más afectadas son el Estado de México, Baja California, Nuevo León y Tlaxcala.
La protesta generó severos congestionamientos viales en el sur y centro de la Ciudad de México.
Los manifestantes cerraron la avenida Eduardo Molina en la alcaldía Venustiano Carranza en la CDMX.
Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, se recibieron al menos mil 224 reportes relacionados con extorsión, fraude y otras actividades delictivas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Asociaciones civiles alertan a padres de familia y jóvenes estar alerta y no caer en delitos que abundan en redes sociales y aplicaciones como los fraudes amorosos y las sextorsiones.
los estafadores se hacen pasar por funcionarios del INBAL y solicitan pagos para acceder a presuntas vacantes laborales.
La reforma propuesta incluye modificaciones a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera