Aunque el monto bajó en 2024, las auditorías revelan deficiencias persistentes en la gestión del gasto federal.
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Ciudad de México. - El Instituto Nacional Electoral (INE) está obligado por la Constitución mexicana y la Ley Federal de Protección de Datos Personales a resguardar los datos y la información personal de las y los mexicanos, afirmó el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda.
El INE está en posesión de datos biométricos como el rostro y las huellas dactilares de millones de personas. “No hay ninguna institución del Estado mexicano que tenga los datos tan actualizados y con elementos biométricos”.
Mencionó que los datos biométricos “no se entregan a nadie”, a ningún partido político, institución financiera o dependencia pública, y en los convenios firmados hasta el momento para identificación de personas, el INE recibe la información, la busca en su base y sólo confirma o rechaza la coincidencia de los datos.
“Desde la creación de esta base de datos biométrica, solamente el IFE y ahora el INE han tenido la forma de acceder a esta información para efectos de depuración, y algunos otros servicios que hemos instrumentado, que tienden a darle más armas al ciudadano para cuidar su identidad, para proteger sus datos”, agregó.
Precisó que los datos personales recabados están protegidos por las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y serán incorporados y tratados en los Sistemas de Datos Personales del Registro Federal de Electores, mismos que se encuentran registrados en el Listado de Sistemas de Datos Personales en posesión del INE.
René Miranda estableció que el INE no escatima en seguridad. Los Módulos de Atención Ciudadana se encuentran en ambientes seguros y aislados “que garantizan que, desde la captación de datos hasta las bases centrales, la información viaja de manera segura, encriptada y con todos los candados y blindajes necesarios”.
Aunque el monto bajó en 2024, las auditorías revelan deficiencias persistentes en la gestión del gasto federal.
Más de un tercio de la publicidad oficial federal de 2024 se concentró en cuatro medios: Televisa, La Jornada, TV Azteca y Medios Masivos Mexicanos.
El recurso fue promovido por el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald y registrado bajo el expediente 2098/2025 en el portal del CJF.
El delito combina tres problemáticas: el robo de combustible, el fraude fiscal y el robo de crudo.
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Escrito por Redacción